Luciano Greco, delegado de la Comisión Interna de la planta de Molinos Río de la Plata en Esteban Echeverría, denunció públicamente que la empresa del Grupo Pérez Companc no solo incumple la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense, sino que ahora exige que los trabajadores firmen una rebaja salarial, renunciando a derechos adquiridos a través del convenio colectivo.
“La empresa no acata la conciliación obligatoria desde el 18 de junio. No deja ingresar a los despedidos ni restituye la dotación de personal, como ordenó el Ministerio. Y ahora pretende que firmemos una rebaja salarial. Quieren que entreguemos conquistas salariales que conseguimos con años de lucha”, expresó Greco en diálogo con Radio Ecomedios.
El conflicto comenzó el pasado 9 de mayo, cuando Molinos anunció despidos y una reducción de personal con el argumento de adecuarse a los “costos del mercado”. La situación se agravó con nuevos ceses el 26 de mayo y el despido de seis trabajadores el 17 de junio, lo que derivó en un paro por tiempo indeterminado convocado por la Comisión Interna y el STIA (Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación), filial Buenos Aires.
Durante la huelga, la empresa respondió con más despidos, profundizando el conflicto. Finalmente, el 18 de junio el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, que la empresa aún hoy se niega a cumplir.
“Anunciaron un plan de despidos y reducción de personal en las líneas de producción. Eso no solo precariza el trabajo, sino que afecta directamente la seguridad, la salud y la higiene laboral. Hay una ley que regula esas condiciones y establece los Comités de Seguridad e Higiene. La empresa atropella todo, quiere pasarnos por arriba”, remarcó Greco.
Según la Comisión Interna, Molinos Río de la Plata estaría ensayando en su planta lo que consideran una “segunda etapa” de la reforma laboral y sindical que impulsa el gobierno de Javier Milei. Denuncian un proceso de desindicalización selectiva, con despidos direccionados, que busca allanar el camino hacia relaciones laborales más precarias y salarios de miseria.
“Nos extorsionan diciendo que si no aceptamos, cierran la planta. Y Pérez Companc es una de las familias más ricas del país. Esto no es una crisis: es una estrategia”, advirtió el delegado.
Los trabajadores afirman que la empresa quiere que renuncien voluntariamente a los adicionales de convenio, lo que no solo implica una baja salarial inmediata, sino que permitiría a Molinos despedir más fácilmente y a menor costo. A cambio, planea contratar personal en condiciones más flexibles, sin derechos adquiridos ni resguardo colectivo.
“Si este conflicto no se resuelve en favor de los trabajadores, en poco tiempo nos harán renunciar directamente al convenio colectivo de actividad. Ya dijeron sin eufemismos que quieren pagar salarios de acuerdo a los costos de mercado”, alertó Greco.
La Comisión Interna responsabiliza a la empresa por el agravamiento del conflicto y exige que se respete la legalidad vigente, se reincorpore a los despedidos y se frene el intento de implementar una reforma laboral encubierta bajo la presión del miedo.
“Estamos en pie de lucha. No vamos a entregar nuestros derechos conquistados. Molinos debe cumplir la ley y el Ministerio de Trabajo debe hacerla cumplir”, concluyó el delegado.