En un gesto que generó indignación en amplios sectores de la comunidad educativa, el presidente Javier Milei confirmó su decisión de vetar la ley de financiamiento universitario, ignorando las voces de miles de estudiantes y docentes que colmaron las calles de todo el país en defensa de la educación pública. A pesar de la multitudinaria movilización, el mandatario calificó el proyecto como un “irresponsable aumento del gasto público” y subestimó las demandas de quienes participaron en la marcha.
La noticia llegó a través de un comunicado oficial difundido por la “Oficina del Presidente” en redes sociales, donde se anunció que la ley, que garantiza un piso mínimo de financiamiento para las universidades nacionales, será vetada por considerarse una amenaza al equilibrio fiscal. “Es momento de que los legisladores dejen de hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan impuestos”, sostenía el texto, en una clara crítica a los sectores que impulsaron la normativa.
Mientras tanto, en la Plaza de los Dos Congresos, miles de manifestantes seguían desconcentrando luego de protagonizar una de las marchas más grandes en defensa de la educación pública de los últimos años. La movilización, que recordó a la histórica primera Marcha Federal Universitaria de abril, fue descalificada por el gobierno, que intentó atribuirle motivaciones políticas al destacar la presencia de dirigentes de la oposición.
En paralelo a las manifestaciones, Milei retuiteaba mensajes que minimizaban la lucha de la comunidad educativa, sugiriendo que lo que está en peligro no es la universidad pública, sino el “botín que se reparten”. Además, atacó a los líderes opositores que apoyaron la marcha, describiendo su unidad como una “convergencia de un nuevo frente de izquierda populista” que busca, según el presidente, obstruir su plan económico.
El futuro de la ley ahora dependerá del Congreso, donde ya se preparan iniciativas para rechazar el veto presidencial. El desenlace no está claro, y la disputa entre el Ejecutivo y los defensores de la educación pública promete extenderse en el ámbito legislativo.
Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel también intervino en el debate, aprovechando para cuestionar los fondos destinados a la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo, señalando la baja tasa de egresados y sugiriendo que algunos sectores están lucrando con la educación pública. “Apoyo a la universidad pública y de calidad, pero sin los parásitos que hacen negocios con ella”, disparó Villarruel, en línea con el discurso oficialista que busca desprestigiar las demandas del sector educativo.
La decisión de Milei de dar la espalda a la movilización deja una fuerte señal de las prioridades del gobierno, que continúa firme en su postura de ajustar el gasto público, incluso a costa de la educación superior.
