(Pablo Roma) -“En boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso”. La frase pertenece al veterano de Malvinas César Trejo, quien en una entrevista con BUENAS TARDES CHINA, recordó una enseñanza de su abuela para explicar cómo, cuando alguien pierde credibilidad, hasta las verdades más evidentes empiezan a ser puestas en duda.
La frase parece escrita para esta hora política.
Porque resulta difícil escuchar a Javier Milei hablar de soberanía sin recordar sus propias contradicciones, las de sus principales funcionarios y, sobre todo, las decisiones que el Gobierno viene tomando en materia de política exterior, recursos estratégicos y defensa.
Horas antes de la cadena nacional en la que volvió a apropiarse del discurso de Malvinas, Milei estuvo en Santiago de Chile y realizó una reivindicación política del derrocamiento de Salvador Allende. En el Foro Madrid sostuvo que, “tras el derrocamiento del comunista Allende”, Chile ingresó en un período de estabilidad y crecimiento que se prolongó durante más de 40 años. La afirmación provocó el rechazo de Maya Fernández Allende, nieta del presidente derrocado, quien recordó que el golpe de 1973 dio paso a una dictadura responsable de torturas, asesinatos, desapariciones y graves violaciones a los derechos humanos.
Es difícil encontrar una contradicción más evidente: por la tarde, el Presidente argentino reivindica el golpe contra un gobierno elegido democráticamente; horas después, se presenta ante todos los argentinos como el nuevo abanderado de la soberanía nacional.
Y hay algo más que tampoco explicó.
Mientras en la cadena nacional habló de la necesidad de recuperar presencia estratégica en el extremo sur, nada dijo sobre las controversias recientes alrededor del Estrecho de Magallanes. Por el contrario, pocas horas después de su visita a Chile, ambos gobiernos terminaron reafirmando que los tratados de 1881 y 1984 establecen la soberanía chilena sobre la totalidad del estrecho.
Tampoco explicó por qué la defensa de la soberanía aparece con tanta fuerza ahora, cuando ya está en marcha uno de los proyectos petroleros más importantes de la región.
El yacimiento Sea Lion, en la cuenca norte de Malvinas, es impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum. El proyecto prevé avanzar hacia la explotación comercial de hidrocarburos y las islas esperan obtener alrededor de 2.000 millones de dólares en regalías.
Milei anunció que sancionará a las empresas que exploten recursos naturales en Malvinas sin autorización argentina. Pero la pregunta que queda abierta es por qué la reacción llega ahora, cuando la explotación petrolera dejó de ser una hipótesis y se transformó en un proyecto concreto con enormes intereses económicos detrás.
La otra pregunta es todavía más incómoda: ¿qué cambió?
La respuesta parece estar, al menos parcialmente, en Washington.
Milei convirtió a Donald Trump en una suerte de garante internacional de su nueva estrategia sobre Malvinas. Celebró sus recientes declaraciones sobre la posibilidad de revisar la tradicional posición estadounidense y presentó ese eventual giro como una consecuencia de la relación privilegiada entre ambos gobiernos. Sin embargo, no existe todavía un compromiso formal de Estados Unidos de respaldar la soberanía argentina sobre las islas.
El Presidente que durante años reivindicó a Margaret Thatcher —la primera ministra británica durante la guerra de 1982— ahora espera que Trump lo ayude a recuperar Malvinas.
Y ahí aparece la pregunta inevitable: ¿qué clase de soberanía se está defendiendo?
Porque el Gobierno argentino está construyendo una relación cada vez más estrecha con Estados Unidos en torno de minerales críticos, energía, infraestructura y otros recursos considerados estratégicos para las próximas décadas. La alianza puede ser legítima y hasta conveniente. Lo que no resulta sencillo es presentar simultáneamente esa dependencia estratégica como una nueva epopeya de soberanía nacional.
El riesgo es cambiar de collar para que parezca que cambió el perro.
Milei admira a Thatcher. Admira a Trump. Reivindica a Pinochet. Se presenta ahora como defensor de Malvinas. Y pretende convertir el extremo sur argentino en una pieza central de una nueva arquitectura de seguridad nacional.
Pero mientras anuncia una base naval integrada en Tierra del Fuego, todavía no explicó con precisión cuánto costará, de dónde saldrán los recursos ni bajo qué esquema se financiará. Lo que sí anunció es que firmará un decreto para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa con prioridad para esa obra.
La pregunta cobra mayor fuerza cuando se recuerda un episodio ocurrido apenas días atrás: un petrolero de bandera británica, el VS Promise, operó en aguas fueguinas y posteriormente amarró en Ushuaia. La operación fue defendida por el Gobierno nacional, mientras desde Tierra del Fuego cuestionaron que una embarcación británica pudiera desarrollar esa operatoria mientras continúa el reclamo argentino por Malvinas.
No es una contradicción menor.
El mismo Gobierno que anuncia una base militar para reforzar la soberanía en el Atlántico Sur acaba de permitir una operatoria de una embarcación británica en el extremo austral. Puede haber una explicación jurídica para ello. Lo que no hay es una explicación política convincente sobre por qué la épica soberanista aparece en la cadena nacional mientras las decisiones concretas parecen transitar por otro camino.
Y todavía queda la cuestión más delicada: la seguridad nacional.
Milei pretende crear un Consejo de Seguridad Nacional que articule Defensa, Inteligencia, Cancillería y Economía. La cuestión deja de ser entonces exclusivamente Malvinas. El concepto de seguridad nacional empieza a abarcar los recursos estratégicos, la economía, la infraestructura, las comunicaciones y la defensa.
Una herramienta de semejante alcance exige controles democráticos mucho más rigurosos.
Porque en una democracia resulta peligroso que un Gobierno pueda colocar bajo la etiqueta de “amenaza a la seguridad nacional” conflictos que en realidad son económicos, sociales, gremiales o políticos.
¿Quién decidirá qué es una amenaza?
¿El Gobierno? ¿Los organismos de inteligencia? ¿Las Fuerzas Armadas? ¿Una estructura dependiente directamente del Poder Ejecutivo?
La historia argentina debería alcanzar para entender por qué esas preguntas no son exageradas.
No se trata de cuestionar la necesidad de que la Argentina tenga Fuerzas Armadas modernas, capacidad de vigilancia en el Atlántico Sur o una estrategia propia para proteger sus recursos. Todo lo contrario. Un país que no controla su territorio, sus mares y sus recursos está condenado a depender de otros.
El problema aparece cuando la palabra soberanía se utiliza para justificar una política que puede terminar ampliando el poder de inteligencia y seguridad sobre la propia sociedad.
Y ahí Malvinas corre el riesgo de convertirse en la coartada perfecta.
Una causa nacional que nadie puede discutir sin pagar un costo político. Una bandera capaz de unir a quienes están enfrentados por cualquier otro asunto. Un recurso emocional extraordinariamente poderoso en un momento en el que el Gobierno necesita recuperar la iniciativa.
Porque la situación interna tampoco es la misma que hace algunos meses.
El deterioro de los ingresos, la pérdida de poder adquisitivo, la precarización laboral, la situación de los jubilados, el abandono de sectores vulnerables y el malestar social conforman una agenda mucho menos favorable para el oficialismo que la épica patriótica que propone Milei desde la cadena nacional.
Incluso medios internacionales observaron que el giro sobre Malvinas aparece en medio de una caída de aprobación presidencial y de dificultades económicas, y señalaron el componente político de la renovada ofensiva.
La comparación con Galtieri debe hacerse con cuidado. No hay hoy una guerra ni existe el contexto militar de 1982. Pero sí existe una enseñanza política que la Argentina debería tener presente: Malvinas no puede convertirse en el último recurso de un gobierno para recuperar una agenda que se le escapa.
En 1982, la dictadura creyó que una causa nacional podía resolver una crisis de legitimidad.
El resultado fue una tragedia.
Hoy la situación es otra y las instituciones son democráticas. Precisamente por eso deberían funcionar todos los controles para impedir que la defensa de la soberanía se convierta en una herramienta de concentración de poder.
Porque el verdadero problema no es que Milei hable de Malvinas.
El problema es que lo haga después de reivindicar el derrocamiento de un presidente democrático en Chile, después de haber reivindicado en distintos momentos a Margaret Thatcher, después de haber tenido que ser rescatado políticamente por Donald Trump y mientras construye una política exterior cada vez más dependiente de Washington.
Y que, al mismo tiempo, pretenda presentar ese alineamiento como el camino hacia la recuperación de la soberanía argentina.
Hay una sospecha política que no puede descartarse: que Estados Unidos termine obteniendo en el Cono Sur aquello que durante décadas buscó consolidar por otras vías. Acceso privilegiado a los recursos estratégicos, presencia creciente en la Patagonia, influencia sobre el Atlántico Sur y una posición decisiva en el tablero antártico.
Eso no significa afirmar que exista un plan secreto para entregar la Patagonia, Malvinas o la Antártida. No hay evidencia suficiente para sostener semejante afirmación como un hecho.
Pero sí existe una razón para preguntarse qué lugar ocupará la Argentina en esa nueva disputa global por recursos, rutas marítimas, energía y territorios estratégicos.
Porque una cosa es que Estados Unidos apoye a la Argentina en su reclamo diplomático.
Otra muy distinta sería que ese respaldo tenga como contrapartida una creciente dependencia sobre los recursos y las decisiones estratégicas del país.
Y ahí vuelve la frase de César Trejo.
“En boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso”.
Malvinas es argentina por una decisión histórica que atraviesa generaciones y por una reivindicación diplomática que la Argentina sostiene desde hace décadas. No necesita a Milei para existir. Mucho menos necesita que ningún gobierno se apropie de ella para construir una épica electoral.
Los veteranos, los caídos y sus familias merecen algo mucho más serio que eso.
La soberanía no se declama solamente desde una cadena nacional.
Se ejerce cuando un país decide qué hace con su petróleo, su gas, su litio, su cobre, sus mares, sus puertos, sus rutas estratégicas y sus recursos naturales.
Se ejerce también cuando puede defender esos intereses sin depender de una potencia extranjera.
Y se ejerce, sobre todo, cuando el Estado protege a su propio pueblo y no utiliza la seguridad nacional como excusa para vigilarlo, perseguirlo o reprimirlo por pensar diferente.
Por eso, más que escuchar lo que Milei dice sobre Malvinas, habrá que mirar qué hace con la soberanía cuando se apagan las cámaras.
Porque quizás la verdadera discusión no sea quién grita más fuerte que las Malvinas son argentinas.
Quizás sea quién terminará controlando los recursos, los mares, las rutas y los territorios estratégicos de la Argentina.
Y si para eso hay que cambiar de collar para que parezca que cambió el perro, entonces conviene recordar la enseñanza de la abuela de César Trejo.
En boca del mentiroso, hasta lo cierto se hace dudoso.