(Pablo Roma) – La imagen del miércoles fue imposible de ignorar. La movilización convocada para acompañar el reclamo de los jubilados contó con el respaldo formal de la CGT, pero la respuesta en las calles estuvo muy lejos de la dimensión que durante décadas caracterizó al movimiento obrero organizado. Más allá de las explicaciones coyunturales, la escasa convocatoria expuso una realidad mucho más profunda: la crisis histórica de representación que atraviesan tanto la central sindical como el peronismo.
La conducción cegetista buscó mostrar unidad con la presencia de integrantes del triunvirato y otros referentes gremiales. Entre ellos estuvo el secretario general del Sindicato de la Alimentación, Héctor Daer, junto a dirigentes de distintos sindicatos. Sin embargo, quien volvió a concentrar la mayor capacidad de convocatoria y visibilidad fue Pablo Moyano. Como ya ocurrió en otras protestas, el líder camionero reunió a una importante columna y volvió a ocupar un lugar central dentro de la movilización.
Ese dato no resulta menor. Mientras buena parte de la dirigencia sindical aparece más enfocada en la negociación institucional que en la construcción de una presencia sostenida en las calles, Moyano mantiene una estrategia de confrontación y resistencia que, compartida o no, le permite conservar un vínculo con un sector importante de la militancia sindical. En el movimiento obrero suele repetirse que “la resistencia se construye en la calle”. La diferencia es que no todos parecen dispuestos a llevar esa consigna a la práctica.
No se trata solamente de una marcha con menor asistencia. Se trata de la evidencia de un deterioro que lleva años gestándose y que terminó de acelerarse con la llegada del gobierno libertario. El golpe político, cultural y económico que significó el triunfo de la derecha encontró a las organizaciones populares desarticuladas, sin capacidad de interpretar el nuevo escenario y, sobre todo, sin una estrategia para recuperar la confianza de millones de trabajadores.
Mientras el Gobierno avanza con reformas que modifican las relaciones laborales, reducen el peso de las organizaciones sindicales y promueven un mercado cada vez más precarizado, la reacción de la conducción de la CGT aparece lenta, burocrática y muchas veces limitada a declaraciones o medidas aisladas que difícilmente logren alterar el rumbo de los acontecimientos.
La flexibilización laboral marcó un punto de inflexión. No solamente porque debilitó herramientas históricas de protección para los trabajadores, sino porque terminó siendo acompañada o facilitada por legisladores que se presentan como representantes del peronismo. Esa contradicción dejó una herida profunda entre quienes todavía esperan que el movimiento justicialista sea el principal dique de contención frente al avance de políticas que deterioran el empleo y los ingresos.
La CGT tampoco llega fortalecida a esta etapa. Décadas atrás concentraba buena parte de la representación del trabajo argentino. Hoy enfrenta un mercado laboral completamente distinto. El crecimiento del empleo informal, el avance del monotributismo, las plataformas digitales, la caída del empleo registrado privado y salarios que pierden sistemáticamente contra la inflación fueron reduciendo su capacidad de convocatoria y de presión. Cada trabajador que queda fuera de convenio también es un afiliado menos, un delegado menos y una organización sindical más débil.
Sin embargo, el problema no puede atribuirse únicamente a los cambios económicos. También existe una responsabilidad política. Durante demasiado tiempo, buena parte de la dirigencia sindical priorizó la administración de estructuras antes que la construcción de nuevos liderazgos. Mientras el mundo del trabajo cambiaba aceleradamente, muchas organizaciones continuaron funcionando con la misma lógica de hace cuarenta años.
Algo similar ocurre dentro del peronismo. La derrota electoral no dio paso a una renovación ni a una autocrítica profunda. Las disputas internas, la ausencia de un programa común y la falta de dirigentes capaces de interpelar a los trabajadores, los jóvenes y los sectores populares generaron un vacío que todavía permanece abierto. En ese contexto, el oficialismo logró instalar buena parte de su agenda sin encontrar una oposición con volumen político suficiente para disputar el sentido del debate público.
La consecuencia es visible. Los jubilados continúan protagonizando prácticamente en soledad las manifestaciones más persistentes contra el ajuste. Son quienes sostienen una presencia semanal frente al Congreso mientras el resto de las organizaciones acompaña de manera intermitente. Que quienes perciben los ingresos más bajos sean el núcleo más activo de la protesta constituye una señal tan conmovedora como preocupante para el conjunto del movimiento popular.
A menos de un año de las próximas elecciones, el interrogante sigue sin respuesta. No aparece una conducción política capaz de ofrecer una alternativa clara ni una central obrera que recupere la iniciativa frente a un proceso de transformación que avanza sobre derechos conquistados durante décadas. La distancia entre las conducciones y la realidad cotidiana de millones de trabajadores parece ampliarse a medida que crecen la precarización, los bajos salarios y la incertidumbre.
El peronismo nació organizado alrededor del trabajo y encontró en el movimiento obrero uno de sus pilares fundamentales. Cuando esa columna pierde fortaleza, todo el edificio se resiente. Recuperar esa representación exige mucho más que convocar una marcha: implica reconstruir credibilidad, formar nuevos dirigentes, volver a recorrer los lugares de trabajo —formales e informales— y ofrecer respuestas concretas a quienes hoy sienten que nadie los representa.
La plaza del miércoles no solamente reflejó una convocatoria menor. Mostró el tamaño de una crisis que ya no puede ocultarse. Si el movimiento obrero y el peronismo no logran interpretar las transformaciones del mundo laboral y reconstruir un vínculo genuino con los trabajadores, difícilmente encuentren en las urnas la fuerza que alguna vez tuvieron en las calles. Porque las derrotas electorales pueden revertirse, pero la pérdida de representación suele ser mucho más difícil de recuperar.