(Por Ezequiel Salas) – La historia oficial archiva la caza de brujas como una pesadilla medieval, el último delirio de una Europa oscura que ya se iluminaba. Es una mentira cómoda. Las grandes cacerías ocurrieron entre 1560 y 1650, en plena expansión de la imprenta, en la consolidación de los Estados territoriales, en el nacimiento de la ciencia experimental y en la formación del mercado mundial. La hoguera fue una de las primeras obras de la razón moderna, y la llamada superstición era solo su cortina de humo. Esa razón, lejos de apagarse, sigue disponible.
Entender esto es entender que el dispositivo no envejece. Se actualiza. Cuatro siglos después, en el Río de la Plata, la misma gramática funcionó con otros nombres. No se decía bruja, se decía subversivo. No se encendía una hoguera en la plaza, se abría un centro clandestino de detención. No había un Malleus Maleficarum, había un manual de interrogatorio y un aparato de inteligencia. El mecanismo era exactamente el mismo. Fabricar un enemigo interno, deshumanizarlo, arrancarle una confesión bajo tortura, archivarla como verdad y hacer que el propio sistema se diera la razón a sí mismo.
La caza de brujas fue ecuménica. Católicos, protestantes, luteranos, calvinistas, todos quemaron. Eso debería haber sido la primera pista. El asunto era político, y la teología solo su lenguaje de operaciones. La bruja era un producto del Estado confesional, ajena a cualquier Iglesia en particular. La Inquisición le dio método, la tortura le fabricó las confesiones que ese método necesitaba para funcionar, y los tribunales le dieron el sello de la legalidad. El resultado era una máquina perfecta. Se redactaba la confesión, se le hacía firmar a la víctima, y con esa firma se justificaba la tortura que la había producido. El sistema se daba la razón quemando a quien él mismo había inventado como culpable.
¿Por qué mujeres? Porque el cuerpo femenino era el territorio donde el nuevo orden necesitaba escribir su soberanía. Las acusadas eran, en su mayoría, viejas, pobres, viudas, sanadoras, parteras, curanderas. Las que sabían demasiado sobre el parto, los anticonceptivos, los remedios. Las que administraban la vida y la muerte sin permiso de la medicina masculina que se estaba profesionalizando. Quemarlas era una expropiación disfrazada de piedad. Se les arrancaba el control sobre su propio cuerpo y se transfería ese saber a una institución autorizada. El útero debía convertirse en fábrica de fuerza de trabajo, y la reproducción, en trabajo no pagado que sostuviera la acumulación. La bruja era la mujer que sabía demasiado y obedecía demasiado poco. La hoguera era la forma de ajustar cuentas.
Detrás de todo esto había una crisis material. Europa crecía y se quebraba al mismo tiempo. La población se derrumbaba por peste, guerra y hambre. Los precios de los cereales se disparaban mientras los salarios se estancaban. Los señores confiscaban tierras comunales, el campesino volvía a la gleba, y una sociedad convulsionada necesitaba desesperadamente una explicación para su desgracia. No podía aceptar que el desorden era estructural, que el hambre brotaba de su propia organización. Entonces inventó un culpable concreto. La bruja le permitía a la sociedad desconocer su propia descomposición y proyectarla, hecha humo, sobre un cuerpo que ardía a la vista de todos. Quemarla prometía restaurar la fantasía de una comunidad piadosa, unida y ordenada que nunca había existido.
Ahora saltemos. 1976. Argentina. La misma operación, pero con tecnología de siglo XX y el respaldo de una Iglesia que, como en el siglo XVI, fue más allá de la bendición. Administró, justificó, ocultó. La dictadura cívico-militar-eclesiástica reavivó una matriz anterior, nada inventó.
En el siglo XVI, la persecución de brujas fue ecuménica. Católicos y protestantes compartieron el mismo celo porque la bruja servía al Estado, no a una confesión. En el siglo XX, la Iglesia católica argentina monopolizó el negocio sin competencia protestante que la obligara a compartirlo. Bendijo los golpes, abrió sus casas de retiro para ocultar detenidos, gestionó la legitimación moral del aparato represivo, y después pidió perdón como si el perdón pudiera deshacer la estructura. Pero la estructura respondía a un proyecto planificado. La Conferencia Episcopal Argentina, con pocas y honrosas excepciones, fue cómplice necesario del terrorismo de Estado, con todas las letras. El mismo Pio Laghi, nuncio apostólico, paseaba por los campos de concentración con una sonrisa de cortesía mientras a pocos metros se torturaba. La jerarquía eclesiástica miró de frente, y aprobó.
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El enemigo interno ya no era la bruja, era el montonero, el subversivo, la izquierda. Pero la lógica era idéntica. Localizar en un cuerpo concreto la culpa de una crisis que era del sistema. La inflación, la conflictividad social, el desorden, eran problema de ellos, y la estructura quedaba limpia de toda culpa. De los que pensaban distinto, de los que curaban sin permiso, de los que parían hijos que podían cuestionar. La tortura en los centros clandestinos buscaba la confesión, y la información era solo su pretexto. El mismo circuito perverso. Se torturaba para obtener un relato, y ese relato legitimaba la tortura. El expediente del ESMA, leído a contrapelo, documenta al torturador antes que al detenido. Es el mismo archivo que en el siglo XVI.
Y el cuerpo, otra vez, era el territorio. En los campos de concentración, el cuerpo de las mujeres fue el primer territorio de la conquista. Violación sistemática, embarazos forzados, robo de bebés. El útero, otra vez, como campo de batalla. La Iglesia, que tres siglos antes había exportado la Inquisición a América para disciplinar cuerpos indígenas, ahora gestionaba la apropiación de bebés nacidos en cautiverio. Las Hermanas de la Caridad, las Madres de la Misericordia, nombres de piedad que camuflaban una operación de ingeniería social. El robo de identidades fue la prolongación lógica de una Iglesia que siempre entendió el cuerpo como territorio sobre el cual escribir su soberanía. Primero el cuerpo de la mujer europea, obligado a la reproductividad disciplinada bajo el estigma del aquelarre. Después el cuerpo del indígena, convertido en fuerza de trabajo bajo el pretexto de la evangelización. Y en el 76, el cuerpo de la detenida-embarazada, despojado de su hijo para que una familia adecuada, lee católica, conservadora, militar, lo criara en el orden que la madre había osado cuestionar.
La sincronía entre la hoguera europea y la conquista de América tampoco había sido azarosa. Mientras en los principados alemanes se disciplinaba el cuerpo de la mujer para convertirlo en instrumento de reproducción patriarcal, en este lado del Atlántico se desmantelaban las cosmogonías indígenas bajo el pretexto de la civilización. En ambos escenarios, el cuerpo era el territorio central de disputa. La dictadura argentina del 76 heredó esa doble trama. Era, al mismo tiempo, un dispositivo patriarcal y un dispositivo colonial. La guerra contra la subversión era, en buena medida, una guerra contra los cuerpos que el orden no podía disciplinar. Los cuerpos de los trabajadores que organizaban, de las mujeres que politizaban la maternidad, de los jóvenes que pensaban.
Pero si el cuerpo es el primer territorio de la conquista, también es el primero de la revuelta. Y acá entran las Madres de Plaza de Mayo. Fueron una epistemología, lejos de un simple gesto de duelo privado. Hicieron de la búsqueda de sus hijos un método para leer el archivo del terror a contrapelo. Desconfiaron del expediente que firma el verdugo. Construyeron, contra la sentencia del poder, una contramemoria. Y en eso, sin saberlo quizás, revirtieron la misma lógica que tres siglos antes había encerrado a las mujeres en la casa y quemado a las que sabían demasiado. El orden moderno usó el cuerpo de la mujer para fundar su soberanía. Las Madres usaron el cuerpo de la mujer, la ronda, el pañuelo blanco, la voz que no calla, para desestabilizar esa soberanía. De la partera quemada a la madre que ronda hay una pregunta que no se apaga. ¿Dónde están los cuerpos que el poder decidió hacer desaparecer?
La peor lectura posible es la que se conmueve. La que compadece a la bruja como si fuera una víctima de una época bárbara y nos deja tranquilos del lado de los civilizados. La caza de brujas fue racional, con doctrina, jueces y protocolo. Y su lógica, fabricar un enemigo interno, deshumanizarlo, administrar su eliminación y hacer que el propio sistema se dé la razón, sigue disponible. Se llama caza de brujas, se llama dictadura, se llama linchamiento mediático, se llama guerra contra las mujeres, se llama desaparición forzada. El nombre cambia. La máquina no.
La dictadura del 76 fue, en ese sentido, una hoguera de Estado. Tan racional como la de los siglos XVI y XVII, solo más moderna, más burocrática, más eficiente en su capacidad de hacer desaparecer no solo los cuerpos sino también los nombres. Pero el dispositivo es el mismo. Entender esto es elegir un método, y dejar de lado las moralejas baratas. Leer cada archivo oficial como escena de un crimen, nombrar a la quemada como después aprendimos a nombrar al desaparecido, entender que memoria, verdad y justicia son la única conclusión que se le puede permitir a un pensamiento que se niega a ser cómplice.
El fuego de la razón arde todavía. Cambió de lugar. A veces arde en una plaza del siglo XVII, a veces en un sótano del ESMA, a veces en un juicio por femicidio que la Justicia dilata hasta el olvido. La tarea es reconocer la llama cuando vuelve a encenderse. Se trata de aprender a ver el dispositivo cuando vuelve a funcionar, se llame como se llame, y apagarlo antes de que vuelva a quemar. Y dejar de lado la falsa comodidad de creer que la crueldad pertenece solo al pasado.