El Gobierno de Javier Milei desmanteló el programa de cuidados paliativos del Instituto Nacional del Cáncer, afectando gravemente la atención de pacientes con enfermedades terminales. La doctora Mariana Pechenik, referente del área, denunció que la medida incluyó la suspensión de compras de opioides esenciales para el tratamiento del dolor, como la morfina y la metadona, además del despido de seis de los ocho integrantes del equipo. “Los cuidados paliativos argentinos estamos de luto”, expresó con pesar.
Según detalló Pechenik, el programa nacional de cuidados paliativos era clave en la formación de profesionales interdisciplinarios, brindando becas y cursos especializados. También garantizaba la distribución de opioides a las 24 jurisdicciones del país, con especial enfoque en las provincias más vulnerables, y ofrecía asesoramiento a equipos médicos en todo el territorio nacional. “El desmantelamiento traerá como consecuencia más pacientes sin atención especializada ni alivio del dolor”, advirtió.
El impacto de los recortes no se limita a los cuidados paliativos. La Federación de Profesionales de la Salud (Fesprosa) denunció que desde 2024 cientos de pacientes han visto interrumpido el suministro de medicamentos oncológicos debido a la disolución de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse). Como resultado, según sus estimaciones, al menos 60 personas fallecieron por la falta de acceso a su tratamiento.
“El Gobierno interrumpió la atención de la Dadse con el pretexto de reorganizarla, lo que generó demoras en la provisión de medicación oncológica y provocó muertes evitables”, alertó Fesprosa en un comunicado. Además, señalaron que, pese a la promesa del Ministerio de Salud de absorber sus funciones, la disolución de la Dadse podría estar relacionada con una maniobra para eludir un fallo judicial que obliga al Estado a garantizar el acceso a estos tratamientos.
Los recortes en el sector sanitario también afectaron a hospitales y programas clave. A los despidos masivos en los hospitales Posadas, Bonaparte y Sommer, se sumaron 180 cesanteados en el Ministerio de Salud, lo que ha vaciado direcciones fundamentales como las de VIH, tuberculosis, lepra y vacunas. “El anuncio de salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS) agrava el desmantelamiento de las políticas públicas de salud”, advirtieron desde Fesprosa.
Frente a este escenario, organizaciones de la salud y pacientes exigen respuestas urgentes al ministro de Salud, Mario Lugones, y el cumplimiento inmediato de las medidas cautelares dictadas por la justicia para garantizar el acceso a los tratamientos oncológicos y paliativos.