Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) expone la contracara más dramática del programa económico de Javier Milei: salarios que perdieron poder adquisitivo, familias que se endeudan para sostener el consumo cotidiano y un crecimiento explosivo de la morosidad. Mientras casi seis millones de personas ya acumulan deudas impagas y la mora en las billeteras virtuales alcanza un récord del 30,1%, el Gobierno ratifica que no habrá intervención estatal y sostiene que se trata de una cuestión que deben resolver los privados.
Hay una cifra que desnuda con crudeza el deterioro financiero de los hogares argentinos: 5,91 millones de personas ya se encuentran en situación de morosidad. No se trata de un fenómeno marginal ni de un puñado de consumidores que gastaron por encima de sus posibilidades. Según el último informe de CEPA sobre endeudamiento y mora, elaborado a partir de información del Banco Central y de la Central de Deudores del Sistema Financiero, en junio de 2026 había aproximadamente 20,97 millones de personas endeudadas entre bancos y proveedores no financieros de crédito.
La fotografía es todavía más preocupante cuando se observa qué ocurrió desde fines de 2024. La morosidad de las familias con los bancos pasó del 2,5% en octubre de 2024 al 12,8% en junio de 2026. En las empresas alcanzó el 3,5%, mientras la irregularidad del conjunto del sector privado llegó al 7,6%. Son niveles que, para el caso de las familias, no se observaban desde la crisis posterior a 2001.
Pero el verdadero agujero negro aparece fuera de los bancos.
La mora con los proveedores no financieros de crédito —categoría dentro de la cual CEPA agrupa para simplificar a billeteras virtuales y otras compañías financieras— pasó del 7,3% en noviembre de 2024 al 30,1% en junio de 2026. El porcentaje ya superó incluso el récord registrado durante la pandemia, cuando había llegado al 27,1% en mayo de 2020. Si se consideran conjuntamente bancos y estas entidades, CEPA estima que la irregularidad de las familias ronda actualmente el 15,5%.
No es un dato aislado. Es el síntoma de una economía doméstica cada vez más sostenida con deuda.
Del banco a la billetera y de la billetera al abismo
El estudio describe un fenómeno particularmente grave: la precarización del endeudamiento.
Frente al incremento de los incumplimientos, los bancos redujeron su universo de clientes y endurecieron las condiciones para otorgar nuevos créditos. Pero sacar al moroso del balance bancario no significa solucionar su problema. Significa, en numerosos casos, expulsarlo hacia mecanismos de financiamiento mucho más caros.
CEPA advierte que una persona puede pasar de una deuda bancaria con un Costo Financiero Total de hasta 180% anual, con determinadas posibilidades de negociación, a obligaciones cuyos costos pueden alcanzar hasta 1.375%, además de quedar expuesta a empresas de cobranza o incluso a prestamistas informales sin límites equivalentes en las tasas ni mecanismos formales de cobro.
Es decir: el deudor no desaparece porque el banco deje de prestarle. Simplemente cae un escalón más abajo.
Los propios números muestran ese desplazamiento. De los 5,91 millones de morosos contabilizados en junio, 2,90 millones tenían deudas irregulares exclusivamente con proveedores no financieros, equivalentes aproximadamente al 49% de todos los morosos. Otros 1,66 millones registraban mora exclusivamente con bancos y 1,36 millones estaban en problemas simultáneamente con ambos tipos de entidades.
En comparación con febrero de 2024, el sistema incorporó además 2,60 millones de nuevos deudores morosos. La cantidad de morosos exclusivamente bancarios creció 157,6%, mientras los correspondientes exclusivamente a billeteras y otros proveedores no financieros aumentaron 93,6%.
La deuda dejó de ser solamente un instrumento para comprar un auto, financiar una vivienda o realizar un gasto extraordinario. El corazón de la mora está ahora en herramientas directamente relacionadas con el consumo cotidiano.
A mayo de 2026, los préstamos personales y las tarjetas de crédito explicaban el 73% de toda la deuda familiar morosa con los bancos: $3,48 billones correspondientes a personales y $2,90 billones a tarjetas.
El dato golpea de lleno contra la idea de que el fenómeno pueda reducirse simplemente a familias que “gastaron de más”.
El propio informe recuerda que, según datos del Banco Central, en abril de 2026 los servicios mensuales de deuda ya absorbían el 24,1% de la masa salarial de las familias, y cerca del 80% de esa carga correspondía precisamente a tarjetas y préstamos personales.
El salario cae, la deuda sube
La explicación que plantea CEPA encuentra otro dato imposible de soslayar: mientras se disparó la mora, se deterioró el ingreso.
De acuerdo con el informe, desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia el salario real de los trabajadores registrados cayó 8,7%. La pérdida ascendería al 18,7% si la inflación se recalculara utilizando los ponderadores provenientes de la ENGHo 2017/18, metodología que CEPA utiliza para cuestionar la medición vigente.
La secuencia que presenta el estudio es contundente: menos poder adquisitivo, más utilización del crédito, mayor dificultad para pagar, expulsión del sistema bancario y migración hacia mecanismos financieros más caros.
Frente a ese escenario, la respuesta política del Gobierno no consiste en anunciar mecanismos de refinanciación, límites adicionales a determinadas prácticas crediticias o programas para atender el sobreendeudamiento.
Consiste en correrse.
CEPA recuerda que durante agosto tanto Javier Milei como el ministro Luis Caputo caracterizaron el problema como una cuestión “entre privados” y ratificaron que el Estado no intervendría directamente. Caputo sostuvo respecto de los endeudados que “cada uno debe hacerse cargo de sus decisiones”. Incluso frente a tasas superiores al 400% en algunas billeteras, reconoció que podían resultar abusivas, aunque descartó una intervención estatal.
Allí aparece quizá la contradicción política más profunda que deja expuesta el informe: para el Gobierno, la deuda es individual; pero el deterioro alcanza a millones.
Cuando casi seis millones de personas incumplen sus obligaciones, cuando la mora bancaria de las familias se multiplica por cinco respecto de octubre de 2024 y cuando tres de cada diez pesos financiados por proveedores no bancarios se encuentran en situación irregular, resulta difícil explicar semejante fenómeno únicamente a partir de decisiones individuales.
De la mora al crédito irrecuperable
El cuadro empeora al observar en qué condiciones se encuentran esas deudas.
La denominada Situación 4, de alto riesgo de insolvencia, concentra $6,73 billones, equivalente al 45,7% del monto irregular considerado por CEPA entre bancos y billeteras. La Situación 3 suma otros $4,14 billones.
Y la categoría más grave, la Situación 5 —crédito considerado irrecuperable— ya alcanza $3,86 billones. Allí las billeteras y otros proveedores no financieros adquieren un peso decisivo: concentran $2,49 billones, aproximadamente el 64,6% del capital clasificado como incobrable.
Hay además otros $3,90 billones en Situación 2, todavía no considerados formalmente morosos pero sometidos a seguimiento especial. El 82,8% corresponde a bancos. Es una suerte de antesala: hogares que todavía no cayeron estadísticamente en mora grave, pero cuya capacidad de pago se encuentra comprometida.
Los bancos restringen préstamos, pero eso tampoco detiene la degradación de las carteras existentes. CEPA detectó aumentos de los saldos en Situación 3 por $23.383 millones y en Situación 5 por otros $153.442 millones. La explicación es tan sencilla como brutal: quien no puede pagar acumula intereses y pasa de una categoría problemática a otra todavía peor.
En las billeteras ocurrió algo semejante. Cayó el crédito en las primeras cuatro categorías, pero creció simultáneamente el número de deudores y el dinero acumulado en Situación 5. Según CEPA, la disminución en los escalones anteriores prácticamente se trasladó hacia la categoría irrecuperable.
No es desendeudamiento. Es insolvencia.
Los jóvenes, primeros en caer
La crisis tampoco golpea a todos por igual.
Los menores de 34 años concentran el 38,7% de los deudores morosos del país, prácticamente cuatro de cada diez. Dentro de ese grupo, el 72,6% registra compromisos con billeteras virtuales.
Los porcentajes son todavía más extremos entre los más jóvenes. La tasa conjunta de irregularidad alcanza 32,7% entre quienes tienen 18 y 19 años y 33,6% entre los de 20 a 24, el registro más elevado de toda la población.
Es una generación que ingresa a la vida económica adulta no solamente con salarios deteriorados y mayores dificultades de acceso a la vivienda, sino también con un nivel extraordinariamente alto de endeudamiento problemático.
La deuda, en este caso, no funciona como puente hacia el futuro. Empieza a convertirse en una hipoteca sobre ese futuro.
Una Argentina partida por la mora
El mapa territorial también muestra profundas diferencias.
La Rioja encabeza la morosidad consolidada con 23,1%, seguida por Catamarca y Santa Cruz con 20,6%, San Luis con 20,5% y San Juan con 20%. En el otro extremo aparecen La Pampa, con 8,7%; CABA, con 10%; Entre Ríos, con 12,6%; Santa Fe, con 12,7%; y Córdoba, con 12,9%.
El monto promedio de deuda morosa en todo el país asciende a $2.490.084 por deudor, aunque Tierra del Fuego llega a $4.788.580, Santa Cruz a $4.257.842 y CABA a $4.071.448.
Hasta las propias entidades muestran las dimensiones del problema. Carrefour Banco registra una mora familiar del 49,9% y Banco Sáenz del 48%. Columbia alcanza 24,1%, Brubank 23% y Ualá Bank 22,5%. Entre entidades de mayor alcance, Galicia llega al 17,7%, Santander al 17% y Banco Provincia al 16%.
En proveedores no financieros, los registros son todavía más extremos: Mins 91%, Waynicoin 75,6%, Bazar Avenida 71,2%, Credil 65,8% y Finanpro 64,8%. Frávega registra 57,5%, Electrónica Megatone 56,3% y Naldo Lombardi 30%. Mercado Pago, aun siendo uno de los ratios más bajos entre los grandes actores analizados, alcanza 17,8%.
La otra cara del ajuste
El informe de CEPA pone números sobre una realidad que muchas familias ya conocen antes de que aparezca cualquier estadística: el dinero se termina antes que el mes y el crédito empezó a ocupar el lugar que antes ocupaba el ingreso.
Primero se usa la tarjeta. Después aparece el préstamo personal. Cuando el banco cierra la puerta, queda la billetera. Cuando tampoco alcanza la billetera, aparecen las refinanciaciones, los cobradores y, en el peor de los casos, el crédito informal.
Esa cadena explica por qué reducir este escenario a una suma de malas decisiones individuales resulta insuficiente.
Puede discutirse qué instrumentos debería utilizar el Estado, hasta dónde debe llegar una regulación crediticia o qué responsabilidad corresponde a cada persona por las obligaciones que contrajo. Pero los números presentados por CEPA describen un problema que dejó hace tiempo de ser excepcional: 20,97 millones de deudores, 5,91 millones de morosos, un 30,1% de irregularidad en proveedores no financieros y niveles de incumplimiento bancario familiar que no se observaban desde la salida de la crisis de 2001.
Mientras tanto, la política oficial consiste en no intervenir.
Y allí se encuentra la conclusión más incómoda para el Gobierno de Javier Milei: el equilibrio de las cuentas públicas puede formar parte de una estrategia macroeconómica, pero no cancela las cuentas que millones de argentinos tienen que pagar todos los meses.
Para ellos no existe déficit cero.
Existe la tarjeta vencida, el préstamo impago, los intereses que se acumulan y el teléfono que vuelve a sonar para cobrar una deuda.
Y frente a esa Argentina —la de casi seis millones de morosos— decir que se trata solamente de un “problema entre privados” no resuelve la crisis.
Simplemente deja al endeudado solo frente a ella.