La movilización de la Confederación General del Trabajo hacia el Ministerio de Economía sumó este jueves un nuevo capítulo a la confrontación entre el movimiento obrero y el Gobierno de Javier Milei. Tras la marcha, la central sindical entregó un documento dirigido al ministro Luis Caputo en el que advirtió sobre el crecimiento del endeudamiento y la morosidad de las familias y las pequeñas y medianas empresas, reclamó medidas para recuperar el consumo y volvió a cuestionar una política económica que, según la CGT, privilegia los números macroeconómicos mientras deteriora la economía cotidiana de los trabajadores.
El pronunciamiento, fechado este 20 de agosto y firmado por los secretarios generales Octavio Argüello, Cristian Jerónimo y Jorge Sola, plantea que cualquier equilibrio macroeconómico debe contemplar una respuesta concreta al endeudamiento, la caída del consumo y las dificultades que atraviesa el aparato productivo. El documento fue presentado ante el Ministerio de Economía luego de la movilización sindical.
Desde la CGT sostienen que detrás de los indicadores que exhibe la administración libertaria existe otra realidad: salarios que perdieron capacidad de compra, hogares que encuentran cada vez más dificultades para llegar a fin de mes, empresas que pierden mercado interno y trabajadores que recurren al crédito para afrontar gastos corrientes.
En esa línea, la central obrera puso el foco sobre un fenómeno que comienza a adquirir dimensiones sociales cada vez más preocupantes: el aumento de la mora financiera. Para la conducción cegetista, que una familia deje de pagar una tarjeta de crédito o un préstamo no constituye solamente un problema bancario. Significa que ese hogar recorta su consumo. Y cuando miles de familias reducen simultáneamente sus gastos, las consecuencias terminan trasladándose al comercio, la industria, las pequeñas empresas y, finalmente, al empleo.
La advertencia adquiere todavía mayor gravedad para aquellos sectores que ya quedaron afuera del sistema financiero formal. La CGT alertó que numerosos hogares, impedidos de obtener nuevos créditos bancarios, terminan recurriendo a mecanismos informales de financiamiento para poder cubrir incluso necesidades básicas, quedando expuestos a tasas considerablemente más elevadas y situaciones de creciente vulnerabilidad económica.
Ese diagnóstico fue utilizado por la central sindical para cuestionar uno de los pilares del discurso económico del Gobierno. Frente a una administración que coloca el equilibrio fiscal y el orden de las variables macroeconómicas en el centro de su programa, la CGT planteó que ninguna estabilización puede considerarse suficiente mientras los trabajadores pierdan poder adquisitivo y las empresas carezcan de demanda para colocar su producción.
La discusión, para el movimiento obrero, excede por lo tanto el problema financiero. La deuda de las familias y de las empresas aparece como una consecuencia de una economía que, según la central, perdió capacidad de consumo y actividad productiva.
El planteo recupera una concepción histórica del sindicalismo argentino y particularmente vinculada al pensamiento económico peronista: el salario no solamente constituye el ingreso del trabajador sino también uno de los motores fundamentales del mercado interno. Cuando los trabajadores tienen capacidad de compra, consumen; cuando existe consumo, las empresas venden; cuando venden, producen; y cuando aumenta la producción, se genera empleo.
La CGT sintetizó esa lógica de manera contundente: si los trabajadores no pueden consumir, las empresas no pueden vender; si las empresas no venden, dejan de producir y, cuando la producción se retrae, comienza a ponerse en riesgo el trabajo.
Es precisamente desde esa perspectiva que la central obrera confrontó con el rumbo elegido por Milei. El documento cuestiona que la salida económica quede limitada al ajuste permanente y al cumplimiento de metas financieras y reclama que el Estado vuelva a colocar en el centro de sus decisiones la producción, la inversión y el empleo.
Para la CGT, el país necesita recuperar un círculo virtuoso entre salarios, consumo, producción y trabajo, frente a un modelo que —desde la mirada sindical— trasladó el costo del ordenamiento económico fundamentalmente sobre los trabajadores, los jubilados, las familias endeudadas y las pequeñas y medianas empresas.
El documento reclama, en ese sentido, un programa económico destinado a estimular la inversión productiva y el crecimiento mediante una matriz económica diversificada y multisectorial. La central definió ese objetivo como la recuperación de la “trilogía virtuosa del desarrollo, la producción y el trabajo”.
Pero la CGT no se limitó al diagnóstico. La conducción sindical presentó tres exigencias concretas al Gobierno.
En primer lugar, reclamó que el Banco Central ejerza plenamente su función regulatoria sobre las tasas de interés aplicadas a los préstamos bancarios y también sobre las distintas modalidades de financiamiento ofrecidas por aplicaciones, fintech, billeteras virtuales y otros instrumentos utilizados para el endeudamiento de las personas.
En segundo término, pidió analizar de manera específica la situación financiera de las pequeñas y medianas empresas, cuyo nivel de endeudamiento comienza, según la organización sindical, a comprometer su capital de trabajo y amenaza la continuidad de numerosas actividades productivas y fuentes laborales.
Finalmente, exigió la puesta en marcha de un programa de refinanciación de deudas destinado a enfrentar los elevados niveles de morosidad, con tasas compatibles con la evolución real de los ingresos.
La propuesta apunta a extender los plazos de las obligaciones y reducir transitoriamente el peso de las cuotas para liberar recursos que puedan volver al consumo familiar y al sostenimiento de las empresas. La apuesta de la CGT es exactamente la inversa a la lógica del ajuste: recuperar primero la capacidad económica de trabajadores y productores para que esa recuperación vuelva a poner en movimiento el mercado interno.
La movilización hacia Economía y el documento entregado a Caputo muestran así que el enfrentamiento entre el Gobierno y el movimiento obrero ya no transita solamente por la discusión salarial, las paritarias o las reformas laborales. La disputa comienza a concentrarse también sobre qué modelo económico debería suceder a la etapa de ajuste impulsada por Milei.
De un lado, la Casa Rosada reivindica el equilibrio fiscal y la estabilización de las variables macroeconómicas como condición para la recuperación. Del otro, la CGT advierte que esos resultados pierden sentido social si detrás de ellos se acumulan familias endeudadas, comercios sin ventas, industrias con capacidad ociosa y trabajadores cuyo salario alcanza cada vez para menos.
El mensaje que el sindicalismo llevó hasta las puertas del Ministerio de Economía fue, en definitiva, profundamente político: para la CGT, no habrá verdadera recuperación económica mientras el orden de las cuentas públicas no llegue también a la mesa de los trabajadores.
Y frente al modelo económico de Milei, la central volvió a levantar una bandera que atraviesa históricamente al movimiento obrero argentino: sin salario, consumo, producción y empleo, ningún equilibrio puede llamarse desarrollo.