Más de 200 empresarios se movilizaron este jueves frente a la sede del Gobierno nacional para reclamar un cambio de rumbo y la sanción de una Ley de Emergencia PyME. Desde el inicio de la gestión libertaria, la Argentina perdió 30.633 empresas y el sector advierte que otras 40.000 podrían quedar al borde del cierre. La caída de la producción, el derrumbe de las ventas y las dificultades financieras golpean especialmente al entramado productivo nacional.
La crisis de las pequeñas y medianas empresas dejó este jueves los balances, las fábricas y los mostradores para desembarcar directamente frente a la Casa Rosada. Más de 200 empresarios de distintos sectores y puntos del país se concentraron en Plaza de Mayo para advertir sobre el deterioro del aparato productivo durante la gestión de Javier Milei y reclamar medidas urgentes para sostener empresas y puestos de trabajo.
La movilización se realizó bajo una consigna contundente: “Las PyMEs también son argentinas”. La protesta fue impulsada por la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), junto con la Cámara de la Industria del Calzado, APYME, la Cámara Industrial de Manufacturas del Cuero, Fundación Pro Tejer, PyME Sur y otras entidades empresarias.
El reclamo tiene detrás números que describen un deterioro profundo. El último Monitor Mensual de Empresas de Fundar, elaborado a partir de información de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, contabilizó 481.724 empresas empleadoras en mayo de 2026, frente a 512.357 en noviembre de 2023. La diferencia representa 30.633 empresas menos, una caída del 6% desde el mes previo a la asunción de Milei. Fundar sostiene que se trata de la peor caída registrada durante los primeros 30 meses de una administración.
El proceso, lejos de frenarse, se aceleró. Solamente durante mayo desaparecieron 2.371 empresas respecto de abril, una reducción mensual del 0,49%. Fue, además, el decimosexto mes consecutivo de caída mensual en la cantidad de firmas. Frente a mayo de 2025 había 16.560 empresas menos, acumulándose ya 27 meses consecutivos de retroceso interanual.
Es precisamente ese escenario el que llevó a sectores empresarios, poco acostumbrados a protagonizar movilizaciones callejeras, hasta las puertas del Ejecutivo. ENAC ya había realizado una protesta similar en 2024, cuando denunciaba la desaparición de unas 13.600 empresas. Dos años después, el número supera las 30.000 y la entidad estima que otras 40.000 podrían quedar en condiciones de cerrar en el mediano plazo si no existe una modificación de las condiciones económicas.
La crisis tampoco se limita a la cantidad de empresas. Según información difundida este jueves en base a estadísticas oficiales, desde el comienzo de la administración Milei se perdieron más de 411.000 puestos de trabajo registrados. A su vez, un informe de CEPA elaborado sobre datos de la SRT había mostrado hasta abril que la industria manufacturera encabezaba la pérdida de empleo, con 82.173 puestos menos, seguida por la construcción, con 75.426, y el transporte y almacenamiento, con 65.827.
El impacto atraviesa además buena parte del mapa productivo. Fundar registró que 14 de los 18 sectores relevados tenían menos empresas que al comienzo de la actual gestión. Transporte y almacenamiento aparece entre los sectores más golpeados, mientras construcción, actividades inmobiliarias e industria también exhiben fuertes retrocesos. Y el fenómeno tiene alcance federal: 23 de las 24 jurisdicciones tenían menos empresas que antes de la llegada de Milei al poder; Neuquén constituye la única excepción.
Los datos de actividad agregan presión. La producción de las pymes industriales cayó 11% interanual durante el segundo trimestre de 2026, mientras el empleo del sector retrocedió 4,5%. En el comercio, las ventas minoristas pyme bajaron 3,8% interanual en julio y acumularon una retracción de 2,7% durante los primeros siete meses del año. Textiles e indumentaria, muebles, bazar y alimentos estuvieron entre los rubros más afectados.
Detrás de esas estadísticas aparecen historias concretas. Empresarios que participaron de la protesta hablaron de plantas reducidas al mínimo, cadenas de pagos interrumpidas, cheques rechazados, menor demanda y dificultades para financiar capital de trabajo. Un fabricante de calzado que llegó a tener más de 120 empleados relató que actualmente conserva apenas 15, mientras empresarios metalúrgicos y de la construcción describieron niveles de actividad sensiblemente inferiores a los de años anteriores.
El cuadro también empieza a reflejarse en el sistema financiero. La irregularidad crediticia de las empresas, según datos del Banco Central citados en la cobertura de la movilización, pasó del 0,7% en octubre de 2024 al 3,5% en junio de 2026, una señal del creciente deterioro de las posibilidades de pago de las firmas.
Frente a este escenario, las cámaras reclaman que el Congreso avance con una Ley de Emergencia PyME, destinada a establecer herramientas fiscales y financieras que permitan evitar una nueva ola de cierres y preservar puestos de trabajo. En Diputados existen actualmente distintos proyectos vinculados al alivio fiscal, el desendeudamiento y la emergencia financiera de las pequeñas y medianas empresas.
El Gobierno, por su parte, sostiene que implementó instrumentos para favorecer al sector. Entre ellos figuran planes de facilidades impositivas, el diferimiento del IVA para micro y pequeñas empresas y reducciones de contribuciones patronales para nuevas contrataciones. También destacó que durante el primer semestre hubo 6.145 pymes exportadoras, un 7% más que en 2023.
Pero esos indicadores conviven con una realidad difícil de soslayar: hay 30.633 empresas menos que al inicio de la gestión, la cantidad de firmas acumula 16 meses consecutivos de caída y la producción industrial pyme volvió a retroceder con fuerza. La estabilización macroeconómica que reivindica la Casa Rosada no se está traduciendo, al menos para una parte sustancial de las pequeñas y medianas empresas, en recuperación del mercado interno ni en mejores condiciones para producir.
La escena de este jueves agregó así un actor incómodo al frente de conflicto económico del Gobierno. No fueron organizaciones sindicales ni movimientos sociales los que ocuparon Plaza de Mayo, sino empresarios que producen, contratan trabajadores y dependen centralmente del movimiento del mercado interno.
Su advertencia llegó hasta las puertas de la Casa Rosada: detrás de cada empresa que desaparece no sólo hay una razón social que deja de figurar en los registros. Hay proveedores que pierden clientes, trabajadores que pierden empleos, municipios que pierden actividad y cadenas productivas que se achican.
Después de más de dos años de gestión, las pymes reclaman que el equilibrio de las cuentas públicas deje de construirse a costa del desequilibrio de quienes todavía intentan producir y generar empleo en la Argentina.