Un estudio del Centro de Economía Política Argentina sostiene que la modificación del sistema de movilidad previsional mediante el DNU 274/24 no solo redujo el gasto del Estado en jubilaciones, sino que además impidió que los haberes recuperaran parte del poder adquisitivo perdido. Según el informe, de haberse mantenido la fórmula anterior, la jubilación mínima sería hoy más de un 21 por ciento superior.
La discusión sobre el sistema previsional volvió a instalarse en el centro de la escena económica luego de que el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) difundiera un informe que cuestiona duramente la reforma implementada por el presidente Javier Milei a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 274/24.
El trabajo, elaborado bajo la dirección del economista Hernán Letcher, concluye que la sustitución de la fórmula de movilidad establecida por la Ley 27.609 por un mecanismo de actualización atado exclusivamente a la inflación terminó consolidando una reducción del gasto previsional y perjudicando a millones de jubilados.
Según el análisis, aunque la nueva fórmula permitió una recuperación parcial tras el fuerte deterioro registrado durante el primer trimestre de 2024, con el paso del tiempo quedó demostrado que la fórmula anterior hubiera resultado más favorable para los beneficiarios. Para CEPA, la decisión de derogarla antes de que comenzara a reflejar plenamente los efectos de la recuperación salarial y de la recaudación previsional no fue casual.
“El cambio se produjo justamente antes de que la fórmula vigente comenzara a otorgar incrementos más significativos”, señala el informe, que interpreta la medida como parte de una estrategia orientada a consolidar el ajuste fiscal.
EL FMI CONFIRMA LA REDUCCIÓN DEL GASTO PREVISIONAL
Uno de los aspectos más destacados del estudio es que encuentra respaldo en la propia evaluación realizada por el Fondo Monetario Internacional durante la última revisión del acuerdo con Argentina.
El organismo internacional reconoció expresamente que la nueva fórmula permitió moderar el gasto previsional y volverlo más predecible. Para CEPA, esta afirmación constituye una confirmación explícita de que el ajuste sobre los ingresos de los jubilados fue uno de los pilares utilizados para alcanzar las metas fiscales comprometidas con el Fondo.
La observación adquiere relevancia porque el Gobierno ha defendido reiteradamente el nuevo esquema argumentando que protege los ingresos frente a la inflación. Sin embargo, el estudio sostiene que esa protección resulta insuficiente cuando se analiza la evolución real de los haberes en perspectiva histórica.
UNA DIFERENCIA DE MÁS DEL 21 POR CIENTO
La comparación realizada por CEPA entre ambas fórmulas arroja resultados contundentes.
De acuerdo con las simulaciones, los aumentos que hubieran correspondido con la fórmula derogada habrían superado a los otorgados por el DNU en septiembre y diciembre de 2024, así como en marzo, junio y septiembre de 2025.
Si bien durante diciembre de 2025 y los primeros meses de 2026 la fórmula actual presenta incrementos superiores, el balance acumulado sigue favoreciendo ampliamente al régimen anterior.
El informe calcula que en junio de 2026 la jubilación mínima sin bono alcanza los 403.327 pesos. En cambio, si hubiera continuado vigente la Ley 27.609, el haber mínimo se ubicaría en 490.621 pesos, una diferencia del 21,6 por ciento.
EL BONO CONGELADO: EL MAYOR GOLPE PARA LOS HABERES MÁS BAJOS
La situación resulta aún más crítica para quienes perciben el bono compensatorio.
Desde marzo de 2024, el refuerzo permanece congelado en 70.000 pesos, pese a la acelerada evolución de los precios durante ese período.
CEPA advierte que mientras los haberes jubilatorios crecieron alrededor del 200 por ciento entre marzo de 2024 y junio de 2026, la jubilación mínima con bono incluido apenas aumentó un 132 por ciento.
La consecuencia directa fue una progresiva licuación del ingreso real de casi el 70 por ciento de los jubilados que dependen de ese complemento para alcanzar un ingreso mínimamente suficiente.
Según los cálculos del centro de estudios, si el bono hubiera seguido la misma evolución que los haberes, actualmente debería ascender a casi 210.000 pesos, es decir, triplicar el monto vigente.
PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO
El informe también cuestiona uno de los principales argumentos oficiales: que la indexación por inflación garantiza la preservación del poder de compra.
Si bien técnicamente los haberes acompañan la evolución de los precios, CEPA sostiene que el nuevo sistema impide cualquier recuperación de lo perdido en etapas anteriores.
Los datos muestran que durante el trimestre marzo-mayo de 2026 las jubilaciones sin bono registran un poder adquisitivo 2,5 por ciento inferior al del último trimestre del gobierno anterior. Para quienes perciben el bono congelado, la caída alcanza un preocupante 18,9 por ciento.
Desde la entidad explican que la comparación trimestral es metodológicamente correcta porque reproduce la lógica temporal que tenía la fórmula de movilidad eliminada.
LAS LEYES VETADAS Y LA OPORTUNIDAD PERDIDA
El estudio recuerda además que el Congreso intentó aprobar mecanismos destinados a recomponer los ingresos previsionales.
Entre ellos figuraba la Ley 27.756, posteriormente vetada por el Poder Ejecutivo, que contemplaba una recomposición extraordinaria del 7,2 por ciento para todos los haberes, un haber mínimo equivalente al 109 por ciento de la Canasta Básica Total de un adulto y una cláusula de actualización vinculada a la recuperación salarial.
Asimismo, otra iniciativa sancionada en julio de 2025 proponía completar la inflación pendiente de enero de 2024 mediante un incremento adicional del 7,2 por ciento, elevar el bono a 110.000 pesos con actualización automática y extender por dos años la moratoria previsional.
Ninguna de esas medidas prosperó.
EL FIN DE LA MORATORIA Y UN FUTURO MÁS RESTRICTIVO
El informe concluye con una advertencia sobre las consecuencias sociales de la finalización de la moratoria previsional en marzo de 2025.
Al no haberse prorrogado el régimen, el acceso a una jubilación plena se vuelve cada vez más difícil para amplios sectores de trabajadores que atravesaron trayectorias laborales marcadas por la informalidad.
Según las estimaciones citadas por CEPA, nueve de cada diez mujeres y ocho de cada diez hombres que alcancen la edad jubilatoria sin los aportes requeridos deberán conformarse con la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), un beneficio equivalente al 80 por ciento de la jubilación mínima y que además no genera derecho a pensión.
Para Hernán Letcher y el equipo de CEPA, la política previsional implementada por el Gobierno constituye uno de los componentes centrales del ajuste económico. Mientras el Ejecutivo exhibe el equilibrio fiscal como principal logro de gestión, el organismo advierte que una parte significativa de ese resultado se explica por la pérdida de ingresos sufrida por millones de jubilados argentinos.