En un contexto de creciente tensión y tras el fallecimiento de Miguel Fernández, un trabajador petrolero de 40 años en Vaca Muerta, el gobierno reaccionó tarde y convocó a las empresas y gremios del sector para abordar temas de seguridad laboral. El trágico incidente ocurrió en la noche del martes 8 de octubre en la perforación F19 del yacimiento Bajada del Palo Oeste, operado por la empresa Nabors.
Miguel Fernández, quien realizaba tareas rutinarias en el yacimiento, fue trasladado de urgencia al hospital de Catriel, donde lamentablemente se confirmó su muerte. Este trágico hecho no solo sacudió al gremio, sino que también volvió a poner en evidencia las carencias en materia de seguridad en la industria petrolera.
El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, encabezado por Marcelo Rucci, anunció un paro total de actividades para este miércoles bajo la consigna “Basta de muertes en el petróleo”. Según datos proporcionados por el gremio, Fernández es el cuarto trabajador fallecido en lo que va del 2024.
Rucci, en declaraciones a medios locales, expresó su indignación y dolor: “No estamos dispuestos a entregar vidas por producción. Sabemos cómo terminan estas investigaciones: siempre se culpa a los trabajadores, cuando tenemos pruebas claras de la falta de seguridad”. Además, subrayó la necesidad de tomar medidas inmediatas para evitar que estos episodios se repitan, afirmando que “hay un montón de compañeros accidentados y mutilados”.
Ante la creciente presión y el impacto social generado por el reclamo sindical, el gobierno, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano, anunció la convocatoria de una audiencia urgente para el lunes 14 de octubre. El encuentro, a realizarse a las 11:00 horas, reunirá a los representantes del sindicato liderado por Rucci y a los directivos de las cámaras empresariales del sector petrolero. Según el comunicado oficial, el objetivo de la reunión es “acordar acciones que refuercen las medidas de seguridad en la industria” y garantizar un entorno de trabajo más seguro para los operarios.
La muerte de Fernández, sin embargo, evidencia una demora crítica en la reacción del gobierno. No es la primera vez que los gremios denuncian irregularidades en materia de seguridad, pero las medidas adoptadas por las autoridades siempre parecen llegar tarde, cuando el daño ya es irreversible. El gremio petrolero lleva tiempo advirtiendo sobre la precariedad de las condiciones laborales y la falta de inversión en protocolos de seguridad.
El reclamo “Basta de muertes en el petróleo” se ha convertido en un grito de lucha para los trabajadores del sector, quienes exigen no solo justicia para Fernández, sino también cambios estructurales en la industria. La expectativa ahora está centrada en la reunión del lunes, donde se espera que el gobierno y las empresas no solo expresen solidaridad con la familia del fallecido, sino que asuman el compromiso de implementar medidas de seguridad efectivas y fiscalizar su cumplimiento.
En el corazón de este conflicto queda una amarga realidad: mientras la industria petrolera sigue impulsando la economía, los operarios siguen pagando con su vida el precio de la negligencia y la falta de previsión. La muerte de Miguel Fernández no debe quedar impune, y la convocatoria del gobierno debe ser el primer paso para garantizar que ningún otro trabajador tenga que enfrentar los mismos riesgos.