Será enviado al Congreso en sesiones extraordinarias, el borrador de la llamada “Modernización Laboral” impulsa un cambio de paradigma: se facilita la precarización al permitir que un trabajador sea considerado autónomo con solo emitir factura, se reducen las indemnizaciones mediante topes severos, se habilita la flexibilización horaria y se limita el acceso a la justicia. La iniciativa desconoce el mandato constitucional de protección al trabajador y coloca el poder en manos del empleador.
El Poder Ejecutivo presentará esta semana su proyecto de reforma laboral con el argumento de “modernizar” las relaciones de trabajo. Pero el texto enviado al Congreso revela una embestida directa contra la legislación protectoria, principios históricos del derecho laboral y garantías previstas en la Constitución Nacional.
Entre los cambios más polémicos se encuentra la alteración del principio protector que presume la existencia de relación laboral cuando hay dependencia. Según el proyecto, si la empresa enmarca el vínculo como prestación autónoma con facturación o pago bancarizado, el trabajador deja de ser considerado empleado en relación de dependencia:
Proyecto de Ley de Modernizacio…
Esto abre la puerta a la proliferación del falso monotributista y a la expansión del trabajo precario y sin cobertura.
MÁS PODER PARA EL EMPLEADOR, MENOS PROTECCIÓN PARA EL TRABAJADOR
La reforma también amplía la capacidad unilateral del empleador para modificar condiciones de trabajo, con una formulación abierta que reduce las vías de defensa del trabajador:
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Asimismo, se recorta la responsabilidad solidaria en casos de subcontratación: si la empresa principal declara haber controlado ciertos documentos del contratista, deja de ser responsable por los derechos laborales adeudados. Proyecto de Ley de Modernizacio…
En un país donde la tercerización se usa para abaratar costos y evadir obligaciones, este cambio deja a los asalariados más expuestos a abusos y vaciamiento patronal.
INDEMNIZACIONES REBAJADAS Y FONDOS PRIVADOS
Si bien el Gobierno niega una eliminación de la indemnización por despido, el proyecto establece topes estrictos al salario tomado como base de cálculo, reduciendo la compensación real que recibe un trabajador al ser despedido sin causa:
Proyecto de Ley de Modernizacio…
Además, habilita sistemas privados de fondos de cese laboral, administrados por entidades habilitadas, que reemplazarían el pago directo de indemnizaciones por parte del empleador:
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Esto significa una transferencia de recursos hacia administradoras financieras, y un nuevo riesgo: que el trabajador termine cobrando menos de lo que le corresponde si el fondo resulta insuficiente.
BANCO DE HORAS: MÁS TRABAJO POR EL MISMO PAGO
La iniciativa incorpora el banco de horas, permitiendo que las horas extras no necesariamente se paguen con recargo, sino que se compensen con francos futuros a voluntad empresarial:
Proyecto de Ley de Modernizacio…
En la práctica, se abarata el costo de la sobrecarga laboral y se desdibuja el límite de la jornada, afectando la salud y el descanso del trabajador.
RESTRICCIONES A LA JUSTICIA LABORAL
El proyecto introduce cambios en los procedimientos judiciales que dificultan el acceso al reclamo y licúan los créditos laborales en contextos de alta inflación:
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Además, limita los honorarios y costas legales, desalentando la defensa profesional y reduciendo la capacidad del trabajador para litigar contra una empresa con mayor poder económico. Proyecto de Ley de Modernizacio…
Es una ofensiva directa contra la Justicia del Trabajo, creada para compensar desigualdades estructurales en los conflictos laborales.
UN ATAQUE AL ESPÍRITU PROTECTOR DEL DERECHO DEL TRABAJO
El derecho laboral en Argentina tiene rango constitucional en su orientación protectoria: el trabajador es la parte débil de la relación y requiere tutela del Estado y la ley. Este proyecto, por el contrario, expande la libertad del empleador y reduce la del trabajador, amparándose en un discurso de competitividad que socializa pérdidas y privatiza ganancias.
Si este texto se convierte en ley, las conquistas alcanzadas por generaciones de lucha obrera quedarán seriamente amenazadas. El debate legislativo será decisivo para definir si Argentina se encamina hacia un modelo de precarización permanente, o si la democracia sostiene su compromiso con la dignidad del trabajo.