Un informe demoledor del Congreso expone el entramado de presunta estafa, descontrol estatal y maniobras financieras que involucran directamente al presidente Javier Milei. La magnitud del daño económico y político abre un escenario explosivo para la Casa Rosada.
El terremoto político que desató el informe final sobre la criptomoneda $LIBRA sacudió de lleno al Gobierno y expuso, con crudeza, un funcionamiento irregular del Estado que ya nadie puede disimular. Lo que comenzó como una sospecha aislada terminó convirtiéndose en una radiografía contundente de presuntas maniobras fraudulentas, vínculos económicos opacos y un esquema que, según la Comisión investigadora, no podría haberse desplegado sin la participación directa del Presidente de la Nación.
El documento parlamentario, basado en informes técnicos, registros de blockchain y documentación de exchanges internacionales, traza una línea clara: la promoción presidencial de una criptomoneda diseñada para un “rug pull” no fue un error, sino una pieza clave de un entramado que terminó afectando a miles de pequeños ahorristas.
La Comisión fue categórica: los hechos son “compatibles con una presunta estafa” y apuntan a un posible “mal desempeño en el ejercicio de sus funciones” por parte de Javier Milei. El informe da cuenta de datos que comprometen profundamente a la Casa Rosada. El Presidente habría difundido un número de contrato que no era público, sin explicar cómo lo obtuvo, mientras alentaba inversiones en un proyecto que técnicamente estaba destinado a colapsar.
Los números del daño económico hablan por sí solos: más de 114.000 billeteras perdieron dinero, con cientos de damnificados que llegaron a perder más de 100 mil dólares. La Casa Rosada había buscado minimizar el impacto, asegurando que solo cinco argentinos participaron. Sin embargo, una sola exchange informó que más de 1.300 ciudadanos argentinos operaron la moneda.
A esto se suman las transferencias de fondos detectadas entre los principales involucrados, movimientos que coinciden en fechas y montos con un presunto acuerdo para monetizar la imagen presidencial, con giros de 300 mil y 250 mil dólares en momentos claves del lanzamiento de $LIBRA.
Como si fuera poco, la investigación reveló que la historia no empezó con $LIBRA. Casos previos, como $KIP, CoinX y Vulcano, muestran un patrón repetido donde aparecen los mismos nombres y la imagen del entonces candidato Milei utilizada como parte de la promoción de criptomonedas que se desplomaron dejando a miles en pérdidas. Para la Comisión, esto derriba cualquier hipótesis de ingenuidad o desconocimiento: lo que hubo fue una evasión deliberada de los controles institucionales.
A esta trama se suma un dato alarmante: no existió control estatal previo. Exfuncionarios admitieron la ausencia total de protocolos y evaluaciones, lo que revela una desprotección absoluta del público frente a maniobras financieras de alto riesgo impulsadas desde el poder político.
El capítulo judicial también abrió una grieta que golpea al Gobierno. Una jueza de Nueva York señaló que los fondos obtenidos por la maniobra podrían tener como beneficiarios finales al propio Presidente y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Un golpe institucional inédito para un mandatario en ejercicio.
Frente a esta contundencia, el informe no se queda en diagnósticos: reclama al Congreso evaluar si Milei incurrió en mal desempeño y, además, denuncia penalmente a funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial que se negaron a colaborar y entorpecieron la investigación.
El documento marca un antes y un después. Pone en el centro del debate el límite entre la libertad económica que pregona el Gobierno y la obligación del Estado de proteger a sus ciudadanos. Hoy, la Casa Rosada enfrenta una tormenta perfecta: sospechas de fraude, ausencia de controles, vínculos económicos oscuros y miles de damnificados.
El caso $LIBRA ya no es un episodio aislado: es la expresión más cruda de un experimento libertario que, bajo la promesa de libertad absoluta, terminó dejando al Estado sin herramientas y a los argentinos sin defensa. Y cuyo costo político recién empieza a contarse.