La Confederación General del Trabajo (CGT) salió de la reciente reunión con el Gobierno con una inquietante certeza: la actual administración busca desmantelar el movimiento obrero tal como se lo conoce. Aunque estas conclusiones no se han hecho públicas, fuentes sindicales consultadas por EL DELEGADO confirmaron off the record que perciben un plan deliberado para reducir la población trabajadora y establecer un modelo de exclusión sin precedentes. “No nos van a dar nada”, afirmó una de las fuentes, sintetizando el sentimiento de desconfianza que prevalece en la cúpula sindical.
Allí se entabló un diálogo con los temas de mayor actualidad y reclamo desde nuestra representación.
DNU 70/23: Se solicitó retirar la apelación hecha por la Procuraduría General de la Nación ante la CSJN a la sentencia favorable a la postura de la CGT sobre la inconstitucionalidad del capítulo laboral del DNU 70/23 obtenida en la Cámara de Apelaciones del Trabajo.
Ley Bases: Cuestionamientos a los artículos votados por el Congreso respecto a la llamada “reforma Laboral”: Libertad Sindical, Protección Antidiscriminatoria, Intermediación Laboral, “Trabajadores Colaboradores” autónomos y fiscalización del empleo informal. El compromiso es permitir, dentro de la reglamentación pertinente, las observaciones que el equipo técnico legal de la CGT acerque a la Secretaría, con reuniones a realizarse dentro de los próximos 15 días.
Ley Paquete Fiscal: Se expresó el rechazo a la reincorporación del impuesto a las Ganancias sobre la Cuarta Categoría (Salarios). Más allá de las presentaciones judiciales que cada gremio considere realizar, se manifestó también la inviabilidad de pisos salariales considerados en diciembre del año pasado, solicitando una actualización por inflación desde entonces, de persistir esta normativa.
Discusión Salarial: Se solicitó el mantenimiento del régimen paritario de discusión sobre salarios con la libre negociación de las partes, sin intromisión de pautas porcentuales por parte del Gobierno. Se pidió la agilización inmediata de los acuerdos ya firmados y aún no homologados.
Por último, a modo de postura, esta central dejó su mirada diagnóstica y de reclamo respecto de un programa de Gobierno que no contempla la producción, el desarrollo y el trabajo, privilegiando solo la cuestión monetaria e inflacionaria. Se destacó el actual estado de profunda recesión, pérdidas de empleos en todas las actividades y caída del poder adquisitivo de trabajadores activos (regulares e informales) y pasivos, con una falta de perspectivas de mejora en la recuperación económica a corto plazo.
En medio de lo que parece ser una inminente fractura dentro de la CGT, motivada por las divergentes posturas de ciertos dirigentes hacia el Gobierno, el escepticismo respecto al llamado al diálogo es palpable. A pesar de la aparente disposición al diálogo del secretario de Trabajo, la creencia generalizada entre los gremialistas es que las decisiones cruciales se toman exclusivamente en el círculo íntimo del presidente Javier Milei, su hermana Karina y el ministro Caputo. Según un destacado líder sindical, estos tres actores buscan el “aniquilamiento” de los gremios. “Basta con leer los puntos principales de la reforma laboral para darse cuenta de que el Gobierno busca terminar con la representatividad de la CGT”, comentó uno de los líderes.
La desconfianza sindical no es infundada. Los gremialistas son conscientes de que el número de trabajadores sindicalizados ha disminuido drásticamente, y como reza el dicho popular, “la necesidad tiene cara de hereje”. En los círculos sindicales, se especula que el Gobierno pretende redefinir el financiamiento de los gremios. Se habla de eliminar los aportes voluntarios y retirarles el control de las obras sociales, pero a cambio, se les permitiría gestionar el nuevo fondo de desempleo que sustituiría las indemnizaciones. Este fondo formaría parte de los convenios colectivos de trabajo y estaría destinado a sostener a los afiliados en caso de despido, otorgando así a los sindicatos un papel crucial en su administración y protección.
La situación trae a la memoria los años 90, durante el neoliberalismo de Menem, cuando los “Gordos” de la CGT miraban hacia otro lado y cerraban acuerdos con el Gobierno, a menudo actuando como cómplices de un desempleo que rozó el 20%. Hoy, la central obrera enfrenta un desafío similar, aunque en un contexto global distinto. El sindicalismo tradicional se encuentra en una encrucijada frente a la pauperización de las condiciones laborales en un país donde, gracias a las políticas del actual gobierno y los errores del anterior, el salario promedio medido en dólares se encuentra entre los más bajos de la región.
En conclusión, la CGT emerge de esta reunión con el Gobierno con una clara percepción de hostilidad hacia el movimiento obrero. La administración Milei parece determinada a redefinir el papel de los gremios en un nuevo modelo económico que muchos sindicalistas ven como una amenaza directa a su existencia y representatividad. La central obrera enfrenta así una encrucijada histórica, obligada a navegar en un panorama político y social que busca su transformación radical o su desaparición definitiva.