La protesta de prácticos, pilotos y baqueanos logró frenar la aplicación de la desregulación impulsada por Javier Milei y Federico Sturzenegger. Los trabajadores sostienen que la reforma priorizaba el ahorro de costos por sobre la seguridad de la navegación.
El conflicto que paralizó durante varios días la actividad de los principales puertos del país terminó con un resultado que los gremios y las organizaciones profesionales consideran una victoria: el Gobierno nacional suspendió la aplicación del Decreto 690/2026 y aceptó abrir una mesa de negociación con los representantes del sector, luego de que la protesta dejara decenas de buques sin poder ingresar o salir de las terminales argentinas.
La medida oficial había sido presentada por la administración de Javier Milei como una reforma destinada a reducir los costos logísticos y aumentar la competencia en el servicio de practicaje y pilotaje. Sin embargo, desde el primer momento fue rechazada por los profesionales de la navegación, quienes advirtieron que la desregulación eliminaba resguardos históricos para una de las actividades más sensibles del sistema portuario argentino.
Para los trabajadores, el problema nunca fue económico sino operativo. Sostienen que la experiencia de los prácticos y pilotos no constituye un privilegio corporativo sino un requisito indispensable para garantizar maniobras seguras en ríos, canales y puertos con características únicas, como la Hidrovía Paraná-Paraguay.
Según explican, reemplazar ese conocimiento local por criterios más flexibles implica incrementar riesgos de accidentes ambientales, varaduras y siniestros que podrían afectar no sólo a las embarcaciones sino también al comercio exterior y a las poblaciones ribereñas.
La reacción fue inmediata. Prácticos, pilotos y baqueanos dejaron de prestar servicios y la actividad comenzó a paralizarse en gran parte del sistema portuario. La protesta afectó el movimiento de más de un centenar de buques, entre ellos embarcaciones destinadas a exportaciones agroindustriales y cargamentos de combustibles, con un fuerte impacto sobre la logística nacional.
Lejos de abrir inicialmente una instancia de diálogo, el Gobierno respondió con intimaciones de la Prefectura Naval y advirtió sobre posibles sanciones contra quienes no retomaran las tareas. Esa decisión fue interpretada por los sectores sindicales y profesionales como un intento de disciplinamiento antes que de búsqueda de soluciones.
Desde las organizaciones del sector insistieron en que nunca estuvieron dispuestas a resignar estándares de seguridad construidos durante décadas para satisfacer un esquema de reducción de costos. Afirman que el practicaje no puede analizarse únicamente desde una lógica económica porque interviene directamente en la prevención de accidentes y en la protección de la navegación.
La presión ejercida por la medida de fuerza terminó modificando el escenario. Tras intensas negociaciones, el Poder Ejecutivo resolvió dejar sin efecto, de manera transitoria, la aplicación del decreto cuestionado y conformar una mesa técnica para revisar la normativa junto con los representantes de la actividad. Como parte del entendimiento también se acordó avanzar en una reducción de tarifas, mientras continúan las conversaciones.
Para los trabajadores, el desenlace dejó una enseñanza política clara: cuando las reformas se diseñan sin consultar a quienes conocen la actividad desde adentro, terminan generando conflictos evitables. En ese sentido, consideran que el Gobierno debió retroceder porque intentó imponer cambios estructurales sin consenso y sin evaluar suficientemente las consecuencias sobre la seguridad de la navegación.
El episodio también reabrió el debate sobre el alcance de las políticas de desregulación impulsadas por la administración nacional. Mientras el Ejecutivo sostiene que la apertura del mercado permitirá reducir costos y mejorar la competitividad logística, los sindicatos advierten que existen servicios estratégicos en los que la seguridad operacional no puede quedar subordinada exclusivamente a criterios de eficiencia económica.
Con la suspensión del decreto y el inicio de una mesa de negociación, el conflicto ingresó ahora en una nueva etapa. Para los gremios, el objetivo será preservar un sistema que consideran esencial para proteger la navegación y el comercio exterior argentino, mientras el Gobierno deberá demostrar que cualquier modificación futura podrá compatibilizar la búsqueda de menores costos con las exigencias de seguridad que demanda una de las actividades más críticas del transporte marítimo y fluvial.