La reducción del Estado impulsada por el presidente Javier Milei ya dejó una de las consecuencias sociales más profundas de su gestión: decenas de miles de trabajadores despedidos, organismos debilitados y empresas públicas estratégicas vaciadas de personal. Detrás de la promesa de “achicar el Estado” aparece una realidad marcada por familias que perdieron su sustento y por un aparato estatal que, según distintos especialistas, resigna capacidad para garantizar derechos, prestar servicios esenciales y sostener políticas públicas.
Ese es el diagnóstico que presenta el informe “La dotación de personal del Sector Público Nacional”, elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que analiza la evolución del empleo estatal entre noviembre de 2023 y junio de 2026.
El trabajo concluye que durante ese período se perdieron 71.661 puestos de trabajo, equivalente a una reducción del 21 por ciento de la planta del Sector Público Nacional. Traducido a la vida cotidiana, significa que desde el inicio de la administración libertaria desaparecieron, en promedio, casi 72 empleos públicos por día.
Para la consultora, el ajuste no constituye únicamente una reducción del gasto sino un proceso de desmantelamiento del Estado. El documento sostiene que la política aplicada desde diciembre de 2023 implicó un recorte persistente del empleo público y un debilitamiento de organismos considerados estratégicos para el funcionamiento estatal.
El impacto alcanzó prácticamente a todas las áreas de la administración nacional, aunque con distinta intensidad. En términos absolutos, la mayor cantidad de despidos se concentró en los organismos descentralizados, seguidos por las empresas y sociedades del Estado y la administración centralizada. Sin embargo, proporcionalmente, el mayor golpe recayó sobre la administración central, donde el informe interpreta que existe un verdadero vaciamiento de funciones propias del Poder Ejecutivo.
Las cifras muestran además que el ajuste avanzó sobre empresas públicas con fuerte presencia territorial. El Correo Argentino encabeza el listado con 5.578 trabajadores despedidos, seguido por la Operadora Ferroviaria, con 4.208 cesantías; el Banco Nación, con 2.363, y Aerolíneas Argentinas, con 1.990 desvinculaciones. También aparecen entre los organismos más afectados AYSA, Casa de la Moneda, Corredores Viales, Belgrano Cargas y Fabricaciones Militares.
Según CEPA, estos recortes exceden la dimensión laboral porque afectan servicios que el mercado difícilmente cubra. El informe señala que el Correo garantiza presencia en zonas donde operadores privados no llegan, distribuye documentación oficial, medicamentos y materiales educativos, mientras que la reducción en el sistema ferroviario compromete la operación y el mantenimiento del transporte de pasajeros.
El caso más extremo en términos porcentuales fue el de la ex Télam, rebautizada como Agencia de Publicidad del Estado, donde se eliminó el 79 por ciento de la dotación. Le siguieron ENARSA Patagonia, Educar S.A., Contenidos Públicos y Casa de la Moneda, todas con reducciones que, de acuerdo con el informe, modifican profundamente la capacidad operativa de esas instituciones.
La ofensiva también alcanzó a organismos técnicos y científicos. Dentro de la Administración Pública Nacional, el mayor recorte nominal se registró en ARCA, con 3.427 puestos eliminados. Luego aparecen la ANSES, con 2.982 despidos, y el CONICET, con 2.057 trabajadores menos. También figuran entre los organismos más afectados Vialidad Nacional, ENACOM, INTI, INTA y las estructuras centrales de las Fuerzas Armadas.
Para CEPA, la reducción del personal en estos organismos compromete capacidades estratégicas del Estado vinculadas con la investigación científica, la innovación tecnológica, la asistencia a pequeñas y medianas empresas, la administración previsional, la conectividad, la producción agropecuaria y el control estatal. El documento sostiene que el criterio aplicado fue esencialmente cuantitativo y no contempló el impacto institucional de las cesantías.
Cuando el análisis se realiza en términos porcentuales, el organismo más castigado fue el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que perdió el 62 por ciento de su personal. Detrás aparecen la Junta de Seguridad en el Transporte, con una reducción del 53 por ciento, y el INAES, donde desapareció el 46 por ciento de la planta. También registran fuertes disminuciones la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el ENACOM, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Fondo Nacional de las Artes y el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La consultora advierte que estos organismos cumplen funciones sensibles en materia de políticas sociales, seguridad del transporte, promoción del cooperativismo, ciencia, cultura, comunicaciones y derechos humanos. Desde esa perspectiva, sostiene que la reducción del personal implica una pérdida de capacidades públicas cuya reconstrucción demandaría años.
El informe concluye que la administración de Milei impulsó una política deliberada de ajuste sobre el empleo público que modificó de manera estructural el funcionamiento del Estado nacional. Según CEPA, lejos de representar únicamente un ahorro fiscal, el recorte significó el vaciamiento de áreas estratégicas y la pérdida de miles de puestos de trabajo, con consecuencias que exceden el ámbito laboral y alcanzan la calidad de los servicios que reciben millones de argentinos.