(Pablo Roma) – La salida del titular del INDEC dejó al descubierto una decisión política: sostener números “a medida” mientras el ajuste pulveriza salarios, jubilaciones y el ánimo social de millones de argentinos.
La renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC no fue un hecho aislado ni un movimiento administrativo más dentro del Estado. Fue, en los hechos, la confirmación de que el Gobierno de Javier Milei decidió priorizar el relato por encima de la realidad. Ocurrió en el momento más sensible: cuando el organismo estadístico se aprestaba a actualizar la metodología para medir la inflación y reflejar, por fin, el verdadero impacto del costo de vida sobre los hogares argentinos.
Desde el inicio de la gestión libertaria, la baja de la inflación se convirtió en el principal argumento político para justificar el brutal ajuste económico. Cada índice mensual es presentado como una victoria, aun cuando salarios, jubilaciones y planes sociales siguen corriendo muy por detrás de los precios. La pregunta que empezó a incomodar puertas adentro del INDEC fue simple y peligrosa para el relato oficial: ¿la inflación que se mide es la que realmente se vive?
Lavagna impulsaba una actualización largamente reclamada por técnicos y especialistas, basada en una canasta de consumo más cercana a la realidad actual, donde tarifas, transporte, alquileres y servicios tienen un peso determinante. La implementación de ese cambio amenazaba con desnudar una verdad incómoda: que la inflación real es sensiblemente más alta que la que celebra el Gobierno en sus conferencias de prensa.
La respuesta política fue inmediata. El cambio metodológico quedó congelado con el argumento de que podría “generar confusión” y que se aplicará cuando la inflación esté “completamente controlada”. En otras palabras, cuando ya no moleste. Así, el Gobierno optó por sostener un índice que subestima el golpe del ajuste y posterga cualquier medición que refleje el deterioro real del poder adquisitivo.
La salida de Lavagna reavivó además las alarmas sobre la independencia del INDEC, un organismo que supo ser símbolo de manipulación durante otros períodos de la historia argentina. Para los trabajadores y sectores sindicales, el mensaje es claro: cuando los números no acompañan el discurso oficial, se los acomoda o se los posterga.
Mientras tanto, en la vida cotidiana, la inflación no necesita explicaciones técnicas. Está en el changuito del supermercado, en las boletas de luz y gas, en los alquileres impagables y en el transporte que aumenta mes a mes. Esa inflación —la real— no baja, no se desacelera y mucho menos se siente como un alivio. Por el contrario, profundiza el malestar social y la bronca silenciosa de quienes ya no llegan a fin de mes.
El contraste entre los números oficiales y la realidad de los bolsillos alimenta una sensación cada vez más extendida: el Gobierno miente cuando habla de inflación controlada. No se trata solo de estadísticas, sino de una estrategia política que busca legitimar un ajuste feroz ocultando sus verdaderas consecuencias.
La renuncia de Lavagna fue un síntoma, no una causa. Expuso una decisión de fondo: usar la estadística como herramienta de propaganda y no como un instrumento al servicio de la sociedad. En un país donde los salarios se licúan y el trabajo pierde derechos, la mentira inflacionaria no es un error técnico: es parte del modelo.