Un informe del CEPA advierte que detrás de las metas flexibilizadas del organismo internacional se esconde una profundización del ajuste, con caída del empleo, pérdida salarial, aumento de la morosidad y nuevas reformas que impactarán sobre amplios sectores de la sociedad
Mientras el Gobierno celebra la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un análisis elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que dirige el economista Hernán Letcher, revela una realidad mucho menos alentadora. Lejos de consolidar un sendero de crecimiento sostenible, el programa económico aparece cada vez más condicionado por exigencias de ajuste que recaen sobre trabajadores, jubilados, provincias y sectores productivos ligados al mercado interno.
El informe sostiene que el FMI volvió a respaldar la estrategia oficial basada en el denominado “ancla fiscal”, aunque al mismo tiempo reconoce que para alcanzar las metas comprometidas será necesario profundizar los recortes del gasto público. Entre las áreas señaladas para nuevos ajustes figuran el gasto social, los subsidios energéticos, los salarios estatales y la obra pública.
Según CEPA, la situación adquiere una particular gravedad porque el propio organismo internacional admite que la recaudación viene mostrando signos de debilidad. En ese contexto, el Gobierno optó por incumplir leyes aprobadas por el Congreso vinculadas al financiamiento universitario y a las prestaciones para personas con discapacidad, además de postergar la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral contemplado en la reforma laboral.
La paradoja, señala el trabajo, es que el oficialismo había presentado ese fondo como una de las principales herramientas para impulsar el empleo. Sin embargo, su implementación quedó suspendida, dejando sin efecto uno de los argumentos centrales utilizados para defender la flexibilización laboral.
Otro de los puntos más controvertidos surge del análisis de las cuentas públicas. Aunque el Gobierno exhibe superávit financiero como una de sus principales credenciales, el propio FMI reconoce que ese resultado excluye intereses capitalizados de la deuda. Cuando esos compromisos son incorporados al cálculo, el superávit desaparece y se transforma en un déficit equivalente al 0,8 por ciento del Producto Bruto Interno.
Para CEPA, este reconocimiento constituye una validación de las advertencias que distintos economistas venían realizando sobre la existencia de pasivos que permanecen fuera de las estadísticas oficiales más difundidas.
En materia de reservas internacionales, el informe destaca que el Fondo volvió a flexibilizar significativamente las metas originalmente pactadas. La exigencia de acumulación para mitad de año fue reducida en casi 12.000 millones de dólares, mientras que cambios metodológicos vinculados a la valuación de activos aportaron otros 3.000 millones de dólares de alivio contable.
La consecuencia inmediata es que el Gobierno aparece hoy cumpliendo objetivos que, bajo las condiciones iniciales del acuerdo, se encontraban muy lejos de alcanzarse. Para los técnicos de CEPA, esta situación refleja una adaptación de las metas a las dificultades concretas que enfrenta la economía argentina para generar divisas genuinas.
El capítulo referido a la inflación también contiene observaciones relevantes. El FMI reconoce que la metodología utilizada para medir el Índice de Precios al Consumidor quedó desactualizada y resulta cada vez menos representativa de los hábitos reales de consumo. Sin embargo, avala la decisión oficial de postergar la actualización de la canasta.
Las estimaciones realizadas por el CEPA indican que, utilizando ponderaciones más recientes, la inflación acumulada desde diciembre de 2023 sería sustancialmente superior a la informada oficialmente. Esa diferencia tiene impacto directo sobre la medición de salarios, jubilaciones y pobreza.
Pero quizás el aspecto más preocupante del documento sea el referido al mercado laboral. El propio FMI admite que la recuperación económica fue profundamente desigual. Mientras sectores como el agro, la minería y las finanzas exhibieron un fuerte crecimiento, actividades intensivas en empleo como la construcción, la industria manufacturera y el comercio continúan en retroceso.
La consecuencia es visible en los indicadores sociales. Desde la llegada de Javier Milei al poder se perdieron más de 327.000 puestos de trabajo registrados, mientras que el salario real continúa mostrando un deterioro persistente.
Lejos de tratarse de una situación transitoria, el informe sostiene que la caída del empleo y del poder adquisitivo se profundizó incluso después de las elecciones legislativas de 2025, contradiciendo la explicación oficial que atribuía las dificultades a la incertidumbre política.
La creciente fragilidad de los hogares también se refleja en otro dato alarmante: la morosidad. Tanto bancos como entidades financieras no bancarias registran niveles de incumplimiento cada vez mayores. En el caso de las fintech y billeteras virtuales, los índices ya superan los observados durante la pandemia.
Para CEPA, el endeudamiento creciente de las familias constituye una consecuencia directa de la pérdida de ingresos y de la necesidad de financiar consumos básicos mediante crédito.
Las reformas comprometidas ante el Fondo tampoco ofrecen un panorama tranquilizador. El organismo impulsa cambios previsionales que incluyen la eliminación de moratorias, la revisión de regímenes especiales y la posibilidad de elevar progresivamente la edad jubilatoria.
Al mismo tiempo, promueve una reforma tributaria que ampliaría el universo alcanzado por el Impuesto a las Ganancias, aumentaría la presión sobre monotributistas y reduciría progresivamente tributos que gravan a sectores exportadores y grandes empresas.
A ello se suma un ambicioso programa de privatizaciones que contempla concesiones y ventas de activos públicos por unos 4.000 millones de dólares entre 2026 y 2027.
El informe concluye con una advertencia que atraviesa todo el documento. A pesar de los elogios que el FMI dedica a algunos aspectos del programa económico, el propio organismo mantiene una evaluación de riesgo elevada sobre la deuda argentina y considera que la sostenibilidad financiera sigue dependiendo de variables altamente inciertas, como la acumulación de reservas y el acceso al crédito internacional.
En ese escenario, CEPA sostiene que el costo del cumplimiento de las metas acordadas continúa desplazándose sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, mientras los beneficios de la recuperación económica permanecen concentrados en un grupo reducido de actividades vinculadas a la exportación, los recursos naturales y el sistema financiero.
La pregunta que sobrevuela el análisis es tan simple como inquietante: cuánto ajuste adicional podrá absorber la sociedad argentina antes de que las tensiones económicas terminen convirtiéndose en un problema político de mayor magnitud.