Un informe revela que el costo de la vivienda empuja a más de 230 mil porteños hacia la pobreza y deja al descubierto la crisis habitacional que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires
La Ciudad de Buenos Aires exhibe indicadores macroeconómicos que hablan de desaceleración de la inflación y mayor estabilidad en el mercado inmobiliario. Sin embargo, detrás de esos números persiste una realidad que golpea a cientos de miles de familias trabajadoras: alquilar continúa siendo una de las principales causas de deterioro del ingreso y de pérdida de calidad de vida.
Así lo demuestra un extenso informe elaborado por el Centro de Estudios Tejido Urbano, que advierte que uno de cada tres hogares porteños vive en una vivienda alquilada. En términos concretos, entre 425.000 y 500.000 familias dependen del mercado locativo para acceder a un derecho básico como la vivienda.
Pero el dato más contundente surge cuando el estudio incorpora el alquiler como gasto efectivo dentro de la economía familiar. Allí aparece una realidad que las estadísticas oficiales no reflejan: más de 233.000 personas cambian de categoría social únicamente por el peso que representa pagar un alquiler.
Es decir, trabajadores que según las mediciones tradicionales no son pobres pasan a serlo cuando deben afrontar todos los meses el costo de sostener un techo.
La pobreza que las estadísticas esconden
El trabajo sostiene que los indicadores oficiales clasifican a los hogares únicamente por sus ingresos, sin descontar el dinero destinado al alquiler.
Cuando ese gasto se incorpora al cálculo, el panorama cambia drásticamente.
La indigencia pasa del 1,9 al 6,9 por ciento de la población porteña.
La pobreza aumenta del 7 al 9,7 por ciento.
Al mismo tiempo, la población considerada “no vulnerable” cae casi seis puntos porcentuales.
En total, cerca del ocho por ciento de los habitantes de la Ciudad modifica su situación social exclusivamente por el impacto del alquiler sobre sus ingresos disponibles.
El estudio sostiene que la pobreza tradicional “subestima la fragilidad” de miles de hogares y que buena parte de la denominada clase media sobrevive únicamente porque las mediciones oficiales no contemplan el enorme peso que representa acceder a una vivienda.
Salarios que nunca alcanzan
Aunque durante 2025 y el primer semestre de 2026 los alquileres comenzaron a crecer por debajo de la inflación y el mercado recuperó cierta estabilidad luego de la derogación de la Ley de Alquileres, el problema sigue estando del mismo lado: los salarios.
Según el informe, los alquileres reales volvieron prácticamente a los niveles de 2016.
Los ingresos, en cambio, permanecen alrededor de un 23 por ciento por debajo del poder adquisitivo que tenían hace una década.
En consecuencia, el acceso a una vivienda continúa dependiendo menos del precio publicado y mucho más de la debilidad de los ingresos laborales.
Para un trabajador promedio de la Ciudad, alquilar un departamento de dos ambientes implica destinar el 38 por ciento del salario.
En el caso de los trabajadores informales y de buena parte del empleo público, ese esfuerzo supera ampliamente el 50 por ciento de los ingresos, muy por encima del límite internacional considerado razonable.
Entrar a alquilar cuesta millones
La crisis no termina con el pago mensual.
Acceder a una vivienda también exige reunir una suma prácticamente imposible para la mayoría de las familias.
Entre depósito, adelanto, seguro de caución y otros gastos iniciales, ingresar a un departamento de dos ambientes requiere disponer de entre tres y tres millones y medio de pesos.
Para numerosos hogares representa más de un salario y medio completo, sin contar mudanza, muebles, conexiones de servicios ni otros costos inevitables.
El propio informe reconoce que muchas inmobiliarias siguen exigiendo condiciones todavía más gravosas, incrementando aún más las barreras de acceso.
El alquiler dejó de ser una etapa transitoria
Otra de las conclusiones que rompe con viejos paradigmas es que alquilar ya no constituye una situación pasajera reservada a los jóvenes.
Hace veinte años la mayoría lograba acceder a una vivienda propia alrededor de los cuarenta años.
Hoy ese momento se postergó aproximadamente una década.
Las personas permanecen mucho más tiempo dentro del mercado locativo y, en muchos casos, transitan prácticamente toda su vida adulta pagando alquiler.
El estudio muestra que entre los 25 y los 39 años predominan ampliamente los inquilinos, mientras que recién después de los 45 años comienza a crecer la cantidad de propietarios.
La vivienda propia aparece cada vez más lejos para amplios sectores de trabajadores.
Crédito hipotecario, una posibilidad para pocos
La recuperación parcial del crédito hipotecario tampoco alcanza para modificar este escenario.
De acuerdo con las estimaciones, apenas uno de cada cinco hogares inquilinos reúne las condiciones económicas necesarias para acceder a un préstamo.
La enorme mayoría queda excluida porque no alcanza los ingresos exigidos o porque trabaja en condiciones de informalidad.
Incluso quienes podrían calificar necesitan además reunir un ahorro previo cercano al 25 por ciento del valor de la propiedad, un requisito prácticamente inalcanzable para familias que destinan gran parte de sus ingresos al alquiler.
El derecho a la vivienda sigue siendo una deuda
Más allá de la estabilización de algunos indicadores económicos, el informe deja una conclusión difícil de ignorar.
El problema habitacional ya no puede analizarse únicamente desde la evolución de los precios del mercado inmobiliario.
La verdadera discusión pasa por la capacidad de los trabajadores para sostener una vivienda sin resignar alimentación, salud, educación o endeudarse para llegar a fin de mes.
Mientras millones de pesos separan a miles de familias del acceso a una vivienda y el alquiler continúa absorbiendo una parte creciente del salario, el derecho constitucional a un techo digno permanece condicionado por las reglas del mercado.
Detrás de la aparente normalización de los alquileres, la realidad cotidiana muestra que para cientos de miles de porteños la vivienda dejó de ser un derecho garantizado para convertirse en una carrera permanente por no caer en la pobreza.