El sindicalismo logró un importante revés contra el mega DNU del Gobierno. La Justicia declaró inconstitucionales dos artículos del Decreto 70/2023 que eliminaban la retención automática de aportes sindicales, garantizando así la continuidad del financiamiento gremial.
El Juzgado Federal N°2 de Azul falló a favor del Centro de Empleados de Comercio de Olavarría y anuló los artículos 73 y 86 del DNU, que exigían la autorización expresa de los trabajadores para retener las cuotas sindicales y solidarias. El juez Martín Bava consideró que la norma impulsada por el Ejecutivo vulneraba derechos laborales y avanzaba sobre facultades exclusivas del Congreso.
“El decreto constituye un avasallamiento de las funciones exclusivas del Poder Legislativo y un apartamiento del sistema republicano instaurado en nuestra Constitución”, afirmó el magistrado en su resolución. Además, subrayó que el Gobierno no logró demostrar la urgencia necesaria para justificar la imposición de la medida sin debate parlamentario.
La decisión judicial refuerza la posición de los gremios, que alertaron sobre el impacto negativo de la reforma. En el caso del sindicato mercantil, la eliminación de la obligatoriedad de los aportes alteraba lo establecido en la convención colectiva de trabajo y desfinanciaba gravemente a la organización.
El fallo de Bava se suma a la medida cautelar que ya había emitido en marzo de 2024 y que fue ratificada por la Cámara Federal de Mar del Plata. En su argumentación, el juez citó la jurisprudencia de la Corte Suprema en el caso Verrocchi, recordando que un DNU solo es válido si se cumplen dos condiciones: que sea imposible dictar una ley por el trámite ordinario y que la situación sea tan urgente que no permita esperar el proceso legislativo habitual.
“La protección de los derechos sociales no puede ser aniquilada ni siquiera en contextos de emergencia”, remarcó el magistrado, marcando un límite claro a los intentos del Gobierno de modificar unilateralmente el esquema de financiamiento sindical.
El fallo sienta un precedente clave y abre la puerta a nuevas presentaciones judiciales contra otros aspectos del DNU 70/2023, que continúa generando resistencia en el ámbito laboral y sindical.