La Argentina avanza hacia una emergencia vial sin precedentes mientras el Gobierno nacional profundiza una política de desinversión en obra pública que tiene consecuencias directas sobre la vida de los trabajadores, la seguridad de millones de usuarios y la integración territorial del país. Lejos de tratarse de errores de gestión o limitaciones presupuestarias, el deterioro acelerado de la Red Vial Nacional responde —según advierte un informe técnico de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA)— a una decisión política deliberada: vaciar al Estado de su capacidad operativa y convertir a la infraestructura en una variable de ajuste.
El documento es contundente. Describe un escenario de “desmantelamiento institucional, riesgo sistémico y emergencia vial” que tiene como epicentro a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), organismo estratégico creado para garantizar conectividad, desarrollo productivo y seguridad vial. Desde la asunción de Javier Milei, la DNV atraviesa el proceso de vaciamiento más profundo de su historia, con despidos masivos, congelamiento salarial, retiros forzados y asfixia presupuestaria como ejes de una política que castiga directamente a sus trabajadores y, por extensión, a toda la sociedad.
TRABAJADORES EXPULSADOS, SABERES DESTRUIDOS
Más de 800 trabajadores especializados —ingenieros, técnicos, laboratoristas, topógrafos y operarios— ya fueron expulsados del organismo, y otros 900 podrían seguir el mismo camino. No se trata de “eficiencia” ni de “modernización”, sino de la destrucción lisa y llana del capital humano acumulado durante décadas. La DNV existe hoy apenas como un cascarón administrativo, sin capacidad real para planificar, ejecutar ni controlar el mantenimiento de las rutas nacionales
El intento de disolución del organismo mediante el Decreto 461/2025, finalmente frenado por la Justicia y el Congreso gracias a la movilización sindical, dejó al descubierto la orientación ideológica del Gobierno: retirar al Estado de una función esencial y preparar el terreno para esquemas de privatización sin control público. Aunque la disolución formal fue rechazada, el vaciamiento continúa por vías más silenciosas pero igual de letales.
AJUSTE BRUTAL Y OBRAS PARALIZADAS
En paralelo, el ajuste presupuestario es devastador. El informe advierte que el presupuesto consolidado proyecta una caída real cercana al 75 por ciento respecto de 2023, a lo que se suma una subejecución superior al 50 por ciento durante 2024 y 2025. Incluso los fondos específicos provenientes del Impuesto a los Combustibles —que los usuarios pagan para financiar rutas— no se ejecutan, pese a que la recaudación existe. No hay restricción fiscal: hay decisión política de no invertir.
La consecuencia directa es visible en todo el territorio nacional. Entre el 65 y el 70 por ciento de la Red Vial Nacional se encuentra hoy en estado regular o malo. El mantenimiento preventivo fue abandonado y reemplazado por bacheos precarios que apenas “administran el riesgo” hasta el próximo accidente. La velocidad media cae, los costos logísticos se disparan y la siniestralidad vial crece de manera alarmante.
MUERTES EVITABLES Y RESPONSABILIDADES POLÍTICAS
Las cifras son escalofriantes. Miles de muertes anuales en rutas argentinas no son un destino inevitable, sino el resultado directo de decisiones políticas. No declarar la emergencia vial frente a este escenario equivale, según el informe, a asumir una responsabilidad directa sobre cada siniestro evitable. El deterioro mata, y lo hace de manera regresiva, golpeando con más fuerza a los trabajadores, a las economías regionales y a las provincias periféricas.
En corredores estratégicos como las rutas nacionales 33, 151, 34, 66 o 119, el colapso es total. Tramos intransitables, baches profundos, pérdida de capacidad estructural y ausencia de señalización convierten cada viaje en una ruleta rusa. En muchos casos, son los propios vecinos y trabajadores quienes deben improvisar señalizaciones y organizar reclamos para advertir peligros que el Estado dejó de atender.
DEFENDER LA OBRA PÚBLICA ES DEFENDER EL TRABAJO Y LA VIDA
El informe de FEPEVINA es claro en su conclusión: la infraestructura vial no es un gasto, es inversión pública, seguridad y soberanía. Cada peso “ahorrado” hoy se multiplicará en costos futuros de reconstrucción, litigios y vidas perdidas. Persistir en la política de “obra pública cero” no solo condena a los trabajadores de Vialidad al desempleo y la precarización, sino que empuja al país hacia una crisis estructural de consecuencias incalculables.
Las rutas no colapsaron por azar. Están siendo abandonadas. Y ese abandono tiene responsables políticos concretos. Defender a los trabajadores viales y exigir inversión en infraestructura no es una consigna ideológica: es una urgencia social frente a un modelo que ajusta sobre el trabajo, la seguridad y la vida misma,