Más de 300 empresarios, industriales y dirigentes sindicales se encontraron en Rosario para construir una agenda común frente al deterioro de la actividad, la caída del consumo y la pérdida de puestos de trabajo. La CGT y las entidades que representan a las pequeñas y medianas empresas coincidieron en que la estabilidad macroeconómica no alcanza si se destruye el entramado productivo nacional.
Una fotografía poco habitual comenzó a tomar forma en Rosario: dirigentes sindicales y empresarios pyme sentados en la misma mesa para discutir cómo frenar el deterioro de la economía real. El encuentro “Argentina Produce: Diálogo que Construye”, convocado por la CGT, CAME, FISFE y ADIMRA, dejó un mensaje que trasciende las diferencias históricas entre capital y trabajo: sin industria, sin pequeñas empresas y sin trabajadores con ingresos suficientes, no hay proyecto de desarrollo posible para la Argentina.
La reunión tuvo lugar en la Asociación Empresaria de Rosario y reunió a más de 300 representantes del sector productivo, empresarial, sindical y académico. Pero detrás de la convocatoria institucional apareció una definición política que incomoda al Gobierno de Javier Milei: la necesidad de discutir qué economía se quiere construir y quiénes serán los beneficiarios del crecimiento.
El diagnóstico compartido fue duro. Menos actividad industrial, menor consumo, dificultades para las pymes y pérdida de empleo formal forman parte de una realidad que, según los participantes, no puede ser resuelta únicamente con equilibrio fiscal, apertura comercial y reducción de la inflación.
Jorge Sola, secretario general de la CGT, fue uno de los dirigentes que puso el conflicto sobre la mesa. Advirtió que desde diciembre de 2023 se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo formales y desaparecieron más de 30.000 pequeñas y medianas empresas.
Para el dirigente sindical, empresarios y trabajadores tienen intereses diferentes, pero existe un punto en el que pueden caminar juntos: defender la producción y generar “más y mejor riqueza para la Argentina”. En esa línea, cuestionó la falta de un proyecto para la industria y el comercio y planteó que quienes participaron del encuentro pueden convertirse en protagonistas de una nueva política productiva.
“No vemos proyectos para la industria ni para el comercio. Hay una oportunidad para corregir ese rumbo, y quienes estamos acá somos actores importantes para la construcción de una política productiva”, sostuvo Sola.
La frase tuvo un significado que excedió la jornada. La CGT viene planteando que el deterioro del empleo no puede ser presentado como un costo inevitable de la transformación económica. Para el movimiento obrero, cada puesto de trabajo perdido significa una familia con menor capacidad de consumo y un nuevo golpe para el mercado interno.
En Rosario, esa mirada encontró un aliado inesperado en el empresariado pyme.
El presidente de CAME, Ricardo Diab, explicó que la situación afecta simultáneamente a empresarios y trabajadores porque las pequeñas empresas forman parte de comunidades productivas donde unos dependen de otros. “Cada fábrica que cierra implica empleos que se pierden, y cada trabajador que se queda sin ingresos fijos es, a la vez, un consumidor que el sector comercial pierde”, afirmó.
La definición pone en discusión uno de los pilares del modelo económico vigente. Si la producción nacional es reemplazada por productos importados, el problema no termina en la fábrica que deja de producir. La pérdida se extiende al proveedor, al comercio, al trabajador y finalmente al consumidor.
Diab también remarcó que la mayoría de las empresas representadas por CAME tiene menos de diez trabajadores. “No estamos en contra de nadie, estamos a favor de lo que sea mejor para las pymes y sus empleados”, señaló.
Ese punto explica buena parte de la alianza que comenzó a construirse en Rosario. Para una pequeña empresa nacional, el trabajador no es solamente un costo laboral: también es parte del mercado que compra lo que produce el propio entramado empresario argentino.
Por eso, la caída del salario y del empleo termina golpeando a las mismas pymes que el Gobierno presenta como protagonistas del desarrollo. Menos ingresos significan menos consumo; menos consumo significa menos ventas; y menos ventas pueden convertirse en cierre de empresas y pérdida de puestos de trabajo.
Desde el sector industrial, el presidente de FISFE, Javier Martín, reconoció los avances en materia de estabilidad macroeconómica e inflación, pero marcó una diferencia central: todavía no aparecen políticas suficientes para aumentar la capacidad productiva.
El dirigente santafesino anticipó además que el segundo semestre será “muy complicado” para la industria y sostuvo que la Argentina tiene enormes oportunidades en sectores como el gas, el petróleo, la minería y el agro, aunque advirtió que esos recursos no alcanzan por sí solos para construir una economía capaz de generar empleo para toda la población.
“Necesitamos un proyecto productivo que incorpore ciencia, tecnología y trabajo calificado”, reclamó.
El titular de ADIMRA, Elio Del Re, completó el planteo con una definición que funciona como contracara del discurso que suele ubicar a la industria como un sector que debe adaptarse al mercado sin protección ni políticas específicas.
“La industria no es el problema de Argentina, es parte de la solución”, sostuvo.
Para los dirigentes reunidos en Rosario, el desafío consiste precisamente en evitar que la Argentina quede reducida a exportar recursos naturales mientras una parte de su industria pierde competitividad, las pymes cierran y el empleo formal se achica.
El desarrollo de Vaca Muerta, la expansión agroindustrial, la minería y las nuevas oportunidades energéticas fueron mencionados como motores potenciales de crecimiento. Pero la discusión planteada por empresarios y sindicalistas es qué cantidad de ese crecimiento quedará dentro del país y cuánto podrá traducirse en nuevas fábricas, proveedores nacionales, empleos registrados y mejores salarios.
La discusión toca uno de los nervios centrales del programa de Milei. Mientras el Gobierno apuesta por una economía más abierta y con menor intervención estatal, los sectores reunidos en Rosario reclamaron una estrategia que contemple al entramado productivo nacional y al mercado interno.
No se trata, según plantearon, de negar la necesidad de estabilidad macroeconómica. El reclamo es que esa estabilidad tenga un correlato en la economía cotidiana. Para las pymes, la macroeconomía se mide también en ventas, crédito, costos, inversión y posibilidades de sostener los puestos de trabajo. Para los trabajadores, se traduce en salario, empleo registrado y capacidad para llegar a fin de mes.
El documento y las coincidencias alcanzadas en Rosario apuntan además hacia una discusión de largo plazo. Los organizadores plantearon la necesidad de reconstruir un diálogo social amplio entre quienes invierten, producen y generan empleo y quienes trabajan. La intención es avanzar en una agenda que pueda proyectarse hacia los próximos años, incluso con la mirada puesta en 2027.
La señal política es difícil de ignorar. La CGT y buena parte del empresariado pyme no suelen compartir estrategias ni intereses. Sin embargo, la profundidad de la crisis productiva comienza a generar un punto de encuentro: la defensa de las empresas nacionales y del empleo formal frente a un modelo que, según sus críticos, puede mejorar algunos indicadores financieros mientras deja un costo creciente sobre la economía real.
Rosario funcionó así como una primera fotografía de una posible alianza entre dos actores que necesitan recuperar protagonismo: los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas argentinas. Ambos sectores coinciden en que el país necesita producir más, pero también en que esa producción debe generar trabajo, salarios y consumo dentro de sus fronteras.
El mensaje final fue contundente. La Argentina no puede construir su futuro solamente desde los números fiscales o financieros. Necesita fábricas abiertas, comercios funcionando, pymes invirtiendo y trabajadores con ingresos suficientes para sostener el mercado interno.
Y esa discusión, que durante los primeros años del Gobierno de Milei quedó muchas veces fragmentada entre reclamos sindicales y demandas empresarias, comenzó a encontrar en Rosario una voz común: sin producción nacional y sin trabajo, no hay desarrollo posible.