En un gesto político de alto voltaje institucional, siete provincias gobernadas por el peronismo firmaron en Buenos Aires una Carta de Intención para preservar sus facultades de control laboral frente a lo que consideran un intento de centralización por parte del Gobierno nacional.
La sede de la Casa de la Provincia de La Pampa fue escenario de un pronunciamiento que marca un punto de inflexión en la relación entre la Nación y las jurisdicciones provinciales. Autoridades laborales de Buenos Aires, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Santiago del Estero y Tierra del Fuego rubricaron un documento que rechaza el artículo 20 de la denominada “Ley de Modernización Laboral”, ya aprobada en el Senado, por entender que vulnera el federalismo y debilita la protección efectiva de los trabajadores.
El núcleo del conflicto gira en torno a la intención de centralizar la registración laboral en un organismo nacional de carácter tributario, desplazando a las provincias de su poder de inspección y fiscalización. Para los firmantes, no se trata de un simple cambio administrativo sino de un “vaciamiento” de competencias históricas que constituyen una herramienta clave para combatir el empleo no registrado y garantizar condiciones dignas de trabajo.
“El federalismo no es una consigna vacía. Es la distribución real del poder”, señalaron las autoridades presentes, en una declaración conjunta que dejó en claro el tono político del encuentro. Bajo esa premisa, reivindicaron el artículo 121 de la Constitución Nacional Argentina, que consagra las facultades no delegadas por las provincias a la Nación, y recordaron la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que reconoce la potestad provincial en materia de control laboral.
Para los gobernadores peronistas, la registración laboral no es un mero trámite burocrático sino la base probatoria de la relación de trabajo. Sin documentación respaldatoria en el ámbito local, advirtieron, la inspección pierde eficacia y los derechos consagrados en el artículo 14 bis quedan expuestos a la discrecionalidad de un esquema centralizado, distante de las realidades productivas regionales.
En ese contexto, las provincias se comprometieron a avanzar en normas propias que fortalezcan los sistemas digitales de rúbrica, registros obligatorios y mecanismos coordinados de fiscalización. La consigna es clara: blindar el poder de policía del trabajo y sostener la cercanía territorial como garantía de protección.
El pronunciamiento no descarta futuras acciones legislativas y judiciales si la Nación avanza en la reglamentación del artículo cuestionado. La estrategia, admiten en privado, combina defensa jurídica con construcción política: un frente federal que ponga límites a lo que describen como una embestida centralista.
Mientras el debate continúa en el Congreso, las siete provincias ya delinean una agenda común. En tiempos de reformas laborales y tensiones fiscales, el mensaje fue contundente: los trabajadores no pueden quedar atrapados en una pulseada administrativa. Y el federalismo, sostienen, no se negocia.