MILEI ABRE 27 RUTAS AL PEAJE MIENTRAS VIALIDAD PIERDE MÁS DE 1.600 TRABAJADORES

El Gobierno habilitó una nueva tanda de concesiones en 16 provincias. Para quienes usan esas rutas a diario, la propuesta oficial prevé peajes de hasta $6.100 por cabina en algunos corredores y obras que podrían llegar recién entre el quinto y el séptimo año. La fiscalización quedará a cargo de un organismo que viene perdiendo personal y recursos.

El Gobierno de Javier Milei le dio a la Secretaría de Transporte un año para llamar a licitación por tramos de 27 rutas nacionales. El Decreto 1358/2026, publicado el 13 de noviembre, puso en marcha la nueva etapa de la Red Federal de Concesiones y dejó para más adelante la definición de los recorridos, los pliegos y las tarifas. Vialidad Nacional deberá producir el informe técnico previo y, una vez adjudicados los contratos, controlar que los privados cumplan con las obras y el mantenimiento. Decreto 1358/2026

La orden llegó después de dos rondas de retiros voluntarios. Según el informe técnico que analiza el decreto, la dotación de Vialidad pasó de alrededor de 5.600 agentes a menos de 4.000. El documento plantea una pregunta que afecta tanto a los trabajadores como a quienes transitan por esas rutas: qué destino tendrán el personal, los campamentos y las máquinas que hoy sostienen el mantenimiento en los tramos que el Ejecutivo quiere entregar en concesión.

El Gobierno presentó la iniciativa como una vía para atraer inversión privada, con supervisión de Vialidad. Esa supervisión va a requerir gente en el terreno, equipos para medir el estado del pavimento y capacidad para exigir que se corrijan los incumplimientos. Según el informe, la propuesta contempla que las empresas hagan su propio control de calidad y que Vialidad verifique los resultados. El proyecto de Presupuesto 2027 asigna $51 millones al subprograma de control de corredores PPP y de la Red Federal de Concesiones, el 0,006% del presupuesto del organismo. Argentina.gob.ar

Para los usuarios, la cuenta empieza en la cabina. En los corredores presentados ante el Senado, la mayoría con un tránsito de entre 2.000 y 3.000 vehículos diarios, las referencias van de $4.300 por cabina en Chubut a $6.100 en Neuquén. Para la Autopista Presidente Perón, construida con fondos públicos, la presentación estimó $9.000 por el recorrido completo. Son valores preliminares. En el caso de un vecino que cruza una cabina para ir a trabajar y vuelve por el mismo camino, el costo se duplica cada día si el cobro se aplica en ambos sentidos. Para el transportista, cada puesto de peaje se suma al costo del viaje.

El calendario de obras agrava esa cuenta. El esquema prevé cobrar desde el segundo año, tras doce meses de puesta en valor. Sin embargo, varios carriles de sobrepaso se construirían recién entre el quinto y el séptimo año. La única duplicación contemplada en la presentación abarca diez kilómetros entre Resistencia y Colonia Benítez, en Chaco. Así, quienes usan esas rutas podrían pagar durante años antes de contar con algunas de las mejoras previstas para circular con mayor seguridad.

También queda por explicar qué pasa con la recaudación del impuesto a los combustibles. De acuerdo con el análisis de las planillas del Presupuesto 2027, el proyecto asigna a Vialidad $886.745 millones, el 42,1% de los recursos calculados para el Sistema Vial Integrado. La diferencia supera los $1,2 billones. El mismo proyecto prevé beneficios tributarios para las concesionarias. Mientras el Ejecutivo ofrece incentivos a las empresas, el organismo que debe fiscalizarlas y conservar las rutas que sigan bajo gestión estatal recibe menos de la mitad de esos fondos.

El alcance de la medida abre otro interrogante. La presentación oficial describió once sistemas que sumaban 3.820 kilómetros. El informe detectó que seis rutas incluidas en el anexo del decreto no figuran en el relevamiento técnico citado como antecedente. También calculó que los tramos relevados de las rutas que sí coinciden suman cerca de 6.000 kilómetros. La diferencia importa porque todavía falta conocer qué trechos se licitarán, cuánto deberá invertir cada empresa y con qué obras se justificará el peaje.

El documento propone que el Congreso exija los estudios y los cálculos tarifarios de cada corredor, audite las concesiones ya adjudicadas y suspenda por ley los nuevos llamados hasta que Vialidad cuente con personal y presupuesto para controlar los contratos. También plantea que las obras prioritarias estén terminadas antes de habilitar el cobro. Para los trabajadores viales, defender los puestos y los equipos significa preservar la capacidad de intervenir en las rutas. Para los usuarios, significa tener quién controle lo que la empresa cobra y quién le exija que cumpla. En el cierre del informe, esa posición se resume en una consigna: “Vialidad Nacional no se vende, se defiende”.