En medio de la llegada de las bajas temperaturas y de las primeras restricciones al abastecimiento, el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas (STIGAS) lanzó un duro pronunciamiento contra la política energética nacional y responsabilizó tanto al Gobierno como a decisiones empresariales por la falta de infraestructura que, según denunciaron, deriva en problemas de suministro y un creciente costo económico para el país.
El secretario general del sindicato, Pablo Blanco, sostuvo que el escenario actual confirma advertencias que el gremio venía realizando desde hace meses y cuestionó que el fuerte incremento tarifario no haya sido acompañado por inversiones suficientes para ampliar la capacidad del sistema.
Desde STIGAS señalaron que durante los 30 meses de la actual gestión las tarifas de gas acumularon aumentos superiores al 2000 por ciento y remarcaron que, al mismo tiempo, continúan demoradas obras consideradas estratégicas para garantizar el abastecimiento.
Entre ellas mencionaron la reversión plena del Gasoducto Norte, cuya ejecución —según expresaron— continúa incompleta por la falta de las plantas compresoras y diferencias entre ENARSA y la contratista ESUCO. También apuntaron a las demoras en la ampliación del Gasoducto Perito Moreno, que atribuyeron a definiciones vinculadas al régimen de inversiones y desacuerdos entre operadores privados.
El comunicado sindical agregó además que permanece paralizada la puesta en funcionamiento de la planta compresora de Las Armas, situación que adjudicaron a la falta de desembolso de fondos nacionales.
Para el gremio, la consecuencia directa de ese cuadro es doble: por un lado restricciones y cortes de suministro en momentos de mayor demanda y, por otro, una mayor dependencia de importaciones energéticas que obliga al país a destinar divisas para cubrir necesidades internas.
“Mientras aumenta la tarifa, nos quedamos sin gas y también sin dólares”, resumieron desde la organización sindical al cuestionar la estrategia oficial respecto de la compra de Gas Natural Licuado (GNL).
Pablo Blanco afirmó que los trabajadores del sector conocen en profundidad el funcionamiento de la actividad y reclamó que se escuche a quienes operan diariamente el sistema energético. En esa línea, sostuvo que todavía existe margen para corregir decisiones y priorizar una planificación que garantice abastecimiento para hogares e industrias.
Desde STIGAS concluyeron que el debate energético no puede reducirse exclusivamente a precios y tarifas, sino que debe incorporar una discusión sobre infraestructura, previsibilidad y seguridad de suministro para evitar que los períodos de mayor consumo vuelvan a exponer limitaciones estructurales del sistema.