Ante la Conferencia Internacional del Trabajo que se realiza en Ginebra, el presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogadas y Abogados Laboralistas advirtió que la reforma laboral aprobada en Argentina consolida una pérdida histórica de derechos. Cuestionó además la intervención sobre organizaciones sindicales, la criminalización de la protesta y alertó sobre una estrategia coordinada que debilita el poder de negociación de los trabajadores.
La discusión sobre el futuro del trabajo argentino llegó al escenario internacional con una denuncia de alto voltaje político. Durante la 114° Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogadas y Abogados Laboralistas (ALAL), Matías Cremonte, expuso una visión severamente crítica sobre el rumbo laboral del país y sostuvo que Argentina atraviesa uno de los procesos de regresión de derechos más profundos de la región.
Desde el plenario desarrollado en Ginebra, el dirigente laboralista planteó que existe una articulación entre distintos niveles institucionales que termina debilitando la capacidad de representación de los trabajadores y reduciendo los márgenes de acción sindical.
Según expresó, la reciente reforma laboral constituye el núcleo de ese proceso. Para Cremonte, el nuevo esquema normativo no representa una modernización del empleo sino una transferencia de poder desde el trabajo hacia el capital, con menor capacidad de negociación colectiva y una reducción progresiva de garantías históricas conquistadas durante décadas de organización gremial.
Durante su intervención, sostuvo que las modificaciones introducidas afectan herramientas centrales de representación laboral. Entre ellas mencionó restricciones al accionar de delegados, limitaciones sobre las asambleas en los lugares de trabajo y condiciones que, según señaló, terminan debilitando la capacidad de defensa colectiva frente a las decisiones empresariales.
En paralelo, denunció un escenario de creciente judicialización y sanción de la protesta social. En ese marco cuestionó las medidas aplicadas contra organizaciones gremiales por la realización de acciones sindicales y alertó sobre lo que definió como una política orientada más al disciplinamiento que a la resolución de conflictos.
Uno de los puntos más sensibles de su exposición estuvo vinculado al funcionamiento interno del sistema sindical. Cremonte cuestionó la reciente intervención sobre la Unión Obrera Metalúrgica y afirmó que este tipo de decisiones generan antecedentes que, a su entender, erosionan principios históricos de autonomía y libertad sindical protegidos por estándares internacionales.
El dirigente también apuntó contra el discurso que presenta a la flexibilización como condición necesaria para generar empleo. Según sostuvo, detrás de esa lógica aparece una reducción de costos laborales basada en jornadas más extensas, menor protección y salarios con menor capacidad de recuperación frente al aumento del costo de vida.
En uno de los pasajes más duros de su exposición, calificó la denominada Ley de Modernización Laboral como un retroceso histórico y sostuvo que algunas disposiciones incluso perforan estándares internacionales construidos hace más de un siglo en materia de tiempo de trabajo y protección laboral.
Para reforzar su planteo, comparó el escenario argentino con otros procesos regionales que —según indicó— mostraron consecuencias negativas sobre el empleo y las condiciones laborales tras reformas orientadas a flexibilizar contrataciones y reducir regulaciones.
La presentación quedó formalmente incorporada al ámbito de la OIT, organismo que ahora deberá evaluar los planteos realizados y eventualmente emitir observaciones o recomendaciones. Más allá del resultado institucional, la intervención dejó instalada una advertencia política: que detrás del concepto de modernización laboral puede esconderse, para sus detractores, una redefinición del vínculo entre capital y trabajo con menos derechos y menor capacidad de organización colectiva.