Algo se quebró. No alcanza con hablar de hechos aislados ni de “casos que conmueven”. En las últimas semanas, la acumulación de episodios de violencia que involucran a niños, niñas y adolescentes —en escuelas, en hogares, en ámbitos judiciales— dibuja un escenario mucho más inquietante: no estamos llegando a tiempo, no estamos escuchando, no estamos cuidando.
Las escenas se repiten con distintas formas pero con un mismo trasfondo. En escuelas de distintas provincias, circularon amenazas de tiroteos difundidas por redes sociales, muchas veces como parte de desafíos virales que banalizan la muerte. A eso se suman episodios de agresiones físicas, humillaciones y dinámicas de violencia entre pares que crecen en intensidad. No se trata solo de conflictos entre chicos. Es la expresión de un clima social donde la violencia se vuelve lenguaje, donde el límite se desdibuja y donde los adultos aparecen desorientados, ausentes o desbordados.
En paralelo, el ámbito judicial ofrece escenas igual de preocupantes. Casos recientes pusieron en evidencia decisiones que, bajo el argumento de garantizar vínculos familiares, terminaron exponiendo a niños y niñas a situaciones de riesgo. Revinculaciones forzadas con progenitores denunciados por violencia, desoimiento de la palabra de los chicos, desestimación de indicadores claros de peligro. En algunos de estos casos, el desenlace fue la muerte. En otros, el daño es menos visible pero igual de profundo: miedo, desamparo, silenciamiento.
No estamos frente a errores puntuales. Estamos frente a fallas estructurales en los dispositivos de cuidado.
Y en este punto es necesario detenerse en un aspecto que suele aparecer de manera distorsionada en el debate público: la perspectiva de género. En lugar de ser pensada como una herramienta para comprender la violencia, se la presenta como un problema en sí mismo, como un sesgo ideológico que “contamina” las decisiones judiciales. Pero sin esa perspectiva es imposible leer lo que está ocurriendo.
Porque muchas de estas violencias —las que se ejercen en el ámbito familiar, las que se despliegan entre pares, las que escalan hasta niveles extremos— están atravesadas por modos de construcción de la masculinidad que habilitan el ejercicio de la fuerza, la negación del otro, la dificultad para tramitar el conflicto sin recurrir a la agresión. Desarmar ese entramado no es una cuestión secundaria: es central para cualquier política seria de prevención. Negar esa dimensión no neutraliza el problema. Lo agrava.
Sin embargo, en lugar de fortalecer las herramientas de cuidado, lo que avanza es otra lógica: la del castigo. La discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad penal aparece como respuesta frente a un escenario de creciente violencia. Es decir, frente a infancias que están siendo vulneradas, desprotegidas y expuestas a múltiples formas de daño, la propuesta es sancionarlas más temprano. Es difícil pensar una respuesta más regresiva.
Porque desplaza el foco. Convierte a los niños en responsables de aquello que, en gran medida, es producto de las condiciones en las que crecen. Y al mismo tiempo, libera de responsabilidad a los adultos, a las instituciones y al propio Estado.
La secuencia es brutal: primero no cuidamos, después no escuchamos, luego exponemos… y finalmente castigamos. Esa lógica no sólo es injusta. Es peligrosa.
Una sociedad se mide, entre otras cosas, por su capacidad de proteger a quienes más lo necesitan. Hoy, esa capacidad está en crisis. Los dispositivos institucionales no logran articular respuestas eficaces. El sistema judicial, en algunos casos, reproduce la violencia que debería evitar. Las escuelas quedan solas frente a problemáticas complejas. Las familias, muchas veces, no cuentan con herramientas ni acompañamiento. Y en el medio de todo eso, están los chicos.
Lo más alarmante no es solo la gravedad de los hechos, sino la naturalización creciente de ese escenario. La violencia empieza a ser leída como parte del paisaje. Como algo inevitable. Como algo que se gestiona caso por caso, sin preguntarse por las condiciones que la producen.
Pero no hay nada inevitable en esto. Hay decisiones políticas, hay marcos institucionales, hay modos de mirar —o de no mirar— lo que les pasa a las infancias. Y hoy, esas decisiones están dejando a los niños, niñas y adolescentes en una situación de extrema vulnerabilidad.
No se trata de un problema sectorial. No es solo educativo, ni solo judicial, ni solo familiar. Es un problema social. Y si no empezamos a asumirlo como tal, lo que vamos a seguir viendo no son casos aislados. Son consecuencias