El procesamiento del exdiputado golpea el discurso de superioridad moral del oficialismo. Entre las sospechas sobre sus referentes, el escándalo de $LIBRA y las denuncias por las operaciones con el oro del Banco Central, la promesa libertaria de terminar con los privilegios exige explicaciones cada vez más incómodas.
Por Pablo Roma
José Luis Espert construyó su personaje político con una fórmula tan brutal como rendidora para las cámaras. “Cárcel o bala”. Desde ese pedestal repartía condenas, exhibía dureza y se presentaba como el hombre dispuesto a poner orden frente a una sociedad supuestamente arruinada por los demás. Este jueves 22 de octubre, ese personaje recibió un golpe que ningún grito televisivo puede disimular. La Justicia federal lo procesó por presunto lavado de activos, le impuso un embargo de 1.000 millones de pesos y le prohibió salir del país.
El expediente tiene entre sus ejes una transferencia de 200.000 dólares que recibió de una firma vinculada a Federico “Fred” Machado. Espert sostuvo que se trató del pago por una consultoría. La investigación cuestiona esa explicación y busca establecer el origen de los fondos y su posterior incorporación al circuito económico. Un procesamiento no equivale a una condena y puede ser apelado. Precisamente por eso, el exdiputado tiene derecho a todas las garantías que su discurso de castigo instantáneo tantas veces relegó.
Allí aparece la primera derrota del predicador. El hombre que cultivaba la pose del machito honesto necesita ahora que se escuchen sus argumentos, se revisen las pruebas y se respete la presunción de inocencia. Tiene derecho a reclamarlo. Lo que quedó destruida es su autoridad para dividir al país entre ciudadanos decentes y enemigos a los que alcanzaba con amenazar desde un micrófono.
El problema tampoco termina en su apellido. Javier Milei lo eligió para encabezar la lista bonaerense de La Libertad Avanza en 2025 y lo defendió públicamente cuando las sospechas ya habían adquirido dimensión nacional. Por eso, el Gobierno no puede presentar lo ocurrido como una desgracia privada, ajena a sus decisiones. Quien ofrece un dirigente a la sociedad también debe responder políticamente por esa elección.
La promesa libertaria consistía en terminar con una dirigencia que utilizaba el poder para protegerse. Sin embargo, cada expediente incómodo vuelve a poner a prueba esa bandera. La honestidad no se acredita insultando opositores, descalificando periodistas o repitiendo que todos los anteriores fueron ladrones. Se demuestra entregando información, aceptando controles y explicando aquello que compromete a los propios.
El caso $LIBRA expone esa responsabilidad en el nivel más alto. Milei promocionó desde sus redes una criptomoneda cuyo derrumbe derivó en denuncias e investigaciones por presunto fraude. La responsabilidad penal deberá establecerla la Justicia. La responsabilidad política ya tiene una pregunta concreta que el Presidente no puede eludir. ¿Cómo utilizó la credibilidad de su cargo para difundir una operación que terminó bajo investigación? La investidura presidencial no puede funcionar como un escaparate financiero sin consecuencias.
También están las operaciones con el oro del Banco Central. El diputado Esteban Paulón denunció a Luis Caputo y Santiago Bausili y pidió investigar un presunto perjuicio patrimonial, además de conocer el destino, la custodia y la utilización de esos activos. Su presentación menciona oro depositado en Londres. Eso exige documentación y control público. No permite afirmar que hubo un robo probado, pero tampoco autoriza al Gobierno a tratar las reservas argentinas como un asunto sobre el cual los ciudadanos deban conformarse con explicaciones incompletas.
Mientras tanto, al trabajador que hace cuentas para comer, pagar el alquiler o comprar medicamentos se le exige paciencia. El sacrificio siempre encuentra destinatarios entre quienes viven de su ingreso mensual. Para los funcionarios y sus referentes, en cambio, aparecen las explicaciones técnicas, los descargos y los pedidos de tiempo. Esa desigualdad también define una forma de ejercer el poder.
Espert no puede ser declarado culpable por una columna. Sí puede señalarse el derrumbe político de quien convirtió la sospecha ajena en espectáculo y ahora debe responder por sus propios movimientos de dinero. Su procesamiento deja al descubierto una contradicción central del oficialismo. Prometieron terminar con la impunidad y hoy deben explicar por qué sus banderas de honestidad conviven con expedientes que alcanzan a figuras que ellos mismos promovieron. El hombre de “cárcel o bala” ya no está en condiciones de dar lecciones. Está obligado a dar explicaciones.