(Documento de la CATT) – El gobierno de Javier Milei ha llevado al sistema de transporte a una crisis profunda. La desregulación, la paralización de la obra pública y la falta de una política integral, agravadas por el impacto internacional en el precio del combustible, aceleraron un deterioro que golpea de lleno a los trabajadores: pagan más, viajan peor y ven afectada su calidad de vida. Al mismo tiempo, aumentan los costos logísticos que presionan sobre los precios y debilita la competitividad de la economía argentina.
A este escenario se suman la pérdida de derechos, la criminalización de la protesta y la represión.
Sobre la Ley Bases se restituye el estatuto de la dependencia a instancias del capital concentrado y se impone, con la complicidad política de gobernadores y de legisladores anti-nacionales, la reforma laboral. Al maltrato cotidiano, que padece la clase trabajadora, se le añade la ofensiva sobre el campo sindical vulnerando el derecho constitucional y despreciando el sistema democrático.
Es curioso, los que pregonan la destrucción del Estado lo utilizan para violentar los derechos que asisten a los trabajadores, de esta manera, el Ejecutivo deja ver su verdadero rostro, palos y gases a los que reclaman y negocios para los poderosos.
El transporte es un complemento necesario de la actividad industrial y productiva. La actividad económica, medida en números frios, está al servicio de intereses que son ajenos a los de la mayoría. No hay país posible si están rotas su vías de conectividad, si el mercado interno se destruye en nombre de un falso crecimiento, si el comercio exterior es manejado por el capital extranjero.
Este plan sistemático de destrucción y de pobreza organizada tiene nombre y apellido: Federico Adolfo Sturzenegger. Históricamente este personaje actúa como un esbirro de la rancia oligarquía y de los poderes del capital que desprecian al pueblo trabajador. Es el ideólogo de las normativas que atentan contra la vida de las y los trabajadores.
El transporte urbano: la desgracia diaria de los trabajadores
En el transporte urbano, el servicio es cada vez peor y más caro: la caída de frecuencias obliga a esperar más, perder horas de vida y destinar una porción creciente del salario a viajar. El boleto se ha convertido en un gasto fijo que compite con el resto de la canasta familiar: cada aumento de tarifa implica una reducción directa del ingreso disponible. Pero el costo no es solo económico: muchos destinan entre dos y cuatro horas diarias a traslados que no se pagan ni se reconocen, deteriorando su calidad de vida. El trabajador paga dos veces: con su bolsillo y con su tiempo.
Ese impacto no termina ahí. El aumento del costo logístico —que pasó del 28% al 47%— se traslada a los precios finales, generando más inflación. Así, el trabajador vuelve a pagar en la góndola lo que ya pagó para llegar a su trabajo: un sistema que castiga sus ingresos y profundiza el deterioro de sus condiciones de vida.
La falta de inversión se cuenta en vidas
A su vez, el sistema ferroviario se encuentra arruinado por la falta de inversión y mantenimiento, eliminando una alternativa accesible y elevando los costos logísticos. En paralelo, el deterioro de las rutas nacionales, sin obras ni controles adecuados, incrementa la inseguridad vial y multiplica los accidentes. Esta combinación es crítica: la infraestructura en mal estado no solo encarece el transporte y los bienes, sino que también tiene consecuencias que se miden en vidas.
La pérdida de rentabilidad del área frena la renovación del parque automotor: sin capacidad de inversión de los operadores ni condiciones generadas por el Estado, circulan vehículos cada vez más antiguos y peligrosos.
Un caso ilustrativo es la desregulación del mercado de neumáticos: el cierre de Fate dejó el abastecimiento en manos de importaciones sin controles de calidad ni estándares de seguridad, además de implicar la pérdida de capacidad industrial. Así, se abaratan costos a expensas de la seguridad: el “ahorro” del sistema se paga con la vida de los usuarios.
Sin cabotaje nacional se perderá la soberanía naval y económica
Nuevamente aparecen proyectos de normas que intentan desregular la Ley de Cabotaje Nacional, permitiendo la entrada de buques extranjeros con tripulación extranjera. Sus argumentos son totalmente falaces, el régimen vigente fue concebido con una lógica de protección de la Marina Mercante, del cuidado del medio ambiente y de la soberanía marítima y fluvial. La Ley de cabotaje aunque es de 1944 fue ratificada por la Ley 27419 en 2017 para el desarrollo del país. Ninguno de estos proyectos permitirán disminuir costos del transporte, ni portuarios ni logísticos. Los proyectos de reforma complementaria la Ley 27419 son realmente el punto de partida para promover la actividad y mejorar su competitividad.
Las aventuras militares que apoya Milei, las pagan todos los argentinos
El conflicto en Medio Oriente presiona al alza el precio internacional del petróleo, y el alineamiento del gobierno de Javier Milei con Donald Trump solo agrava sus consecuencias sobre la economía argentina. El combustible, principal costo operativo del transporte de pasajeros y de carga, traslada ese aumento de forma directa tanto al boleto como al precio de los bienes, impactando de lleno en la vida cotidiana.
Gestionar ese shock requiere política de Estado: acuerdos de precios, subsidios focalizados y planificación energética. Nada de eso es posible frente al credo sacrosanto del mercado.
Sin ministerio, sin interlocutor, sin planificación
El gobierno eliminó el Ministerio de Transporte y dejó al sector sin conducción: no hay organismo rector, no hay planificación ni una contraparte clara para negociar. Las competencias quedaron dispersas en áreas sin autoridad ni especialización, en un proceso que implica el desguace de la institucionalidad del transporte.
Pero el transporte no funciona por partes aisladas: es una red que requiere coordinar tarifas, infraestructura, frecuencias, parque automotor y modos. Sin esa conducción, el sistema se desordena y se deteriora, como ya está ocurriendo.
El resultado es previsible: servicios más caros, de peor calidad y menos seguros, con costos que recaen sobre trabajadores y usuarios.
La única respuesta del gobierno es atacar a los trabajadores
Los gremios que integran la CATT reclaman por el deterioro de las condiciones de trabajo, el impacto de los aumentos tarifarios sobre el salario real y la falta de respuestas frente a una crisis del transporte que ya afecta al conjunto de la economía. Como ya expresamos, el gobierno de Javier Milei, responde con represión y con la judicialización del conflicto como mecanismo de disciplinamiento.
El objetivo es evidente: encarecer el costo de reclamar para debilitar la negociación colectiva. En esa misma línea se inscribe la llamada Ley de Modernización Laboral, que busca restringir el derecho de huelga mediante regulaciones que lo vacían de contenido. La CATT ha denunciado que la criminalización de la protesta y el avance legislativo sobre los derechos laborales forman parte de una misma estrategia orientada a debilitar la organización de todo el movimiento obrero.
Ante esta situación, la CATT afirma:
El resultado es un sistema sin conducción, sin planificación y sin respuesta ante estos problemas, producto de la incapacidad del gobierno de Javier Milei para gestionar un sector estratégico para el desarrollo del país. Lejos de asumir esa responsabilidad, la inacción oficial profundiza la crisis y traslada sus costos a los trabajadores y a la economía en su conjunto.
Ante la gravedad de esta situación, la CATT expresa su profunda preocupación por el futuro del sistema de transporte argentino y por las condiciones de vida y de trabajo de quienes sostienen diariamente su funcionamiento.
Es por eso que llamamos a fortalecer la unidad entre las organizaciones sindicales que la integran y declaramos el estado de Alerta y Movilización.
Consejo Directivo de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte.