(Por Tomás Casanova) – En la Argentina existe una discusión recurrente sobre el racismo, la discriminación y el odio social. Muchas veces se intenta resumir todo en una falsa división entre “blancos y morochos”, como si el problema fuese solamente una cuestión de color de piel. Pero la historia argentina demuestra que el conflicto es bastante más profundo y complejo
Gran parte de las familias argentinas descendemos de inmigrantes europeos que llegaron entre fines del siglo XIX y principios del XX escapando del hambre, de las guerras y de la pobreza. Italianos, españoles, polacos, judíos, árabes y tantos otros vinieron buscando trabajo y progreso. Esa inmigración no llegó para destruir ni para excluir: vino a construir un país, mezclarse y generar oportunidades.
Sin embargo, paralelamente, en la Argentina siempre existió otra grieta silenciosa. Un desprecio histórico de ciertas élites porteñas y sectores acomodados hacia el criollo, el gaucho, el mestizo, el provinciano y el trabajador humilde. El “cabecita negra” fue durante décadas el blanco perfecto de burlas, discriminación y estigmatización.
No es algo nuevo. Ya aparecía reflejado en la literatura argentina con el desprecio hacia figuras populares como Martín Fierro. Y con el paso del tiempo esa mirada clasista se mantuvo viva, aunque con otros formatos y otros discursos.
Hoy todavía puede verse en múltiples situaciones cotidianas. En la policía que muchas veces persigue más rápido al pibe de barrio que al verdadero narcotráfico organizado. En el bullying y la discriminación que sufren chaqueños, correntinos, santiagueños y tantos provincianos cuando llegan a Buenos Aires buscando trabajo. En dirigentes políticos e intendentes que utilizan a la gente humilde como aparato electoral mientras construyen fortunas personales. En el clientelismo que transforma la necesidad social en dependencia permanente.
El problema de fondo no es únicamente racial. Es social, económico y cultural. Existe un sector del poder que históricamente necesitó mantener subordinadas a las clases populares para conservar privilegios.
Por eso resulta necesario empezar a discutir otra mirada sobre el daño político y social en la Argentina. En muchos países existen figuras vinculadas al “crimen de odio” cuando una persona ataca a otra por cuestiones raciales, religiosas o de identidad. La Argentina debería animarse a debatir algo distinto: qué ocurre cuando desde el poder se perjudica deliberadamente al pueblo durante años.
Porque destruir la salud pública, vaciar la educación, condenar a millones a salarios miserables, sostener redes de corrupción o utilizar el hambre como herramienta de control social también genera víctimas. Tal vez no haya un arma de fuego ni un asesinato directo, pero sí existe un daño sistemático y premeditado sobre millones de argentinos trabajadores.
El criollo, el mestizo, el cabecita negra y el laburante común suelen ser los que más padecen las consecuencias de esas decisiones. Son quienes soportan la inflación, la precarización laboral, la falta de oportunidades y el abandono estatal mientras una minoría acumula riqueza y poder.
Por eso habría que avanzar hacia sanciones mucho más severas contra quienes utilicen el Estado para enriquecerse mientras empobrecen al pueblo. Inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, decomiso total de bienes obtenidos de manera ilícita y cárcel efectiva sin privilegios ni domiciliarias para los responsables de corrupción estructural.
La Argentina lleva décadas discutiendo síntomas sin atacar el problema central. El verdadero odio social no siempre se expresa con insultos. Muchas veces se manifiesta desde oficinas públicas, despachos políticos y estructuras de poder que condenan a generaciones enteras a vivir sin futuro.
Y quizás haya llegado el momento de empezar a llamar las cosas por su nombre.