(Por Daniel Kiper) –
Las recientes declaraciones del presidente Javier Milei, instando a “odiar más a los periodistas”, constituyen un ataque directo a la libertad de prensa y al derecho de la ciudadanía a estar informada. No se trata de una mera expresión polémica o desafortunada: es una incitación al hostigamiento y una peligrosa legitimación del odio como herramienta de acumulación de poder.
En toda democracia, la prensa libre cumple un rol esencial: investigar, interpelar, incomodar al poder y garantizar el acceso a información plural. Sin esa tarea crítica, el debate público se empobrece, la ciudadanía queda a oscuras y la rendición de cuentas desaparece. Por eso, al alentar el desprecio hacia los periodistas, el presidente no solo agrede a un sector profesional, sino que socava uno de los pilares fundamentales del sistema republicano.
Esta retórica no es aislada ni inocente. Se inscribe en una estrategia más amplia que busca concentrar el relato, silenciar la crítica y escribir una historia oficial, como una verdad única e incuestionable. La historia enseña con claridad adónde conducen esos caminos. Como advirtió Voltaire: “Los tiranos del pensamiento son los que han causado gran parte de las desgracias del mundo.” En democracia, el pensamiento libre no solo debe tolerarse: debe protegerse. Los regímenes autoritarios comienzan desacreditando a la prensa y terminan suprimiéndola.
Juan Bautista Alberdi, inspirador de nuestra Constitución Nacional, también lo comprendió en profundidad. “Esta es la larga lección que surge de mi vida —escribió—: que no puede haber ciencia, ni literatura sin completa libertad, es decir, sin la seguridad de no ser perseguido como culpable por tener opiniones contrarias al gobierno y a las preocupaciones mismas que reinan en el país.”
La libertad de expresión no es un privilegio de los medios ni una concesión del poder: es un derecho inalienable del pueblo. Así lo sostuvo Alberdi con palabras que hoy resuenan con fuerza:
“El opinar en política no es un crimen. Es el ejercicio de la razón aplicada a los intereses públicos. Todo ciudadano de una república tiene derecho de manifestar lo que piensa. Es un poder no delegado que el país retiene para ejercerlo él mismo. Por medio de la prensa, el país colabora y concurre a la gestión de su gobierno, junto con sus mandatarios. Es tan esencial al gobierno del país por el país, que abdicarla es lo mismo que abdicar su soberanía y renunciar al rango de país libre.”
En tiempos de creciente polarización, el discurso de odio se convierte en un combustible peligroso. Frente a ello, debemos reafirmar que la respuesta a la crítica no puede ser la violencia —ni verbal ni simbólica—. El disenso, el respeto y la tolerancia son los cimientos de la república. Descalificar, estigmatizar y alentar el odio desde el poder no solo erosiona la convivencia democrática: la amenaza.
Resulta imprescindible recordar que la libertad de expresión no pertenece al gobierno, sino a toda la sociedad. Los periodistas, al ejercerla, representan esa diversidad de miradas que sostiene una comunidad democrática. Sin medios independientes, no hay ciudadanía informada. Y sin información libre, no hay control sobre el poder ni posibilidad de soberanía real.
El compromiso con la verdad, con la información responsable y con el derecho de todos los ciudadanos a ser informados sin miedo ni censura es esencial para la salud de la República. La prensa no debe —ni puede— aceptar intimidaciones ni discursos que busquen amordazar voces críticas.
Una prensa libre no es el enemigo: es la garantía de una democracia sólida y digna.