Yanina Latorre y las invitaciones de Belén Ludueña, esposa de Jorge Macri, quedaron bajo la lupa por el sector reservado. La polémica interpela al poder que representan Karina Milei, Federico Sturzenegger y Sandra Pettovello. Mientras los comedores reclaman alimentos, el contraste evoca la distancia entre la corte de María Antonieta y el pueblo que tomó la Bastilla. La guillotina pertenece a aquella historia sangrienta. La justicia social sigue siendo una deuda de esta democracia.
Por Pablo Roma | ELDELEGADO
El Evangelio recordaba a Jesús expulsando a los mercaderes del templo. La organización ofrecía una carpa climatizada y catering para invitados especiales. Afuera estaban los fieles. Adentro, quienes habían conseguido una credencial distinta. Hasta para escuchar un mensaje de fraternidad hubo categorías.
La misa que León XIV celebró el 9 de noviembre en el Monumento de los Españoles dejó una imagen incómoda para el discurso de la austeridad. El Estado que exige sacrificios contrató comodidades diferenciadas para un sector reservado. El problema no es que una persona conocida vaya a misa. Es quién paga sus atenciones y por qué tienen prioridad sobre necesidades que llevan meses esperando.
Según publicó LA NACION, en el VIP estuvieron Luis Caputo, Mario Lugones, Sandra Pettovello, Pablo Quirno, Alejandra Monteoliva y Federico Sturzenegger. El mismo diario identificó a Valeria Mazza, Alejandro Gravier y Carolina “Pampita” Ardohain. También recogió el relato de Yanina Latorre, quien mencionó entre los asistentes a la carpa a Analía Franchín, Zulemita Menem, Zulema Yoma, Florencia de la V, Eduardo Feinmann y Claudia Villafañe.
Latorre contó que su invitación llevaba las firmas de Jorge Macri y Belén Ludueña. El Gobierno porteño explicó que había enviado a Nación una nómina correspondiente a 250 cupos. Jorge Macri admitió después que las medialunas y los budines habían estado de más, aunque relativizó el lujo del servicio.
Qué facilidad para encontrar explicaciones cuando el gasto beneficia a los invitados. Qué interminable se vuelve cada trámite cuando una familia necesita cobrar una prestación.
Karina Milei integra el núcleo del poder al que corresponde exigir respuestas por las prioridades nacionales. Esa responsabilidad política no requiere adjudicarle una presencia en la carpa que las fuentes consultadas no acreditan. Tampoco hace falta convertir a cada invitado en autor del ajuste. Las decisiones tienen responsables concretos y los contratos deben permitir identificarlos.
La productora DF Entertainment recibió una adjudicación de $8.690 millones por la producción integral de la misa y la vigilia de jóvenes, mediante contratación directa por urgencia. El paquete comprendió coordinación, seguridad, atención médica, limpieza, conectividad y 31 carpas. Incluyó una carpa de 30 por 40 metros para 250 personas, con alfombra y climatización, además de un catering VIP diferenciado del destinado a producción.
No está individualizado cuánto costaron el catering y la carpa VIP. Los $8.690 millones corresponden al conjunto contratado. La falta de desglose exige información pública. La indignación tiene fundamentos suficientes y no necesita cifras falsas.
Chequeado relevó contrataciones nacionales por $20.477 millones, que abarcan la misa, el encuentro juvenil y la transmisión oficial de la visita. Dentro de ese total aparecen $4.548 millones en estructuras y vallados, $1.979 millones en sonido e iluminación, $1.736 millones en abastecimiento de energía y $225 millones en pantallas LED. Esos servicios exceden las comodidades del sector reservado. Una celebración multitudinaria necesita infraestructura, seguridad y accesibilidad. Precisamente por eso corresponde distinguir esos gastos de las atenciones especiales y explicar cada peso.
Mientras tanto, los prestadores de discapacidad siguen poniendo el cuerpo para sostener una atención que no puede esperar.
En septiembre, Diario Uno consignó que el Gobierno había informado una deuda acumulada de $69.559 millones con 770 prestadores, correspondiente al período entre noviembre de 2025 y febrero de 2026. Es un antecedente fechado, no un saldo actualizado a noviembre. Los $8.690 millones de la producción equivalen aproximadamente al 12,5 por ciento de aquel monto.
A fines de septiembre, la Asociación Civil Prestadores de Discapacidad Unidos denunció demoras de entre tres y doce meses en los pagos dentro del sistema. Detrás de esos atrasos hay tratamientos, traslados, salarios y familias que deben resolver todos los días cómo continuar.
Para quien necesita rehabilitación, una transferencia demorada puede significar perder autonomía. Para un trabajador, cobrar tarde significa endeudarse para comer. Para el funcionario que firma el expediente, quizás sea apenas una carpeta pendiente. Esa distancia también es una forma de ejercer el poder.
En las universidades, el reclamo tiene una ley y una intervención judicial. La Universidad Nacional del Litoral informó que, en septiembre, el juez Martín Cormick intimó al Gobierno a cumplir la cautelar sobre la Ley de Financiamiento Universitario. La controversia comprende recomposición salarial y programas estudiantiles. El acuerdo firmado en junio no había cerrado el conflicto. No hay en las fuentes consultadas una cifra consolidada y actualizada que permita presentar toda esa obligación como una única deuda.
Los docentes y no docentes conocen demasiado bien el mecanismo. Primero deben demostrar que el salario perdió valor. Después reclamar una recomposición. Luego exigir que se cumpla lo acordado o lo dispuesto por la Justicia. Para los derechos siempre aparece una instancia más.
En los comedores, la cuenta resulta todavía más cruel. Página/12 publicó el 5 de noviembre que unos 1.500 espacios comunitarios reclamaban asistencia y denunciaban aportes de $763 por almuerzo y $280 por desayuno o merienda. Muchos estaban vinculados con instituciones religiosas y organizaciones barriales.
Los $8.690 millones del contrato de producción equivalen, aritméticamente, a unos 11,4 millones de aportes de $763. Esa equivalencia no representa el costo de una comida adecuada. Muestra la dimensión del dinero frente a la ayuda denunciada por quienes cocinan para los demás.
Hay mujeres que estiran una olla y trabajadores comunitarios que consiguen mercadería donde pueden. Hay familias que llegan con vergüenza a pedir un plato. Ninguna merece que su necesidad sea tratada como sospechosa mientras las comodidades de los invitados se justifican como protocolo.
León XIV había dicho ante las autoridades que “la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”. La frase obliga a mirar qué ocurre con quienes quedan al final de la fila del presupuesto. Aplaudirla y seguir administrando la indiferencia es una decisión política.
En la homilía, el Papa retomó el episodio de Jesús expulsando a los vendedores del templo y cuestionó la pretensión de negociar con Dios para obtener su favor. El pasaje ofrece una interpelación directa a quienes buscan en la religión una certificación de respetabilidad. La cercanía física con el altar no absuelve las decisiones tomadas lejos de él.
La comparación con María Antonieta tiene allí su fuerza política. Evoca una corte encerrada en sus privilegios mientras el malestar crecía fuera de sus puertas. La Revolución Francesa tuvo causas fiscales, sociales y políticas profundas. La toma de la Bastilla en 1789 expresó la ruptura de un orden que se creía inconmovible. La guillotina y las ejecuciones llegaron después, dentro de un proceso cuya violencia también alcanzó a quienes habían impulsado la revolución.
Aquella sangre no constituye un modelo de justicia. La enseñanza que permanece es que ningún privilegio vuelve eterno a un gobierno y ninguna credencial mantiene indefinidamente a un pueblo del otro lado de la valla.
Los pobres y los trabajadores tienen derecho a organizarse, reclamar, movilizarse y construir una mayoría que cambie estas prioridades. Tienen derecho a exigir que se investigue el uso del dinero público y que se determinen responsabilidades con pruebas y debido proceso. Tienen derecho a gobernar un país donde comer, estudiar y recibir atención no dependan de la caridad.
Tarde o temprano harán valer esa fuerza. En las urnas, en los sindicatos, en las calles y ante la Justicia. Cada derecho conquistado demuestra que la resignación nunca fue el único camino.
Quienes hoy disfrutan de un lugar reservado deberán responder por sus decisiones. La justicia que necesitan los de abajo tiene una medida concreta. Que se pague lo adeudado, que se cumplan las leyes y que el presupuesto llegue primero a quienes necesitan vivir de su trabajo.
El pan del pueblo no puede seguir esperando detrás del catering del poder.