El Papa defendió el derecho a vivir del trabajo, reclamó fortalecer la universidad y pidió cuidar a quienes atraviesan la enfermedad y la discapacidad. Sus palabras interpelaron al rumbo económico y a la resistencia oficial a cumplir las decisiones del Congreso.
Por Pablo Roma
Para ELDELEGADO
La justicia social entró al Palacio Libertad con Javier Milei sentado frente al atril. En su primer discurso de la visita a la Argentina, pronunciado el domingo 8 de noviembre, León XIV habló de trabajadores que no llegan a cubrir las necesidades de sus familias, de ancianos que construyeron el país y de jóvenes que deben emigrar para encontrar oportunidades. Puso delante del Presidente los rostros que desaparecen cuando la vida de un pueblo se reduce a una planilla.
“La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”, afirmó. La definición condensó una mirada que la tradición peronista reconoce como propia. La organización económica debe permitir que las familias vivan con dignidad y participen de la riqueza que producen. Un resultado fiscal, por sí solo, no responde cuánto bienestar llega a los hogares.
El contraste quedó planteado en el mismo encuentro. Durante la bienvenida, Milei había defendido su programa mediante el concepto de “equilibrio general intertemporal” y la responsabilidad hacia los argentinos del futuro. El pontífice también habló de las próximas generaciones, pero vinculó esa obligación con el cuidado de las personas que necesitan respuestas hoy.
León XIV no mencionó leyes ni formuló una acusación expresa contra el Gobierno. La relación con los conflictos argentinos surge de leer sus palabras junto a las decisiones oficiales. Su defensa de la universidad, de las personas con discapacidad y de los límites del poder toca asuntos en los que el Ejecutivo resistió normas votadas por el Congreso.
El caso universitario ofrece una conexión directa. Mientras el Papa pidió fortalecer la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación, el Gobierno mantiene una disputa judicial por la aplicación de la Ley 27.795. En octubre, el juez Martín Cormick declaró inconstitucional la cláusula del decreto con la que el Ejecutivo había suspendido su ejecución y ordenó ponerla en marcha. La controversia comprende recursos para las instituciones, salarios y becas.
El conflicto llegó a la imposición de multas por incumplimiento de la cautelar. La Cámara suspendió provisoriamente esas sanciones el 15 de octubre, aunque aclaró que esa decisión no resolvía si el Estado había cumplido con lo ordenado. El reclamo universitario sigue abierto y la suspensión de las multas no equivale a dar por satisfechas las obligaciones.
La exclusión también empieza cuando estudiar se vuelve un privilegio. Una beca insuficiente puede significar abandonar una carrera. El deterioro salarial empuja a docentes e investigadores a buscar otras actividades. Para el peronismo, que hizo de la gratuidad universitaria una herramienta de ascenso social, defender ese acceso forma parte de una idea concreta de comunidad. El hijo de un trabajador debe poder construir su futuro sin que el ingreso familiar determine hasta dónde puede llegar.
El mensaje sobre discapacidad tuvo una profundidad semejante. El Papa sostuvo que la enfermedad y la dependencia nunca disminuyen el valor de una vida. Esa afirmación obliga a mirar qué sucede con los apoyos que permiten estudiar, trabajar, trasladarse o recibir tratamiento.
La Ley 27.793 atravesó un veto presidencial, la insistencia del Congreso y un intento oficial de suspender su ejecución por razones presupuestarias. Fue reglamentada en febrero de 2026, después de una intervención judicial. Aquella resistencia inicial dio paso a una discusión sobre su cumplimiento efectivo.
Organizaciones y prestadores denunciaron durante este año una aplicación parcial, con compensaciones pendientes, dificultades arancelarias y demoras en pensiones. El Ministerio de Salud rechazó ese diagnóstico. La disputa tiene consecuencias que exceden cualquier expediente. Cuando se interrumpe una prestación, la carga recae sobre la persona que la necesita y sobre una familia que debe reorganizar su vida para sostenerla.
Hablar de inclusión exige hacerse cargo de esas situaciones. Una familia que pierde un tratamiento, un estudiante que deja la facultad o un jubilado obligado a elegir entre necesidades básicas expresan problemas que ninguna celebración del equilibrio fiscal puede resolver por sí misma. La justicia social se mide en las condiciones materiales que permiten vivir con dignidad.
León XIV también pidió a quienes gobiernan reconocer los límites del poder recibido. Su llamado permite una lectura institucional tan necesaria como la social. La legitimidad electoral convive con las atribuciones del Congreso, las decisiones judiciales y los derechos de quienes no acompañan al oficialismo. Gobernar para todos exige hacerse responsable también de esas obligaciones.
Desde una mirada peronista, el núcleo del discurso estuvo en esa unión entre trabajo, dignidad y pertenencia. La comunidad organizada necesita que nadie quede librado a su suerte. Los trabajadores, los jubilados, los estudiantes y las personas con discapacidad tienen derechos que el Estado debe garantizar. Su protección no puede depender de la voluntad circunstancial de un presidente.
El Papa reconoció el valor de la iniciativa privada y del esfuerzo personal. Al mismo tiempo, habló de quienes trabajan y aun así no pueden sostener sus hogares. Allí dejó planteada una cuestión que atraviesa la vida de millones de argentinos. La libertad pierde contenido cuando el salario no alcanza y los derechos reconocidos no llegan a la vida cotidiana.
En el Palacio Libertad, León XIV recordó que una patria se recibe del esfuerzo de generaciones anteriores y debe entregarse a quienes vienen después. Cuidar esa herencia supone defender las escuelas, los hospitales, las universidades y las instituciones que el pueblo construyó. También supone reconocer a quienes las sostienen todos los días con su trabajo.
Su mensaje dejó una vara concreta para juzgar cualquier programa económico. “Una de las condiciones más elementales es poder vivir del propio trabajo”.