Pablo Blanco, secretario general de STIGAS, alertó sobre el deterioro social que provoca el aumento de los costos energéticos. Cuestionó la eliminación de ayudas estatales para las garrafas y el posible recorte al régimen de Zona Fría, mientras crece la preocupación entre los trabajadores del sector por el acceso al gas en los hogares.
La discusión energética volvió a instalarse con fuerza entre los gremios vinculados a los servicios públicos, pero esta vez no solamente por la situación de la industria, sino por el impacto que las políticas oficiales generan sobre la vida cotidiana de millones de argentinos.
Desde el sindicato de trabajadores de la industria del gas, la preocupación atraviesa todos los niveles: desde el precio de las garrafas hasta las dificultades para conectarse a la red domiciliaria, pasando por las tarifas y la eventual eliminación de beneficios para las regiones más frías del país.
En diálogo con El Delegado Diario, el secretario general de STIGAS, Pablo Blanco, cuestionó duramente la orientación de las medidas impulsadas por el Gobierno nacional y aseguró que el escenario “se vuelve cada vez más grave para los sectores trabajadores y populares”.
“El subsidio de la garrafa ya lo quitaron y ahora quieren avanzar también con la quita de subsidios a las zonas frías. Eso significa que en los lugares donde más se necesita el gas, directamente se va a pagar muchísimo más caro”, advirtió el dirigente.
Blanco sostuvo que las decisiones vinculadas a la energía no pueden analizarse de manera aislada, porque repercuten sobre toda la estructura social y económica. “No hay proyecto de país que resista si la gente no puede acceder a lo básico. El gas, la luz, el pan, la leche o el transporte para ir a trabajar forman parte de lo indispensable para vivir”, remarcó.
La preocupación del sindicalista también alcanza a los hogares que todavía no cuentan con conexión domiciliaria y dependen exclusivamente del gas envasado. Según explicó, la desregulación del mercado y la eliminación de ayudas estatales provocaron una fuerte presión sobre el valor del GLP, afectando especialmente a las familias de menores ingresos.
“El gas de garrafa es imprescindible para muchísima gente humilde. Con la quita de subsidios y la liberación de precios, comprar una garrafa empieza a convertirse en algo imposible para muchos hogares”, afirmó.
En ese sentido, Blanco planteó que el problema energético no se limita únicamente a las tarifas, sino también al costo de acceder a la infraestructura. Puso como ejemplo el caso de familias que viven a pocos metros de una red de gas natural pero no pueden afrontar los gastos de instalación interna ni las conexiones exigidas por las empresas distribuidoras.
“Hay vecinos que tienen el caño a cien metros y aun así no pueden conectarse porque la instalación cuesta fortunas. En vez de beneficiar a grandes empresas, el Estado podría promover cooperativas o mecanismos solidarios que permitan extender el servicio y abaratar costos”, propuso.
El dirigente gremial también vinculó la situación local con factores internacionales. Mencionó las tensiones en el estrecho de Hormuz y el menor tránsito marítimo como elementos que presionan sobre el valor global de la energía y terminan repercutiendo en los precios internos.
Sin embargo, aclaró que el problema argentino no responde únicamente al escenario externo. “La desregulación y la eliminación de herramientas de contención empeoran todavía más las cosas. Los que terminan pagando las consecuencias son los trabajadores y las familias comunes de toda la Argentina”, señaló.
Dentro del sector gasífero crece además la inquietud por el efecto social que podría generar un invierno con tarifas más elevadas y menor cobertura estatal. Los trabajadores advierten que el acceso a la energía dejó de ser solamente una discusión económica para transformarse en un problema de subsistencia cotidiana.
“Estamos produciendo la imposibilidad de que el pueblo argentino pueda sostener lo básico. Y cuando eso ocurre, el daño ya no es solamente económico: empieza a afectar directamente la calidad de vida y la dignidad de las personas”, concluyó Blanco.