Un informe del CEPA describe el retroceso del empleo registrado, la pérdida de poder adquisitivo y los recortes en las políticas sociales. Mientras el Gobierno defiende el ajuste, trabajadores, jubilados y familias endeudadas pagan sus consecuencias.
La Argentina que recibe al Papa tiene trabajadores que perdieron su empleo, jubilados que compran menos con sus haberes y familias que se endeudan para llegar a fin de mes. El informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), titulado “La Argentina que recibe al Papa”, reúne cifras que permiten ponerle una medida concreta al costo social del gobierno de Javier Milei. Detrás del discurso oficial sobre el orden fiscal aparecen ingresos deteriorados y un Estado que retira recursos de áreas esenciales.
El relevamiento advierte un deterioro simultáneo del trabajo, los ingresos y la protección social. Esa combinación golpea especialmente a quienes dependen de un sueldo, una jubilación o una prestación pública para sostener su vida cotidiana. Perder el empleo resulta todavía más grave cuando las políticas que deberían acompañar a quienes quedan afuera también sufren recortes.
Entre noviembre de 2023 y julio de 2026 se perdieron 32.290 empleadores y 437.611 puestos registrados en unidades productivas. Al incorporar a las trabajadoras de casas particulares, la caída del empleo privado registrado llegó a 465.811 personas. Según el informe, fueron unas 480 por día.
Cada puesto perdido tiene consecuencias que van mucho más allá del recibo de sueldo. Se interrumpen aportes jubilatorios, se compromete la cobertura de salud y se vuelve incierto el pago del alquiler, los servicios y los alimentos. También se resiente el comercio del barrio, porque una familia sin ingresos estables recorta sus compras.
La industria encabezó la destrucción de empleo, con 108.000 puestos menos. La construcción perdió 81.089 y el transporte, 72.737. Son actividades que generan trabajo y mueven a proveedores, comercios y servicios. Su retroceso expone el daño sobre la producción y sobre miles de hogares que vivían de esos salarios.
La posibilidad de encontrar otra ocupación tampoco garantiza condiciones dignas. En el segundo trimestre de 2026, la informalidad alcanzó al 45 por ciento de las personas ocupadas. La desocupación llegó al 7,9 por ciento, con un 11,5 por ciento en el Gran Rosario y un 17,1 por ciento entre las mujeres de 14 a 29 años. Para muchas jóvenes, conseguir trabajo sigue siendo una puerta cerrada.
Quienes conservaron un empleo registrado también perdieron. De acuerdo con el CEPA, los salarios públicos y privados quedaron un 7 por ciento por debajo de noviembre de 2023 en términos reales. En el sector público, la caída llegó al 15,3 por ciento, y en la Administración Pública Nacional alcanzó el 35,7 por ciento.
El ajuste sobre los trabajadores estatales tiene una doble consecuencia. Reduce los ingresos de sus familias y debilita las tareas que realizan hospitales, organismos y dependencias públicas. El Gobierno presenta al Estado como un gasto, pero sus decisiones recaen sobre personas que trabajan y sobre ciudadanos que necesitan atención.
Los jubilados de menores ingresos también soportaron una pérdida profunda. Las jubilaciones mínimas con bono quedaron un 19,2 por ciento por debajo del último trimestre de 2023. El refuerzo de 70.000 pesos permanece congelado desde marzo de 2024, mientras los gastos cotidianos siguen consumiendo los haberes.
El informe calculó que, si ese bono hubiera acompañado la actualización de las jubilaciones, habría llegado a 226.875 pesos. La diferencia es de 156.875 pesos mensuales. Para quienes cobran la mínima, ese dinero puede definir qué medicamentos compran, cuántas comidas resuelven o qué factura dejan pendiente.
Cuando el ingreso no alcanza, la deuda ocupa su lugar. El CEPA vinculó la pérdida de poder adquisitivo con el recurso al crédito para sostener consumos y afrontar gastos cotidianos. Así, el endeudamiento se convierte en una forma de estirar el sueldo, hasta que las cuotas empiezan a disputar el dinero necesario para vivir.
En agosto de 2026, la morosidad bancaria llegó al 12,8 por ciento. Entre los proveedores no financieros, el incumplimiento trepó al 34,2 por ciento y superó el máximo del 27,1 por ciento registrado durante la pandemia. Son cifras que muestran cuántas familias ya no consiguen sostener los compromisos asumidos.
Al mismo tiempo, el Gobierno recortó políticas que deberían amortiguar esas dificultades. La comparación de la ejecución presupuestaria real a septiembre de 2026 respecto de septiembre de 2023 mostró una caída del 75 por ciento en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
La Pensión Universal para el Adulto Mayor registró una reducción del 34 por ciento y las pensiones no contributivas, del 24 por ciento. En discapacidad, la baja fue del 27 por ciento. Se trata de recursos destinados a personas que muchas veces carecen de otra fuente de ingresos o necesitan asistencia permanente.
En salud, el relevamiento señaló que la atención sanitaria territorial y la prevención de enfermedades crónicas no registraron ejecución en los programas analizados. El Hospital Nacional en Salud Mental Laura Bonaparte sufrió una caída real del 53 por ciento.
Las becas estudiantiles retrocedieron un 85 por ciento. Conectar Igualdad, el Fondo Nacional de Incentivo Docente y el Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles tampoco registraron ejecución. El programa de Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas cayó un 50,5 por ciento.
La visita del Papa encuentra a la Argentina atravesada por esas pérdidas. Hablar de dignidad humana obliga a mirar qué ocurre con quien busca empleo, con la jubilada que necesita medicamentos y con la familia que pide prestado para comprar alimentos. Las cifras del CEPA dan cuenta de decisiones políticas y de quiénes soportan sus consecuencias.
El Gobierno puede celebrar sus cuentas. Los trabajadores tienen que hacer otras, todos los días, para llegar a fin de mes. Ningún balance fiscal alcanza para justificar que el trabajo pierda valor, que la vejez se empobrezca y que la protección social se retire precisamente cuando más falta hace.