La intervención policial durante una protesta gremial desató una huelga que paralizó las seis líneas y el Premetro durante más de cinco horas. Los trabajadores reclamaban contra sanciones y tercerizaciones. Recuperaron la libertad por la tarde y el servicio se reanudó, mientras crecían los cuestionamientos a la respuesta del Gobierno porteño.
Una protesta con apertura de molinetes terminó convertida en un paro total después de que la Policía de la Ciudad detuviera a representantes sindicales. Esa secuencia marcó este martes 20 de octubre una jornada de fuerte tensión en el subte porteño. El conflicto escaló con los arrestos y dejó expuesta la decisión de Jorge Macri de respaldar el operativo y endurecer su discurso contra los trabajadores. La circulación comenzó a recuperarse después de las 15.30, tras la liberación de los detenidos.
El reclamo tenía antecedentes concretos. El lunes, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro había declarado el estado de alerta por la presencia de empresas tercerizadas en tareas que, según denunció, correspondían al personal propio de mantenimiento. A ese cuestionamiento se sumó el rechazo a una sanción aplicada por Emova a un trabajador, que la organización consideró abusiva. La discusión involucraba la defensa de puestos y condiciones laborales.
Desde las siete de la mañana, la protesta incluyó la apertura de molinetes en la línea B, una modalidad que permitía el ingreso gratuito de pasajeros. Las detenciones de Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia transformaron el alcance del conflicto. Néstor Segovia también fue demorado y recuperó la libertad antes que sus compañeros. La respuesta gremial fue la paralización de toda la red y el Premetro para exigir que los liberaran.
La versión oficial sostuvo que la intervención respondió a una orden de la fiscalía por desobediencia, después de que se habilitara una puerta de emergencia para que los usuarios ingresaran sin pagar. El sindicato denunció un ataque al derecho de protesta. La secuencia plantea una responsabilidad política que el Gobierno porteño no puede eludir al hablar de los perjuicios a los pasajeros. Una medida localizada terminó en una interrupción general después del procedimiento policial.
Desde España, donde cumplía una visita oficial, Macri eligió respaldar las detenciones. “El que bloquea un servicio esencial va preso”, afirmó. También acusó a los dirigentes de defender intereses particulares y presentó su actuación bajo la consigna de orden. Ese lenguaje profundizó el enfrentamiento con una representación sindical que reclamaba por sanciones y tercerizaciones, sin ofrecer públicamente en ese mensaje una salida negociada.
El rechazo al operativo trascendió a los metrodelegados. La Asociación Bancaria expresó su solidaridad con los trabajadores, cuestionó la criminalización de los reclamos laborales y responsabilizó al jefe de Gobierno. “Gobernar no es perseguir a quienes reclaman”, sostuvo. El bloque Fuerza por Buenos Aires también advirtió que la administración porteña había agravado la disputa y que las consecuencias recaían sobre los usuarios.
Durante la tarde, Dellecarbonara y Heredia recuperaron la libertad. El gremio realizó asambleas y el servicio comenzó a normalizarse. La Ciudad, entretanto, intimó a garantizar una prestación mínima del 50 por ciento. La reanudación permitió aliviar los viajes, pero dejó pendientes las denuncias laborales que habían originado la protesta.
La jornada dejó una conclusión política incómoda para Macri. El despliegue policial y las amenazas no evitaron la paralización del transporte y ampliaron un conflicto que requería negociación. Los trabajadores respondieron colectivamente y sostuvieron el reclamo por sus representantes detenidos. Después de recuperar la libertad, Dellecarbonara expresó la demanda que seguía abierta al cierre de la jornada. “Queremos garantías de que dejen de perseguir a los trabajadores”.
