La central obrera marchó el 8 de octubre en defensa de la producción nacional y denunció el deterioro del empleo y los ingresos. El reclamo retomó las críticas de Cristian Jerónimo, quien acusó al Gobierno de favorecer la concentración de la riqueza y convocó al movimiento obrero a construir una alternativa política para 2027.
La defensa de la industria nacional y de las familias trabajadoras volvió a las calles del centro porteño. El jueves 8 de octubre, la Confederación General del Trabajo se movilizó hasta el edificio del ex Ministerio de Industria para rechazar el rumbo económico del gobierno de Javier Milei. Bajo la consigna “Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también”, la protesta reunió a distintos gremios y culminó con las intervenciones de Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello, integrantes de la conducción sindical.
El documento difundido por el Consejo Directivo Nacional planteó una crítica frontal al programa oficial. La CGT denunció que el Ejecutivo lleva adelante un modelo monitoreado por el Fondo Monetario Internacional, que beneficia a intereses ajenos a las necesidades de las mayorías y debilita el sistema productivo. Identificó entre sus consecuencias la pérdida de empleo, el deterioro salarial, la caída del consumo y las dificultades de las pequeñas y medianas empresas para sostener su actividad.
La movilización dio continuidad a una posición que Jerónimo había expresado durante el acto por el Día de la Industria, realizado en la sede cegetista junto a la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA). Allí, el dirigente había cuestionado la distribución de los costos y beneficios de la política económica: “Este gobierno realmente quiere construir un país para pocos, quiere construir un país sin industria nacional”, sostuvo, y calificó de “obscena” la transferencia de recursos desde los sectores más postergados hacia los más concentrados.
Su intervención puso el foco en el daño que provoca el cierre de una fábrica sobre la vida de una comunidad. “Cada vez que se apaga una chimenea se muere una comunidad”, afirmó. Explicó que la pérdida de una unidad productiva arrastra a los negocios y servicios que dependen de ella, debilita los vínculos sociales y deja a poblaciones enteras sin perspectivas. También recordó que la Argentina ya atravesó procesos de destrucción industrial cuyas consecuencias resultaron difíciles de revertir.
Esa preocupación quedó reflejada en el pronunciamiento del 8 de octubre. La central advirtió que los quebrantos empresariales agravan los problemas de las cadenas de pagos y dañan los entramados productivos regionales. Señaló a las PyMEs como un sostén fundamental del empleo y denunció que enfrentan falta de financiamiento, elevados costos de los servicios públicos y un mercado interno debilitado.
El planteo sindical vinculó la defensa de la producción con la posibilidad de sostener una vida digna. Jerónimo reivindicó el trabajo como un ordenador social que permite proyectar el futuro, organizar la vida familiar y acceder a oportunidades de formación. “Que los hijos de los trabajadores puedan ir a la universidad, que los hijos de los trabajadores puedan soñar con ser profesionales”, expresó, al explicar qué está en juego cuando una familia pierde su fuente de ingresos.
La CGT también describió el costo cotidiano del ajuste: hogares con dificultades alimentarias, endeudamiento familiar, jubilados que no pueden comprar sus medicamentos y personas con discapacidad sin la atención necesaria. A ese diagnóstico sumó el desfinanciamiento de la salud, la educación, la investigación científica, la obra pública y el transporte. El documento atribuyó al Gobierno una falta de sensibilidad ante estos problemas y cuestionó el cierre de los canales de diálogo institucional.
“No hay dos velocidades en este programa económico vigente: hay dos economías”, sostuvo la organización. Una concentrada en sectores que capturan la mayor parte de la renta y otra en la que los ingresos resultan insuficientes para las grandes mayorías. La denuncia incluyó a trabajadores ocupados, subocupados, precarizados y desocupados, unidos por las dificultades para cubrir sus necesidades y sostener sus proyectos familiares.
Ante esa orientación, Jerónimo propuso un desarrollo que integre las distintas actividades productivas. “Es la industria y el campo, la industria y la minería, la industria y la energía; tienen que ser sectores que se complementen”, manifestó. Reclamó que los recursos naturales estén al servicio de la población, que se les incorpore valor agregado y que su explotación genere oportunidades para trabajadores argentinos.
El dirigente cuestionó que el crecimiento de unas pocas actividades pueda presentarse como una salida para todo el país mientras millones de personas quedan relegadas. Por eso defendió una política que combine productividad, integración nacional y empleo calificado. También subrayó que recuperar una fábrica exige tiempo, inversión y capacidades que pueden perderse rápidamente cuando se interrumpe la producción.
La respuesta que propuso fue tanto sindical como política. Jerónimo llamó a la CGT y al movimiento obrero a asumir un papel protagónico en la construcción de un proyecto que incluya a los 47 millones de argentinos. Reclamó responsabilidad e idoneidad para ocupar los lugares de decisión y anunció: “Nosotros vamos a empezar a apostar a una construcción política de cara al 2027 porque queremos defender nuestra industria nacional, porque queremos defender nuestra soberanía”.
La marcha del 8 de octubre se incorporó a esa voluntad de sostener los reclamos en la calle. La central también confirmó su acompañamiento a la movilización universitaria prevista para el 15 de octubre, extendiendo la protesta a la defensa de la educación pública.
En su documento, la CGT convocó a fortalecer la organización y construir alternativas participativas frente a un país reservado para unos pocos. La defensa del salario, las fábricas y los derechos sociales quedó reunida en la frase con la que cerró su pronunciamiento: “No hay libertad sin justicia social”.