Un dictamen favorable de la Fiscalía General ante la Cámara de Apelaciones fortaleció el reclamo de los trabajadores de la AM 1110, la FM 2×4 y el Canal de la Ciudad. La decisión ahora quedó en manos de los jueces de la Sala III, mientras el Gobierno porteño avanza con el proceso de concesión de las emisoras.
La disputa por el futuro de los medios públicos de la Ciudad de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo en los tribunales. El fiscal general ante las Cámaras Nacionales de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal y en lo Contencioso Administrativo Federal, Rodrigo Cuesta, emitió un dictamen favorable al planteo presentado por trabajadores de la AM 1110 La Oncediez, la FM 92.7 La 2×4 y el Canal de la Ciudad.
El pronunciamiento representa un respaldo para quienes cuestionan la decisión del Gobierno porteño de avanzar con la concesión de los medios públicos y podría abrir la puerta a una medida cautelar destinada a suspender el proceso. Ahora, la definición quedó en manos de los jueces de la Sala III de la Cámara de Apelaciones, que deberán resolver si corresponde hacer lugar al pedido de los trabajadores.
La causa se inició a partir de una presentación realizada por trabajadores de los tres medios y tramita ante el Juzgado Contencioso Administrativo N° 12. El planteo sostiene que el Gobierno porteño lleva adelante un proceso que, según los demandantes, vulnera disposiciones legales y constitucionales vinculadas con la administración y explotación de los medios de comunicación públicos.
A ese expediente se suma otro elemento considerado relevante por los trabajadores: un informe del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) incorporado a la causa. En ese documento, los apoderados del organismo señalaron que el procedimiento de licitación se encontraría en colisión con previsiones legales y reglamentarias destinadas a impedir la delegación de la explotación de los servicios de comunicación autorizados.
El planteo judicial adquiere especial importancia porque el proceso de concesión ya tuvo avances concretos. El Gobierno de la Ciudad adjudicó el Canal de la Ciudad al empresario Augusto Marini, vinculado a los medios Carajo y Blender, por un canon mensual de 50 millones de pesos.
En el caso de las radios públicas, en cambio, la primera licitación quedó desierta por falta de oferentes. Frente a esa situación, la administración porteña puso en marcha una segunda convocatoria, cuyo cronograma establece la apertura de ofertas para el próximo 28 de septiembre.
Ese calendario es uno de los principales motivos por los que los trabajadores reclaman una resolución judicial con rapidez. La preocupación es que el proceso administrativo continúe avanzando mientras la Justicia todavía analiza la legalidad de la decisión.
La discusión no se limita, según sostienen los trabajadores, a quién administrará determinadas emisoras o cuánto dinero podrá obtener el Estado porteño mediante una concesión. El reclamo plantea una cuestión de fondo: cuál debe ser el papel de los medios públicos en una sociedad democrática y si sus objetivos pueden quedar subordinados a una lógica exclusivamente comercial.
La AM 1110 La Oncediez, la FM 92.7 La 2×4 y el Canal de la Ciudad fueron concebidos como herramientas de comunicación pública. Para sus trabajadores, esa condición implica responsabilidades que exceden la búsqueda de rentabilidad: garantizar información de interés general, ofrecer espacios a distintas voces, promover la cultura y generar canales de comunicación con los vecinos.
Desde esa perspectiva, sostienen que una eventual privatización o concesión podría modificar sustancialmente la naturaleza de esos medios y afectar el cumplimiento de funciones que consideran propias del Estado.
El reclamo también incorpora una dimensión patrimonial. Los trabajadores advierten que la transferencia de la explotación de medios que forman parte del patrimonio público porteño no puede realizarse sin respetar los procedimientos y límites establecidos por las normas vigentes.
El dictamen de la Fiscalía General no significa todavía una resolución definitiva sobre el fondo de la controversia. La decisión que esperan los trabajadores deberá ser adoptada por la Cámara de Apelaciones, que tiene ahora la posibilidad de pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada.
Mientras tanto, el reloj administrativo sigue corriendo. La segunda licitación de las radios tiene una fecha concreta y, de no mediar una decisión judicial que suspenda el proceso, el Gobierno porteño podría continuar con el procedimiento.
Por eso, los trabajadores reclaman que la Cámara actúe antes de que nuevas decisiones administrativas hagan más difícil revertir el proceso. El objetivo inmediato es obtener una medida cautelar que frene la concesión hasta que la Justicia pueda analizar en profundidad los cuestionamientos planteados en la causa.
La controversia pone así frente a frente dos concepciones sobre el destino de los medios públicos. De un lado, la decisión oficial de avanzar hacia esquemas de concesión y participación privada. Del otro, trabajadores que sostienen que las emisoras y el canal deben continuar bajo una lógica de servicio público y reclaman que cualquier modificación de ese modelo respete estrictamente el marco legal.
Con el dictamen favorable de la Fiscalía General, la disputa ingresó en una etapa decisiva. La próxima palabra será la de los jueces de la Sala III. Y el calendario de licitaciones convierte esa definición en una carrera contra el tiempo para quienes buscan impedir que la privatización avance antes de que exista un pronunciamiento judicial definitivo.