El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) realizó un balance de los primeros 1.000 días de la gestión de Javier Milei a través de diez indicadores económicos. El resultado muestra un fuerte deterioro del poder adquisitivo, destrucción de empleo registrado, mayor informalidad, caída del consumo y retroceso de la producción industrial. Los números ponen el foco sobre quiénes vienen soportando el costo del programa económico.
El 4 de septiembre se cumplieron 1.000 días desde la asunción de Javier Milei. Lejos de los balances oficiales centrados en la desaceleración de la inflación o el ordenamiento de las cuentas públicas, un informe del Centro de Economía Política Argentina puso la mirada sobre otra parte de la economía: los salarios, las jubilaciones, el trabajo, el consumo, el endeudamiento familiar, la inversión y la producción.
El trabajo, titulado “1.000 días de Milei en 10 indicadores económicos”, busca medir qué ocurrió durante este período con las condiciones materiales de vida y con la estructura productiva argentina. Para hacerlo analiza información oficial y privada sobre ingresos, empleo, crédito, empresas e industria.
Uno de los datos más contundentes aparece en los salarios. Los ingresos de los trabajadores registrados, sumando sector público y privado, perdieron 8,2 por ciento de poder adquisitivo respecto de noviembre de 2023. La situación es todavía más profunda entre los trabajadores del Estado nacional, cuyos salarios se encuentran 37 por ciento por debajo del nivel previo al inicio del Gobierno, mientras que los provinciales registran una pérdida de 9,7 por ciento. El Salario Mínimo, Vital y Móvil sufrió una caída aún mayor: 40,8 por ciento de poder de compra entre noviembre de 2023 y septiembre de 2026. Según CEPA, para regresar al nivel promedio de 2023 debería aumentar más de 271 mil pesos.
Para los jubilados, el ajuste también tuvo consecuencias concretas. El bono para quienes cobran la mínima permanece congelado en 70 mil pesos desde marzo de 2024. El informe calcula que, de haberse actualizado con el mismo criterio de movilidad aplicado al haber, en septiembre debería ubicarse en 223.148 pesos. La diferencia representa 153.148 pesos mensuales que dejó de percibir cada jubilado alcanzado por el bono. La jubilación mínima incluyendo ese refuerzo perdió 19,2 por ciento en términos reales frente al último trimestre del gobierno anterior.
El deterioro de los ingresos comenzó además a trasladarse con fuerza al endeudamiento de los hogares. La morosidad bancaria de las familias llegó en julio al 13 por ciento, uno de los niveles más altos desde la crisis de 2001. En los proveedores no financieros de crédito, segmento que el informe identifica para facilitar la lectura con las billeteras virtuales, el atraso alcanzó 33,9 por ciento, superando incluso el máximo registrado durante la pandemia. Considerando ambas modalidades, la irregularidad total llegó aproximadamente al 15,7 por ciento.
Menos salario, más deuda y menos consumo conforman una misma fotografía. Las ventas de supermercados se ubican 10,3 por ciento por debajo del promedio comprendido entre enero de 2022 y noviembre de 2023, mientras que en los autoservicios mayoristas el retroceso alcanza el 16,9 por ciento. Los registros privados de Scentia muestran una contracción todavía más clara del consumo masivo: 12,9 por ciento respecto del promedio de enero a noviembre de 2023.
Pero el dato de mayor impacto para el movimiento obrero aparece en el mercado laboral. Desde noviembre de 2023 hasta mayo de 2026 se perdieron 411.613 puestos de trabajo registrados, una reducción del 4,18 por ciento. Dicho de otra manera, durante los primeros 1.000 días de Milei desaparecieron, en promedio, alrededor de 450 empleos registrados por día.
La industria manufacturera encabezó la pérdida con 97.312 trabajadores menos, seguida por la construcción con 80.399 empleos destruidos, transporte y almacenamiento con 72.480 y administración pública, defensa y seguridad social con 72.312 puestos menos. Son ramas estrechamente vinculadas con el trabajo asalariado, la organización sindical y el entramado productivo nacional.
Al mismo tiempo, creció el trabajo sin derechos. En el primer trimestre de 2026, la informalidad alcanzó al 44,2 por ciento de los trabajadores ocupados, 3,4 puntos porcentuales por encima del primer trimestre de 2023. Esto significa que más de cuatro de cada diez trabajadores desarrollan su actividad sin las protecciones propias del empleo registrado, como aportes jubilatorios, cobertura de salud, licencias pagas y mecanismos de protección frente al desempleo.
El golpe también alcanzó al entramado empresario. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, la cantidad de empleadores cayó de 512.357 a 481.724. Son 30.633 empresas empleadoras menos, equivalentes a una reducción promedio de 33,5 por día. Comercio perdió 8.408 empleadores; transporte y almacenamiento, 6.733; servicios inmobiliarios, 4.098; e industria manufacturera, 4.020.
La promesa de que el ajuste inicial sería compensado por una fuerte corriente inversora tampoco encuentra, según CEPA, respaldo en los indicadores relevados. De nueve trimestres disponibles desde el comienzo de la gestión, cinco presentaron caídas interanuales de la inversión. En el primer trimestre de 2026, la Formación Bruta de Capital Fijo se desplomó 11,6 por ciento interanual. A su vez, el saldo acumulado de inversión extranjera directa a través del mercado de cambios muestra una desinversión neta de 1.193 millones de dólares desde diciembre de 2023.
La industria completa un balance especialmente preocupante para el mundo del trabajo. Según el Índice de Producción Industrial del INDEC utilizado por CEPA, la producción manufacturera promedió durante la gestión un nivel 10,2 por ciento inferior al período previo. El retroceso no queda limitado a los primeros meses del ajuste: durante el primer semestre de 2026 la industria volvió a mostrar una caída interanual del 2,2 por ciento.
A 1.000 días del inicio de la gestión libertaria, el balance elaborado por CEPA deja una secuencia difícil de separar: salarios que compran menos, jubilaciones deterioradas, familias más endeudadas, consumo en retroceso, centenares de miles de empleos registrados perdidos, creciente informalidad, menos empresas empleadoras y una industria que no recupera los niveles anteriores a diciembre de 2023.
Para el movimiento obrero, detrás de las cifras aparece una cuestión central. El equilibrio de las variables macroeconómicas no puede evaluarse al margen de lo que ocurre con quienes viven de su trabajo. Y los números de estos primeros 1.000 días muestran que una parte sustancial del costo del programa económico recayó sobre trabajadores, jubilados y sectores productivos. Esa es, más allá del discurso oficial, una de las cuentas pendientes que deja hasta ahora la gestión de Javier Milei.