La crisis económica dejó una marca cada vez más profunda sobre los adultos mayores. Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA) reveló que el 46% de los hogares donde viven personas de 60 años o más tuvo ingresos insuficientes durante 2024-2025 para cubrir sus necesidades básicas.
El dato no sólo representa el nivel más elevado de toda la serie analizada desde 2017. También muestra la profundidad del deterioro registrado en los últimos años: la proporción aumentó cinco puntos porcentuales respecto del período 2022-2023.
El estudio, titulado “Vivir y envejecer en contextos de desigualdad. Evolución de la subsistencia económica, el hábitat, la salud y el bienestar subjetivo en la población de 60 años y más (2017-2025)”, expone cómo la pérdida de poder adquisitivo terminó trasladándose a cuestiones esenciales de la vida cotidiana.
La situación es todavía más grave entre los sectores de menores recursos. En el estrato socioeconómico muy bajo, la insuficiencia de ingresos alcanza al 71,1% de los hogares con personas mayores. Es decir, más de siete de cada diez hogares de ese segmento no cuentan con recursos suficientes para afrontar sus necesidades básicas.
El deterioro también aparece en la alimentación. La inseguridad alimentaria pasó del 12,3% en 2017-2019 al 18,4% en 2024-2025, en otro indicador que evidencia el retroceso de las condiciones de vida.
Pero detrás del promedio existe una desigualdad todavía más profunda. Mientras la inseguridad alimentaria alcanza al 1,1% de las personas mayores pertenecientes al estrato medio alto, entre quienes se encuentran en el nivel socioeconómico muy bajo llega al 39,1%. La diferencia implica que el riesgo de sufrir dificultades para acceder regularmente a los alimentos es más de 35 veces mayor entre los adultos mayores más pobres.
La pérdida de ingresos también obligó a muchas familias a resignar pagos esenciales. El 21,3% de los hogares con personas mayores dejó de pagar al menos un servicio público por motivos económicos. En los sectores más vulnerables, la proporción trepa al 39,4%, prácticamente cuatro de cada diez hogares.
El dato adquiere especial relevancia frente al fuerte incremento de los gastos cotidianos que deben afrontar los jubilados y sus familias. Cuando los ingresos no alcanzan, las primeras decisiones suelen recaer sobre consumos que dejan de ser considerados prioritarios, aun cuando se trate de servicios básicos.
La asistencia estatal tampoco alcanza para compensar el deterioro. Entre los hogares pertenecientes al estrato socioeconómico muy bajo, donde la insuficiencia de ingresos llega al 71,1%, sólo el 42,4% recibe algún programa de transferencia o asistencia alimentaria.
A nivel general, además, la cobertura de estos programas entre los hogares con personas mayores cayó del 30,6% registrado durante la pandemia de coronavirus al 26,8% en 2024-2025.
El ajuste también tiene una expresión concreta en las condiciones habitacionales. El 11,8% de las personas mayores reside en viviendas que presentan déficits habitacionales, porcentaje que se eleva al 27,5% entre los sectores socioeconómicos más pobres.
A esto se suma la falta de acceso adecuado a servicios esenciales como agua, gas y saneamiento. El problema afecta al 25,2% de la población mayor, pero prácticamente se duplica entre quienes pertenecen al estrato socioeconómico muy bajo: llega al 49,3%.
En otras palabras, uno de cada dos adultos mayores de los sectores más vulnerables vive con carencias en servicios básicos del hogar.
La salud aparece como otro de los terrenos donde la crisis económica obliga a tomar decisiones que pueden tener consecuencias directas sobre la calidad de vida. El 35,2% de los hogares con personas mayores postergó o directamente resignó consultas médicas o medicamentos por motivos económicos durante 2024-2025.
Se trata del valor más alto de toda la serie y representa un incremento de casi diez puntos porcentuales respecto del período 2022-2023.
La situación vuelve a ser mucho más severa entre los hogares de menores recursos: allí el porcentaje alcanza al 55%. Más de la mitad de estos hogares tuvo que postergar o resignar atención médica o medicamentos por no poder afrontar el gasto.
El dato resulta especialmente significativo para una población que, por razones propias del envejecimiento, suele tener una mayor necesidad de controles médicos y tratamientos permanentes.
Durante 2025, alrededor del 74% de las personas mayores afiliadas utilizó PAMI para realizar consultas médicas y el 70% recurrió a la obra social para la compra de medicamentos. Sin embargo, las valoraciones sobre la cobertura tampoco son homogéneas.
El 61,7% calificó positivamente la atención médica, mientras que sólo el 49,7% tuvo una valoración favorable de la cobertura de medicamentos. Las opiniones negativas aumentan entre los sectores socioeconómicos más vulnerables.
El informe de la UCA termina así de dibujar un cuadro que excede largamente una discusión estadística. Los números muestran que el deterioro de los ingresos de los adultos mayores se traduce en menos alimentos, dificultades para pagar servicios, viviendas con carencias y, de manera especialmente preocupante, postergación de consultas y medicamentos.
La dimensión del problema también queda expuesta por la brecha social: mientras determinados sectores pueden absorber el aumento del costo de vida, entre los jubilados y hogares de menores ingresos la pérdida de poder adquisitivo obliga a resignar consumos indispensables.
El 46% de insuficiencia de ingresos registrado por la UCA durante 2024-2025 constituye, de esta manera, una de las señales más contundentes del costo social de las políticas de ajuste sobre una población que depende en buena medida de ingresos previsionales y que tiene menos margen para compensar la pérdida de poder adquisitivo con nuevas fuentes de trabajo.
Más que una fotografía aislada, los datos describen un proceso: cuando los ingresos pierden frente al costo de vida, el ajuste termina pagándose con comida, servicios, vivienda y salud. Y entre los adultos mayores más pobres, esa cuenta ya dejó de ser una amenaza para convertirse en una realidad cotidiana.