La empresa avícola suspendió “hasta nuevo aviso” la actividad en Capitán Sarmiento y los trabajadores temen que la medida termine en un cierre definitivo. La decisión se suma a despidos, suspensiones y plantas paralizadas en distintas localidades, mientras la compañía negocia una reestructuración de una deuda millonaria.
La crisis de Granja Tres Arroyos volvió a encender las alarmas entre los trabajadores de la industria avícola. La empresa comunicó la suspensión de la actividad en su planta de Capitán Sarmiento “hasta nuevo aviso” a partir de este lunes 31 de agosto, una decisión que pone en riesgo los puestos de trabajo y profundiza la incertidumbre sobre el futuro de la planta.
La dirección de la compañía atribuyó la interrupción de las operaciones a “la falta de suministro eléctrico y a otras cuestiones operativas y productivas derivadas de circunstancias de fuerza mayor y de público conocimiento”. Sin embargo, para los trabajadores la preocupación va mucho más allá de una interrupción temporal: existe el temor de que la planta no vuelva a funcionar y que la suspensión termine transformándose en un cierre definitivo.
La inquietud se profundizó ante versiones sobre el retiro de maquinaria concesionada y el vaciamiento de oficinas por parte de la empresa. Para los empleados, esos movimientos constituyen señales concretas de que la paralización podría tener un alcance mucho mayor al anunciado formalmente.
El caso de Capitán Sarmiento tampoco aparece como un hecho aislado. Durante los últimos meses, Granja Tres Arroyos viene aplicando un fuerte proceso de ajuste sobre su estructura productiva, con consecuencias directas sobre el empleo.
A comienzos de agosto, la compañía comunicó el despido de más de 250 trabajadores de la planta La China, ubicada en Concepción del Uruguay. La empresa vinculó esa decisión con la caída de la actividad provocada por la gripe aviar.
Pero el deterioro de la situación laboral viene de antes. La planta Avex, en Río Cuarto, permaneció paralizada durante un mes; en Pinazo, Pilar, se produjo la suspensión de todo el personal; mientras que las plantas Wade I y Wade II también atravesaron una fuerte reducción de la actividad y conflictos vinculados con las condiciones salariales.
La lista de cierres y ajustes se completa con la planta de Tristán Suárez, donde quedaron afectados alrededor de 200 trabajadores, y la planta Becar de Concepción del Uruguay, cuyos 270 empleados fueron trasladados a La China.
Detrás de cada una de estas decisiones hay algo que los balances empresariales muchas veces dejan en segundo plano: familias que pierden ingresos, trabajadores que quedan suspendidos, comunidades enteras que ven amenazada una fuente central de empleo y una cadena productiva que se debilita.
La situación adquiere mayor gravedad porque Granja Tres Arroyos es uno de los principales actores de la industria avícola argentina y su estructura productiva tiene impacto directo en numerosas localidades. Por eso, cada cierre o reducción de actividad no afecta solamente a quienes trabajan dentro de una planta, sino también al comercio y a los proveedores que dependen de ese movimiento económico.
La empresa atraviesa además una delicada situación financiera. Según la información difundida, acumula un pasivo de alrededor de 350,9 millones de dólares y mantiene negociaciones con sus acreedores para avanzar en una reestructuración de sus obligaciones.
La propuesta contempla quitas de hasta el 75 por ciento del capital, plazos de pago de hasta siete años y la venta de al menos cinco activos considerados no estratégicos.
El proceso de deterioro comenzó a hacerse visible con mayor fuerza a fines de 2024, cuando la compañía ingresó en un procedimiento preventivo de crisis. Desde entonces se sucedieron medidas de reducción de costos, retiros voluntarios y un esquema de pago escalonado de sus obligaciones.
Ahora, la suspensión de Capitán Sarmiento vuelve a colocar en primer plano una pregunta que preocupa especialmente a los trabajadores: qué ocurrirá con los puestos de trabajo si la empresa decide profundizar el proceso de ajuste.
La discusión excede así la situación financiera de una compañía. En una actividad estratégica para la producción de alimentos, la respuesta a una crisis empresarial no puede reducirse a despidos, suspensiones, cierres y transferencia de costos hacia los trabajadores.
Mientras la empresa negocia con sus acreedores y busca ordenar sus cuentas, son los trabajadores quienes enfrentan la mayor incertidumbre. La defensa de esos puestos de trabajo aparece como una cuestión central para la comunidad de Capitán Sarmiento y para el conjunto de la industria avícola.
Porque detrás de una planta que deja de producir no hay solamente máquinas detenidas o balances que deben reestructurarse: hay trabajadores, familias y pueblos enteros cuyo futuro depende de que la actividad económica vuelva a poner el empleo en el centro.