Trabajadores de Vialidad y organizaciones sindicales realizarán este viernes una jornada de protesta en el Puente Nicolás Avellaneda ante la falta de mantenimiento y la paralización de sus ocho escaleras mecánicas. Denuncian que miles de vecinos deben subir cinco pisos a pie para cruzar entre Isla Maciel y La Boca. La convocatoria coincide con el primer aniversario del rechazo definitivo del Congreso al decreto con el que el Gobierno de Javier Milei intentó disolver la Dirección Nacional de Vialidad.
Trabajadores de Vialidad Nacional y organizaciones gremiales realizarán este viernes 21 de agosto, desde las 12.30, una jornada de lucha con una olla popular para 200 personas en el acceso al Puente Nicolás Avellaneda, del lado de Isla Maciel, para denunciar el grave deterioro de una infraestructura clave para la conexión cotidiana entre Avellaneda y la Ciudad de Buenos Aires.
La protesta, convocada bajo la consigna “Por un puente al servicio del pueblo y contra el abandono planificado de la infraestructura del Estado”, tendrá lugar en la zona de Costanera Pellegrini y Argentino Valle y contará con la participación de organizaciones sindicales vinculadas a Vialidad, entre ellas ATE, FEPEVINA y SEVINA.
El centro del reclamo es una situación que golpea directamente a miles de trabajadores, estudiantes, adultos mayores, familias y personas con movilidad reducida: actualmente las ocho escaleras mecánicas del puente se encuentran fuera de funcionamiento, según denunciaron los convocantes. Para atravesar a pie el Riachuelo, los usuarios deben subir el equivalente a cinco pisos y luego realizar el mismo recorrido para descender.
“De las ocho escaleras no funciona ninguna en estos momentos. Eso no había pasado nunca”, señalaron desde la organización de la protesta, que estimó que alrededor de 5.000 personas utilizan diariamente el paso peatonal para trasladarse entre Provincia y Capital.
El número coincide con antecedentes institucionales. Un proyecto presentado en la Legislatura porteña ya advertía en 2025 que por el Nicolás Avellaneda circulaban en ambos sentidos más de cinco mil personas por día y describía serios problemas de accesibilidad, mantenimiento, iluminación y funcionamiento de escaleras y ascensores. En los últimos días, la situación volvió a tomar estado público: informes periodísticos dieron cuenta de que miles de usuarios están obligados a realizar el extenso recorrido por escalera o recurrir a embarcaciones pagas para atravesar el Riachuelo.
La falta de mantenimiento resulta todavía más significativa porque las ocho escaleras mecánicas forman parte de la infraestructura cuya conservación estuvo históricamente bajo la órbita de Vialidad Nacional. De hecho, existen antecedentes oficiales de licitaciones del organismo específicamente destinadas a la reparación, sustitución, puesta en valor y mantenimiento integral de esas ocho escaleras.
Para quienes cruzan todos los días, el deterioro transforma una infraestructura pública esencial en una verdadera barrera. Una persona mayor, alguien que se moviliza con niños pequeños o un vecino con dificultades motrices debe enfrentarse a cinco pisos de escaleras simplemente para pasar de un lado al otro del Riachuelo.
El abandono del puente se convirtió así, para los trabajadores, en una expresión concreta de una política mucho más amplia. El deterioro de Vialidad Nacional se profundizó desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, en medio del freno de la obra pública, el ajuste sobre los organismos estatales y el intento del Ejecutivo de directamente eliminar la repartición encargada de conservar buena parte de la infraestructura vial del país.
En julio de 2025, el Gobierno dictó el Decreto 461/2025, cuyo artículo primero dispuso expresamente la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, junto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial.
La medida finalmente no logró sobrevivir al Congreso. Diputados rechazó el decreto el 6 de agosto de 2025 y el Senado hizo lo propio el 21 de agosto de ese año, exactamente un año antes de la movilización que se realizará este viernes. Al ser rechazado por ambas cámaras, el Decreto 461 quedó abrogado de acuerdo con la Ley 26.122.
Por eso, los gremios consideran que la fecha tiene un fuerte contenido simbólico. “Evidentemente no alcanzó con frenar el decreto, porque el vaciamiento y el desguace de Vialidad continúa. Como ganamos aquella pelea, seguiremos con las jornadas de lucha en la calle”, afirmaron desde la organización.
Las denuncias sindicales apuntan, precisamente, a que el intento de disolución fue frenado institucionalmente pero la pérdida de recursos y capacidad operativa continuó. En un informe publicado en abril de 2026, FEPEVINA sostuvo que Vialidad había sufrido una reducción presupuestaria real superior al 80 por ciento entre 2022 y 2026 y alrededor de 1.200 desvinculaciones desde marzo de 2024, incluyendo personal técnico, ingenieros, laboratoristas, topógrafos, mecánicos y maquinistas. Son cifras elaboradas por la propia federación gremial, que las utiliza para fundamentar su denuncia de “vaciamiento” del organismo.
El caso del Nicolás Avellaneda muestra el costado menos abstracto del ajuste estatal. La discusión ya no pasa solamente por balances, partidas presupuestarias o estructuras administrativas: significa que miles de personas deben subir cinco pisos por escalera para ir a trabajar, estudiar, atenderse en un hospital o regresar a sus casas.
Mientras el Gobierno de Milei sostiene como uno de los ejes de su administración la reducción del gasto público y el repliegue del Estado de la infraestructura, en Isla Maciel el costo de esa política se mide todos los días en las piernas de quienes tienen que atravesar el puente.
Este viernes, una olla popular para 200 personas buscará convertir esa realidad cotidiana en un reclamo público. Los trabajadores aseguran que no se trata solamente de reparar ocho escaleras mecánicas: detrás del conflicto está la discusión sobre quién debe garantizar que rutas, puentes y accesos permanezcan en condiciones de ser utilizados por la población.
A un año de haber sido frenada en el Congreso la disolución de Vialidad Nacional, la protesta del Puente Nicolás Avellaneda volverá a poner esa discusión en la calle: el organismo continúa existiendo, pero sus trabajadores advierten que salvar su nombre no alcanza si al mismo tiempo se desfinancian las tareas que justifican su existencia.