(Pablo Roma) – No existe educación pública de calidad con docentes pobres. No existe escuela que pueda sostenerse únicamente con discursos sobre el mérito mientras quienes sostienen todos los días las aulas ven deteriorarse sus salarios, pierden derechos y deben enfrentar un permanente cuestionamiento a su tarea.
El paro nacional convocado para este lunes no nació por capricho ni por una decisión política aislada. Es la consecuencia de meses sin respuestas frente al reclamo de una paritaria nacional, de la pérdida del poder adquisitivo, del desfinanciamiento de programas educativos y del abandono de herramientas que durante años complementaron los ingresos docentes.
Frente a esa realidad, el Gobierno nacional eligió otro camino: poner el foco en limitar el derecho constitucional de huelga. La declaración de la educación como actividad esencial aparece presentada como una defensa del derecho de los alumnos a tener clases. Sin embargo, detrás de ese argumento se esconde una pregunta inevitable: ¿quién defiende el derecho de los docentes a cobrar un salario digno?
El Ejecutivo sostiene que durante la protesta debe garantizarse un alto porcentaje de funcionamiento de las escuelas y anunció controles para verificar el cumplimiento de la norma. Los gremios, por su parte, sostienen que la verdadera solución no pasa por restringir las medidas de fuerza sino por abrir una negociación seria que permita recomponer salarios y fortalecer la educación pública.
Cada vez que un gobierno intenta presentar a los trabajadores como responsables de una crisis que ellos no generaron, el conflicto deja de ser solamente salarial. Se convierte en una disputa por derechos. El derecho a la protesta no nació para tiempos de tranquilidad; existe precisamente para cuando el diálogo se rompe y el poder deja de escuchar.
Resulta llamativo que quienes hablan de libertad pretendan ahora decidir cuándo un trabajador puede ejercer su derecho a reclamar. La libertad no puede ser un valor reservado únicamente para los mercados. También debe proteger a quienes viven de su trabajo.
Los docentes argentinos cumplen una tarea que excede largamente el dictado de contenidos. Contienen, alimentan, escuchan, acompañan y muchas veces sostienen a chicos que llegan a la escuela con problemas económicos y sociales que el Estado no logra resolver. Pretender que esa responsabilidad recaiga sobre trabajadores cada vez más empobrecidos es una contradicción que ningún decreto puede ocultar.
Defender a los docentes no significa estar en contra de los estudiantes. Por el contrario: significa comprender que una escuela fuerte necesita maestros respetados, salarios dignos y políticas públicas que prioricen la educación antes que el ajuste.
Las aulas no se fortalecen prohibiendo los paros. Se fortalecen escuchando a quienes todos los días abren la puerta de una escuela y hacen posible el derecho a aprender. Cuando el Estado decide responder a un reclamo con amenazas de sanciones en lugar de convocar al diálogo, el problema deja de ser el paro. El problema pasa a ser la incapacidad de construir consensos.
Porque sin docentes con derechos tampoco habrá educación con futuro. Y un país que convierte a sus maestros en el blanco del ajuste termina hipotecando el porvenir de toda una generación.