El Decreto 612/2026 modificó la reglamentación de la reforma laboral al redefinir la base de cálculo de las contribuciones convencionales y excluir esos aportes del límite previsto para el financiamiento sindical. La decisión reavivó las críticas de sectores políticos y sindicales, que mantienen diferencias con el rumbo de la política laboral del oficialismo.
El Gobierno nacional volvió a introducir cambios en la reglamentación de la reforma laboral con la publicación del Decreto 612/2026. La norma establece que las contribuciones patronales previstas en los convenios colectivos deberán calcularse sobre el salario básico convencional y las sumas remunerativas normales y habituales, dejando fuera horas extras, aguinaldo, bonos, premios y otros conceptos no permanentes. Además, aclara que esos aportes se regirán por la Ley de Asociaciones Sindicales y deberán destinarse exclusivamente a fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales.
La modificación representa un giro respecto de la reglamentación publicada en mayo. Con el nuevo decreto, el Gobierno dejó sin efecto uno de los aspectos que había generado mayor rechazo entre las organizaciones gremiales al excluir las contribuciones patronales del límite previsto para los aportes convencionales y redefinir la base sobre la que deberán calcularse esos recursos.
Desde el sindicalismo interpretaron la decisión como una respuesta a los planteos que la CGT venía realizando desde la reglamentación original. La central obrera sostenía que el esquema anterior comprometía una de las principales fuentes de financiamiento de los gremios y reclamaba su revisión. El nuevo texto mantiene la reforma laboral, pero modifica uno de sus puntos más sensibles.
En paralelo, la oposición en el Congreso continúa impulsando iniciativas para revisar distintos capítulos de la reforma laboral. Entre los proyectos presentados en la Cámara de Diputados figuran propuestas para preservar la ultraactividad de los convenios colectivos, modificar el régimen de contribuciones solidarias y revisar aspectos vinculados con la negociación colectiva y las asociaciones sindicales.
El decreto también incorpora mayores exigencias sobre la administración de los fondos provenientes de las contribuciones patronales. A partir de ahora, los sindicatos deberán llevar una administración diferenciada de esos recursos y acreditar que se destinan exclusivamente a prestaciones sociales, asistenciales, previsionales o culturales en beneficio de los trabajadores representados.
La publicación de la norma volvió a poner de manifiesto las tensiones que atraviesan la implementación de la reforma laboral. Mientras el Gobierno sostiene que las modificaciones buscan otorgar mayor precisión jurídica y transparencia en el manejo de los aportes, desde distintos sectores sindicales insisten en que el financiamiento de las organizaciones gremiales no puede quedar sujeto a interpretaciones reglamentarias y deberá seguir siendo materia de discusión en el ámbito judicial y legislativo.