(Por Tomás Casanova) – Con la participación de dirigentes de la CGT y las CTA, la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT se desarrolla en un escenario marcado por la disputa entre los modelos que impulsan la desregulación laboral y aquellos que sostienen la protección del empleo, la negociación colectiva y la libertad sindical. Los representantes argentinos buscan internacionalizar las denuncias contra las políticas que consideran regresivas para los trabajadores, en momentos en que gobiernos de orientación neoliberal y libertaria avanzan con reformas que, según las organizaciones gremiales, amenazan conquistas obtenidas tras décadas de lucha obrera. Desde Ginebra, el sindicalismo advierte que la precarización no puede convertirse en el precio de la modernización económica y reivindica el papel de la OIT como uno de los últimos ámbitos globales donde todavía prevalece la justicia social como principio rector del desarrollo.
Mientras en distintos países crecen las presiones para reformular derechos laborales conquistados durante décadas de lucha obrera, la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que comenzó este 1 de junio en Ginebra, se convirtió en un escenario central para la disputa global entre dos modelos antagónicos: el que promueve la desregulación del mercado laboral bajo las premisas del neoliberalismo y las corrientes libertarias, y el que sostiene que el trabajo debe seguir siendo un derecho humano protegido por el Estado y los organismos internacionales.
En ese contexto, la presencia de las organizaciones sindicales argentinas adquiere una relevancia especial. La Confederación General del Trabajo (CGT), junto con las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA), desembarcó en Suiza con una amplia delegación de dirigentes dispuestos a denunciar ante la comunidad internacional lo que consideran un retroceso histórico en materia de derechos laborales, negociación colectiva y libertad sindical.
La Conferencia Internacional del Trabajo, conocida como el “Parlamento Mundial del Trabajo”, reúne cada año a representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores de los 187 Estados miembros de la OIT para debatir normas internacionales, condiciones laborales y políticas de protección social. Este año las deliberaciones se desarrollarán hasta el 12 de junio en medio de fuertes discusiones sobre el impacto de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y las transformaciones del empleo a nivel global.
Pero para la representación sindical argentina existe una preocupación inmediata: el avance de reformas laborales que, según denuncian, debilitan la capacidad de organización de los trabajadores, reducen garantías históricas y promueven formas de contratación más precarias.
La figura más visible de la delegación nacional es el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT y titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, quien fue elegido vicepresidente de la Conferencia en representación del sector trabajador, un reconocimiento político de enorme peso dentro de la estructura de la OIT. Desde Ginebra, Martínez advirtió que Argentina volverá a quedar bajo observación internacional por las denuncias vinculadas a la vulneración de derechos laborales y sindicales.
La delegación sindical argentina llega respaldada por una larga tradición de participación en los organismos internacionales del trabajo. La CGT, históricamente la principal central obrera del país, mantiene una activa inserción en la Confederación Sindical Internacional y en las organizaciones regionales de trabajadores, desde donde viene impulsando acciones coordinadas contra los procesos de flexibilización que avanzan en distintas naciones.
Las denuncias presentadas ante la OIT apuntan especialmente a la afectación de derechos vinculados con la negociación colectiva, el ejercicio de la actividad sindical y el derecho de huelga. Diversos gremios argentinos sostienen que las reformas impulsadas durante los últimos años alteraron el equilibrio histórico entre capital y trabajo, favoreciendo una transferencia de poder hacia los sectores empresarios y debilitando las herramientas de defensa colectiva de los trabajadores.
Los dirigentes sindicales remarcan que no se trata únicamente de una discusión argentina. En numerosos países se observa una tendencia similar: reducción de regulaciones laborales, expansión de modalidades de contratación precarias, debilitamiento de los convenios colectivos y cuestionamientos a la representación gremial. Frente a ese escenario, la OIT aparece como uno de los pocos ámbitos multilaterales donde aún prevalece el principio de diálogo social tripartito que históricamente permitió equilibrar intereses y evitar mayores niveles de desigualdad.
La defensa de la libertad sindical ocupa un lugar central en las exposiciones de los representantes de los trabajadores. Ese principio constituye uno de los pilares fundacionales de la OIT y está protegido por convenios internacionales que reconocen el derecho de los trabajadores a organizarse, elegir libremente sus representantes y negociar colectivamente sus condiciones de empleo.
Durante los encuentros preparatorios realizados en las semanas previas, referentes sindicales latinoamericanos advirtieron que el cuestionamiento a la justicia social y a los mecanismos de protección laboral representa una amenaza para la estabilidad democrática de la región. En ese sentido, las organizaciones argentinas buscarán construir alianzas con centrales obreras de América Latina, Europa y otros continentes para fortalecer una posición común frente a las reformas consideradas regresivas.
La discusión trasciende los aspectos técnicos de la legislación laboral. Lo que está en juego, sostienen los representantes sindicales, es el modelo de sociedad que emergerá de la actual crisis global. Mientras algunos gobiernos promueven una mayor flexibilización bajo el argumento de mejorar la competitividad y atraer inversiones, los trabajadores plantean que el desarrollo económico sólo puede ser sostenible cuando se apoya en empleo registrado, salarios dignos, protección social y negociación colectiva efectiva.
La historia misma de la OIT parece respaldar esa mirada. Desde su creación, el organismo sostuvo que la paz universal y duradera sólo puede construirse sobre la base de la justicia social. Esa definición, que nació después de las devastadoras consecuencias de la Primera Guerra Mundial, conserva plena vigencia en un mundo atravesado por nuevas desigualdades, transformaciones tecnológicas aceleradas y crecientes tensiones sociales.
Por eso, para los dirigentes argentinos presentes en Ginebra, la Conferencia Internacional del Trabajo no es simplemente una reunión protocolar. Es un espacio de resistencia política e institucional frente a los intentos de desmantelar conquistas obtenidas durante más de un siglo de organización obrera.
En tiempos donde resurgen discursos que presentan a los derechos laborales como obstáculos para el crecimiento económico, la voz de los sindicatos vuelve a plantear una pregunta fundamental: si el progreso no garantiza dignidad para quienes producen la riqueza, ¿a quién beneficia realmente el desarrollo?
Desde las salas de debate de la OIT, la respuesta que intentan construir los representantes de los trabajadores es contundente: no puede haber modernización auténtica si el costo es la pérdida de derechos, ni libertad económica verdadera cuando se construye sobre la precarización del trabajo humano. La defensa del empleo digno, sostienen, sigue siendo una condición indispensable para cualquier democracia que aspire a ser socialmente justa.