Con denuncias judiciales por presuntos documentos falsificados, acusaciones de direccionamiento del pliego y advertencias de la Fiscalía sobre “serias irregularidades”, la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay se convirtió en uno de los mayores focos de tensión política del gobierno de Javier Milei. Mientras avanza la privatización por 25 años de la principal vía de salida de las exportaciones argentinas, crecen las sospechas sobre negocios concentrados, empresarios favorecidos y una posible cesión de soberanía sobre los ríos del país.
La disputa por el control de la Hidrovía Paraná-Paraguay ya dejó de ser una discusión técnica para transformarse en un escándalo político y judicial de enorme magnitud. La principal vía navegable del país, por donde circula cerca del 80 por ciento de las exportaciones agroindustriales argentinas, quedó envuelta en una tormenta de denuncias que apuntan directamente al corazón del modelo de privatizaciones impulsado por el presidente Javier Milei.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas advirtió en las últimas horas sobre “serias y evidentes irregularidades” en el proceso licitatorio llevado adelante por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. El dictamen oficial sostuvo que existen elementos suficientes para considerar que la adjudicación podría derivar en reproches administrativos e incluso penales.
Entre los cuestionamientos más graves aparecen presuntas maniobras de direccionamiento del pliego, restricciones a la participación de empresas, limitaciones para impugnar el proceso y una alarmante falta de estudios ambientales integrales sobre el impacto que tendría la profundización del dragado del Paraná. La Fiscalía también cuestionó que se hayan entregado más de 9 mil páginas de documentación técnica en plazos prácticamente imposibles de analizar, reduciendo al mínimo la participación ciudadana y el control público.
Pero detrás de las discusiones administrativas emerge una sospecha todavía más explosiva: la posibilidad de que grupos empresarios cercanos al poder libertario estén preparando un gigantesco reparto de negocios alrededor de la Hidrovía. Diversas investigaciones periodísticas sostienen que el Grupo Neuss habría quedado posicionado como uno de los principales beneficiarios indirectos de la concesión, asociado a la firma belga Jan De Nul y otros operadores logísticos.
Las denuncias sostienen que existirían acuerdos reservados para repartir áreas estratégicas del negocio, incluyendo dragado, balizamiento y operaciones portuarias. Incluso comenzaron a aparecer nombres vinculados al círculo de influencia de la Casa Rosada y del asesor presidencial Santiago Caputo, mencionado en publicaciones periodísticas por supuestos vínculos con empresarios favorecidos por las privatizaciones.
En el Congreso, diputados opositores pidieron frenar de inmediato la licitación. El planteo encabezado por Jorge Taiana denunció la utilización de presuntos documentos apócrifos atribuidos a organismos de Naciones Unidas para legitimar el proceso. Según las presentaciones judiciales, los supuestos informes técnicos carecerían de validación oficial, firmas digitales auténticas y formatos institucionales reconocidos.
La controversia no termina allí. También crece la preocupación por la pérdida de control estatal sobre una infraestructura considerada estratégica para la soberanía nacional. Sectores técnicos, especialistas portuarios y referentes vinculados al Canal Magdalena advirtieron que el esquema impulsado por el Gobierno podría consolidar un modelo orientado a favorecer intereses privados y puertos extranjeros, debilitando la capacidad argentina sobre el comercio fluvial y marítimo.
Mientras tanto, el Gobierno insiste en avanzar con la privatización y sostiene que el proceso cuenta con “apoyo multisectorial”. Sin embargo, el expediente judicial sigue sumando denuncias, observaciones y sospechas alrededor de una concesión multimillonaria que comprometerá durante un cuarto de siglo el manejo de los ríos por donde sale la riqueza del país.
La Hidrovía ya no aparece solamente como una licitación. Para amplios sectores políticos y sociales, se transformó en el símbolo de una administración acusada de entregar recursos estratégicos, concentrar negocios en pocos grupos y avanzar sobre áreas sensibles del patrimonio nacional bajo un manto de opacidad y cuestionamientos judiciales.