ORGANIZACIONES VIALES, FAMILIARES DE VÍCTIMAS Y TRABAJADORES DEL ESTADO RECLAMARON MEDIDAS URGENTES ANTE LA CRISIS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL NACIONAL

En el marco de la profunda crisis que atraviesa la infraestructura vial nacional, este jueves 7 de mayo, a las 12 horas, se realizó una conferencia de prensa en la sede del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA), con la participación de referentes sindicales, organismos viales, organizaciones de usuarios, familiares de víctimas de siniestros viales y espacios de autoconvocados de distintas provincias.

La convocatoria tuvo como eje central denunciar el estado crítico de las rutas nacionales, el fracaso del sistema de concesiones por peaje y el vaciamiento de organismos estratégicos del Estado, entre ellos la Dirección Nacional de Vialidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

La conferencia fue convocada de manera transversal por espacios de representación de trabajadoras y trabajadores de Vialidad Nacional, entre los que se destacaron SEVINA, como organización anfitriona y la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), a su vez participaron organizaciones de usuarios viales, familiares de víctimas y espacios autoconvocados de todo el país.

Durante la actividad se advirtió sobre el grave deterioro de la Red Vial Nacional, producto de la paralización de la obra pública y del abandono de las tareas básicas de mantenimiento por parte del Gobierno nacional. Según se señaló, casi el 75% de las rutas nacionales se encuentran en estado regular o malo, situación que impacta de manera directa en la seguridad de millones de personas que transitan diariamente por los caminos del país.

Del encuentro participaron Martín Aveiro, Diputado Nacional y Presidente de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados de la Nación; Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional y referente del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU); José Raúl Rizzo, de la Asociación de Profesionales de Vialidad Nacional; Roberto Lasca, referente del Comité Nacional de Usuarios Viales (CONADUV); Silvia González, presidenta de la Fundación Estrellas Amarillas; Julio Aralde y Fabián Cattanzaro, secretarios general y adjunto de FEPEVINA; y Emiliana Mc Namara, secretaria general de SEVINA, junto con otros representantes sociales, sindicales y comunitarios.

Entre otras iniciativas durante la jornada se planteó la necesidad de conformar un gran espacio multisectorial en defensa de la vida, la seguridad vial y el interés público, integrado por familiares de víctimas de siniestros viales, usuarios, trabajadores de organismos nacionales y grupos de autoconvocados de distintas regiones del país.

Los participantes denunciaron que el deterioro de las rutas nacionales no puede ser separado del proceso de desmantelamiento y vaciamiento que atraviesan organismos estratégicos del Estado, como Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la CNRT, instituciones fundamentales para el desarrollo de infraestructura, garantizar controles, prevención, mantenimiento y planificación vial.

Asimismo, se cuestionó el avance de un esquema de concesiones por peaje que, lejos de resolver los problemas estructurales de la red vial, profundiza las desigualdades territoriales, encarece el tránsito de usuarios y transportistas, y consolida un modelo de negocios que no prioriza la seguridad ni el desarrollo federal.

La conferencia se encontró marcada por una sorprendente adhesión de numerosos espacios de autoconvocados de distintas rutas nacionales, que vienen denunciando el abandono de rutas nacionales, el incremento de los siniestros viales y la falta de respuestas por parte del Estado Nacional.

“Esta crisis no admite más dilaciones. Las rutas en mal estado matan, aíslan comunidades, encarecen la producción y ponen en riesgo todos los días la vida de millones de argentinos y argentinas”, señalaron de modo unívoco las organizaciones convocantes.

Finalmente, se destacó la necesidad de reactivación inmediata de las obras paralizadas, el fortalecimiento de los organismos públicos vinculados a la seguridad vial y la apertura de una instancia de diálogo con participación de trabajadores, usuarios, familiares de víctimas y representantes legislativos.