El Gobierno comenzó el 2025 con una intensificación del ajuste en el Estado y medidas de desregulación económica, en línea con las promesas del presidente Javier Milei. El mandatario celebró el cierre de su primer año de gestión destacando un superávit fiscal alcanzado a partir de un recorte del gasto público equivalente al 15% del PBI.
El primer día hábil del año trajo más despidos en el sector estatal y la publicación de decretos que profundizan las políticas de desregulación. Entre ellas, se habilitó la exportación de material chatarra de metales pesados, prohibida desde 2009.
Trabajadores del gremio ATE denunciaron que empleados del Centro Cultural Haroldo Conti, ubicado en el predio de la ex ESMA, fueron notificados a través de mensajes de WhatsApp sobre el cierre de su lugar de trabajo. A partir del 2 de enero, quedaron en disponibilidad. Según la Asociación de Trabajadores del Estado, la decisión fue comunicada el 31 de diciembre por el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, bajo el argumento de una “reestructuración”.
El titular de ATE, Rodolfo Aguiar, criticó el nuevo reglamento de ingreso al empleo público, advirtiendo que “abre la puerta para contratar libertarios”.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, justificó la habilitación de exportación de chatarra metálica, eliminando una prohibición que, según él, “beneficiaba a grandes procesadores en detrimento de pequeños productores”. Sturzenegger argumentó que la medida fomenta el reciclaje y permite a sectores clave acceder al mercado internacional.
“Recibimos innumerables mensajes de empresas cuyos negocios estaban bloqueados por esta restricción”, explicó el ministro en declaraciones al Boletín Oficial.
El 31 de diciembre, Milei reunió a su gabinete en Olivos para anunciar que el 2025 estará marcado por la profundización del ajuste y la reducción de la intervención estatal en la economía.
Entre las medidas más polémicas se encuentran:
Decreto 1148/24: Establece que cualquier alta de personal en el Estado requerirá la verificación previa de tres bajas.
Decreto 1149/24: Impone un examen obligatorio de idoneidad como requisito para nuevas contrataciones a partir del 1 de marzo.
Además, se anunció que todas las contrataciones bajo régimen de monotributo no podrán extenderse más allá del 30 de junio de 2025, marcando un recorte drástico de los contratos temporarios.
El Gobierno afirma que estas medidas buscan “optimizar los recursos del Estado” y garantizar la transparencia en la incorporación de empleados. Sin embargo, sindicatos y organizaciones sociales advierten sobre el impacto social de estas políticas, que ya dejaron un saldo de 36.000 despidos en 2024 y prometen profundizar el ajuste en 2025.