Las denuncias y sospechas contra el secretario General del Sindicato Unico de Trabajadores de Remis y Autos al Instante de la Provincia de Buenos Aires (SURyA), Alejandro Poli se van sumando y lo estarían afectando en su participación en la Unión General de Asociación de Trabajadores del Transporte (UGATT) que lidera Omar Maturano, titular de La Fraternidad.
Poli lleva años en el sindicalismo. Comenzó militando en el peronismo, pero con la aparición de Mauricio Macri se alineó en Juntos por el Cambio. El fracaso de la gestión lo llevó a un nuevo salto político y expresó su respaldo a Alberto Fernández. Con la derrota de Unión por la Patria y Sergio Massa reflotó sus vínculos con el PRO y tendió puentes con los libertarios.
En el plano sindical fue participe de distintos sectores, pero ganó protagonismo gracias al padrinazgo de Gerónimo “Momo” Venegas, fallecido secretario General de los peones rurales (UATRE), quien le dio un lugar en las 62 Organizaciones Peronistas que entonces presidía, y lo llegó a sentar Mauricio Macri y su entonces ministro de Trabajo, Jorge Triaca. De esta etapa datan sus viajes a las reuniones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En esa época Poli buscó expandir su zona de influencia gremial, pero chocó con denuncias de otros sindicalistas. En una de esas acusaciones, el fallecido juez federal Claudio Bonadio detectó irregularidades en la expansión del SURyA, y procesó al entonces titular del gremio José Rómulo Garay (hombre de confianza de Poli) por la incorporación de unos 400 afiliados con DNI falsos y sin aval sobre un total de 585 afiliados registrados.
Fuentes judiciales relataron que “Bonadio llamó a declarar a los afiliados, cuando computó 379 declaraciones, solo uno reconoció haber firmado el padrón. El magistrado dispuso el procesamiento de Garay, quien además fue embargado hasta cubrir 500.000 pesos. Poli se desentendió del caso y acusó a Garay, indicando que “fue su gestión antes de que yo asuma la conducción del sindicato”.
La denuncia contra el SURyA fue llevada adelante por el secretario General de la Unión de Conductores de Autos al Instante y Remises (UCAIRRA), Raúl Alcides Albil, quien también tuvo una causa judicial por irregularidades en los padrones y en el proceso eleccionario del sindicato, aunque se le dictó la falta de mérito, que fue concedida el 17 de febrero de 2016 por los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun. En el entorno de Triaca temen que las acusaciones se amplíen y lo salpiquen.
La acusación de Albil viene de la mano de la acumulación de poder de Poli, ya que fue nombrado como “delegado normalizador” de la obra social de la UCAIRRA, en un hecho llamativo, dado que es interventor de la obra social que compite con el gremio que él conduce. Y justamente también está en la mira la Obra Social de Conductores de Remises, Autos al Instante y Afines (OSCRAIA) por el manejo de fondos liquidados por la Superintendencia de Servicios de Salud.
Paralelamente se suma que, con la base de su sindicato (con zona de acción prácticamente limitada al partido de Quilmes), Poli solicitó la creación de la Federación de Remiseros (FAREM), personería otorgada por Triaca como uno de sus últimos actos como jefe de la cartera laboral. Para dar nacimiento a la Federación se necesita la representación de gremios de diferentes localidades. En principio, adhirieron organizaciones de Córdoba y Santa Fe, que rápidamente se retiraron; en tanto que aparecieron dos remiseras de Mar del Plata (PASOCAR y REMICOOP), que en realidad son cooperativas.
Por esta cuestión se abrió una causa penal en el juzgado de Daniel Rafecas por falsificación de documento público. Sucede que Poli insiste en avanzar con la Federación, pero se le suman denuncias como la del dirigente platense Javier Scaramutti, quien era tesorero, retiró a su gremio e impugnó la última asamblea ordinaria. Voceros judiciales indicaron que Rafecas ya se hizo del expediente que tramitó Bonadio y citaría a indagatoria a Poli. El interrogante es si el juez avanza y decide quitarle la personería gremial del sindicato al corroborar la irregularidad de los afiliados y la falsificación de documento público.