(Fuente: Héctor Brondo – publicado en Diario Punilla) -En una sesión atravesada por la tensión política y el debate por la reforma laboral, la Cámara de Diputados convirtió en ley la derogación del Ley 12.908, norma que durante décadas reguló la actividad periodística en el país. La decisión, aprobada por mayoría ajustada y ratificada tras el visto bueno previo del Senado, generó fuertes cuestionamientos desde distintos sectores vinculados a la prensa.
En una columna publicada en el Diario Punilla, el periodista Héctor Brondo calificó la medida como “un dato que trasciende lo estrictamente laboral” y advirtió que su impacto se proyecta sobre el terreno de los derechos democráticos. Según el autor, la eliminación del Estatuto “no era la supresión de un privilegio corporativo, sino la quita de una garantía indirecta para la sociedad: la de contar con trabajadores de prensa con condiciones mínimas de estabilidad e independencia”.
La derogación fue defendida por el oficialismo bajo el argumento de la “modernización” y la equiparación del periodismo con otras actividades laborales. Sin embargo, Brondo cuestionó esa lógica al sostener que “la información no es una mercancía más”, y que el ejercicio del periodismo cumple una función pública esencial en la vida democrática.
El artículo remarca que la precarización de las condiciones laborales no solo afecta a los trabajadores de prensa, sino que repercute en la calidad del debate público, en la pluralidad de voces y en el derecho ciudadano a estar informado. En esa línea, advierte que debilitar el marco normativo específico puede erosionar la independencia profesional y condicionar la libertad de expresión.
Brondo también hizo foco en la intervención del diputado Luis Picat, a quien señaló como ejemplo de una defensa “deshilachada y carente de sustento conceptual” de la derogación. A su entender, la argumentación expuesta en el recinto evidenció “una preocupante liviandad frente a un tema de alta densidad institucional”.
“La política puede —y debe— debatir reformas”, sostuvo el periodista, pero alertó que cuando el razonamiento se empobrece y se reduce a consignas coyunturales, el riesgo es mayor: “se erosionan consensos básicos que costaron décadas construir”.
La discusión, lejos de cerrarse con la votación, abre un nuevo escenario para el sector. Para Brondo, el interrogante de fondo es qué lugar le asigna el poder político al periodismo en el entramado democrático. Una pregunta que, más allá del marco legal, interpela el futuro del derecho a la información en la Argentina.